Redacción/Agencias

Izkia Siches, Diego Pardow y Willy Kracht, todos miembros del equipo del Presidente electo Gabriel Boric, se reunieron ayer en el ministerio de Minería con el biministro Juan Carlos Jobet, en una cita que fue pactada para que la futura administración expresara los reparos que tiene hacia el actual proceso de licitación del litio en el país.

La polémica surgió cuando desde el equipo de Boric pidieron públicamente que se detuviera la licitación para que sea resuelta por el futuro Gobierno a contar de marzo.

La Moneda defiende que los tiempos del proceso permitirán a nuevos actores entrar a la industria del litio, mejorando la competitividad de Chile.

"Tuvimos una muy buena reunión con el equipo del Presidente electo. Primero les expusimos los méritos del proceso, cuál es la lógica por la que lo estamos llevando adelante, aclaramos dudas que ellos tenían respecto del proceso y luego ellos nos hicieron ver algunas aprensiones o preocupaciones que tienen en particular, pero también de cómo como país somos capaces de generar una visión común y de Estado respecto de cómo desarrollar el litio", explicó el ministro Jobet.

"En Chile necesitamos ponernos de acuerdo con una visión de largo plazo respecto de cómo aprovechamos el potencial que tiene el litio como país. En lo que quedamos como Gobierno es evaluar cuáles son las aprensiones que el gobierno entrante tiene respecto de este proceso y ver cómo podemos generar una instancia en que logremos un acuerdo amplio que ojalá nos permita acelerar el desarrollo de esta industria", añadió.

Sobre si es factible detener la licitación, Jobet prefirió no adelantarse, pero sí aseguró que evaluarán con rapidez los reparos que tiene el equipo de Boric. "Las aprensiones que ellos nos han manifestado en general son legítimas", aseguró.

Izkia Siches dijo que "hemos planteado todos nuestros reparos, el ministro quedó en poder analizar nuestras propuestas. Una de ellas consiste en poder conformar desde ya una mesa de trabajo que analice el proceso en curso y que también permita delinear una política transversal en torno a una mesa nacional del litio, pero también visualizar los reparos y mejoras que nuestros equipos técnicos han planteado en torno al proceso en curso".

El proyecto de ley que busca financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU) fue discutido en particular ayer en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. En ella, la revisión del articulado generó fuertes tensiones luego de las indicaciones que presentaron legisladores de Nuevo Pacto Social y Apruebo Dignidad sin que hubiera un diálogo previo sobre ellas con el Gobierno.

Una de las indicaciones aprobadas crea un impuesto anual al patrimonio de personas naturales que superen los cinco millones de dólares en patrimonio, moción que no es nueva en el Congreso y que es conocida como el "impuesto a los súper ricos", un proyecto de ley presentado por el Partido Comunista y el Frente Amplio.

La indicación fue presentada ayer por Boris Barrera (PC), Marcelo Díaz (Movimiento Unir), Marcelo Schilling (PS), Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Cosme Mellado (PR), y fue declarada admisible por el presidente de la comisión, Pablo Lorenzini (exDC), a pesar del rechazo rotundo del oficialismo.

Una vez aprobada la indicación, el ministro Juan José Ossa, hizo reserva constitucionalidad y advirtió que, de avanzar esta idea, terminará en el Tribunal Constitucional.

Ossa argumentó que justamente este tipo de indicaciones son justifican la "buena idea de separar ambos proyectos, porque estamos viendo una forma de trancar el aumento de pensión para los jubilados".

"Vamos a ir al Tribunal Constitucional y lo que pasará es que se va a empezar a pagar la PGU y esperamos que no se retrase por este requerimiento en el TC".

También hizo reserva de constitucionalidad el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, sobre otra indicación que busca adelantar la vigencia del impuesto a los bienes de capital de seis a tres meses.

En el oficialismo se indicó que se busca una reforma tributaria a través de este proyecto de financiamiento de la PGU y el propio Cerda explicó los efectos de una tercera indicación que pretende gravar las ganancias de capital en instrumentos bursátiles con 15% y no con 10%, como propuso el Ejecutivo.

"Nosotros con 10% creemos que es suficiente, sobre todo porque es un impuesto que no existe y yo creo que hay que ir calibrando los impactos. Este impuesto recauda, de acuerdo al informe financiero, en régimen cerca de $86 mil millones, es prácticamente del 10% de lo que está recaudando en total el proyecto de exenciones. Por lo tanto, subirlo a 15%, que puede ser un impacto muy grande, no va a recaudar mucho más, va a recaudar con suerte $40 mil millones adicionales", planteó Cerda.

Con un positivo balance del 2021 cerró el sector de la construcción, según reportó ayer la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) a través de su informe Mach, que incluye análisis y proyecciones.

Según la entidad, el sector recuperó lo perdido en 2020, producto de la crisis provocada por el covid-19 y registró un crecimiento interanual de 12,8% en la inversión. No obstante, desde la industria vinculan estos resultados a la baja base de comparación y no hay mucho entusiasmo considerando el gris panorama que se proyecta para 2022.

El informe subrayó el complicado escenario para el mercado inmobiliario ante la alta inflación en Chile.

De esta manera, el gerente de estudios de la CChC, Javier Hurtado, dijo que "hubo un positivo ciclo de ventas inmobiliarias, que comenzó a revertirse a fines de 2021 por el aumento de la inflación y la TPM. Esto llevó a que se elevaran las tasas de interés de los créditos hipotecarios, respecto de los cuales también disminuyeron los plazos de otorgamiento y se endurecieron las condiciones para su aprobación".

A esta situación se le suma el permanente aumento de los precios de los materiales de construcción.

En cuanto a este año, la entidad gremial sostuvo que el mejor escenario sería que la inversión en construcción no se contrajera nuevamente, como sucedió en 2020, y proyectó que la inversión en el sector crecería a penas 0,1% en 2022

También aseguró que si el mejor escenario comentado no se cumple, "no descartamos una caída de la inversión de hasta 2% en comparación con 2021".

El informe proyectó una caída de un 17% respecto de la venta anual de viviendas tanto a nivel país, como en la capital, con ventas de unidades inmobiliarias que se acercarían este año a 52.737, comparadas con las 63.752 del año anterior.

El efecto base de comparación sería perjudicial este año, se adiciona "una importante caída de la inversión en infraestructura productiva privada, por el alto nivel de incertidumbre política y económica existente", sostuvo Hurtado.

Otros riesgos serían la evolución del déficit fiscal, el precio de los materiales de construcción y una inflación que podría provocar nuevas alzas de las tasas de interés, que afecta el acceso a crédito y las inversiones, entre otras.