En su descollante obra filosófica mediante el método genealógico Michel Foucault estudió críticamente ciertas instituciones a través de los diferentes dispositivos de control y disciplina con que han funcionado a lo largo de la historia moderna y entre estos analizó por un lado la cárcel en la señera obra Vigilar y Castigar y el poder psiquiátrico en La historia de la Locura. Tanto la cárcel como el psiquiátrico son dispositivos de adiestramiento y disciplina sobre los individuos etiquetados anormales que han escapado de la soberanía de las instituciones tradicionales y por lo tanto son organizaciones de poder más allá de los fines declarados.

Sin duda unos de los asuntos más complejos y controversiales que actualmente existe en el sistema de justicia penal es el tratamiento de los reclusos con problemas severos de salud mental en los recintos penitenciarios donde son recluidos provisionalmente a la espera de que sea decretada su inimputabilidad, que en su gran mayoría pasan largos periodos en centros carcelarios con problemas de habitabilidad y altos índices de hacinamiento esperando una atención en los escasos recintos psiquiátricos forenses.

Los privados del libertad con problemas de salud mental ya sea de forma provisional o condenados, no reciben la atención médica adecuada, están expuestos a ingentes niveles de violencia por parte del resto de los internos, son custodiados por personal no calificado y están expuestos a todo tipo de vulneraciones.

A su vez el sistema de salud no tiene los recursos para atender un grupo de personas que no es prioritaria en la atención de la salud pública en nuestro país, fundamentalmente porque se trata de personas en conflicto aparente con la ley y digo aparente porque se trata de personas que no tienen noción cabal de su conductas y que sus familias mayoritariamente expulsan de sus espacios de contención por no tener las herramientas para enfrentar las enfermedades mentales.

Aún más, nuestra legislación sobre medidas de seguridad e internación provisoria constituyen un normativa críptica y alambicada que deja al criterio judicial la interpretación que se perciba idónea que la mayoría de las veces adopta un enfoque peligrosista y de defensa social por lo cual se opta por el encarcelamiento de los sujetos en eventual inimputabilidad.

En definitiva, esta elección por la invisibilización del anormal en las instituciones totales de custodia y control que estudió con acuciosidad Foucault tiene por finalidad el mantenimiento de un orden social pero asimismo es un problema que debe asumir una sociedad democrática y enfrentarlo desde una perspectiva critica como se hizo en el proceso italiano con el cierre paulatino de los hospitales psiquiátricos judiciales.

Como sociedad debemos tomar una decisión radical para una situación terminal y que además debe ser coherente con los tratados internacionales para la protección de los derechos humanos, mediante cambios legislativos que abandonen los conceptos de incapacidad y peligrosidad, que siguen siendo pilares del sistema de justicia penal.

El periodista Rodrigo Sepúlveda se preguntaba anteayer en MEGA ¿quién mandaba en Chile? esto a propósito de los efectos de la violencia en el fútbol. "¿Qué es esto? Que los niños no puedan ir al colegio, a la universidad… ¿Quién manda acá, compadre?", fue lo que mencionó.

El cuestionamiento a esta altura ya es parte de un problema crónico. El superclásico del fútbol chileno fue suspendido a pesar de tener todos los vistos buenos en seguridad y fue una nueva evaluación la que terminó por aplazar un nuevo partido entre ambos equipos, dado que ya la supercopa no se pudo jugar hace unos meses.

Para mal de todos, la respuesta es una: en muchos sectores del país, el Estado no manda porque no ha podido llegar y ante esto, las autoridades prefieren evitar algún conflicto en vez de afrontarlo.

Bandas criminales o grupos subversivos se han transformado en los patrones de territorios y ya no es suficiente que el Estado tenga el monopolio de la fuerza. Y no solamente hablamos de sectores donde impera el "más fuerte", sino que donde viven vecinos que deben lidiar con disparos que son lanzados al aire cada fin de semana, por nombrar una acción "menos violenta".

Hay miles de jóvenes que no les interesa quién es el Presidente, que no le temen a estar en medio de una "avalancha" en un estadio -que es donde finalmente murieron dos jóvenes- y que prefieren creerle a los dueños de los territorios o los llamados "ejemplos a seguir".

El Estado no llegó y no va a llegar porque el sistema delictivo funciona bien para estos territorios y porque nunca la sociedad se pudo hacer cargo.

El problema parece más grave. No es excusa que se suspenda el superclásico por el delicado escenario que se vive en Santiago, porque ya antes, sin fallecidos de por medio, se suspendieron partidos.

De todas maneras, se entiende el concepto de "mejor evitar". Como el Estado no llegó, nadie sabe a ciencia cierta cómo operan las redes tras las barras bravas y, por ende, nadie va a querer pagar las consecuencias de más muertes o hechos violentos.

Hay miedo por cada partido que se juega, además no hay certeza de quiénes controlan los territorios o, si hay certeza, no han sido capturados por distintas razones. Todo mal.