La gestión educativa de las Instituciones de Educación Superior es un tema de alta importancia para el país y la Región. En esta línea, es evidente la necesidad que tenemos en Atacama de fortalecer la cobertura y la calidad en la provisión de carreras, especialmente aquellas de nivel técnico y profesional, considerando las necesidades y oportunidades del mercado laboral, nuestros indicadores educacionales y las expectativas de quienes desean estudiar.

Con este fin, el Estado de Chile ha establecido un sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, uno de cuyos componentes esenciales es la acreditación institucional. Para comprender su importancia es conveniente revisar el concepto que nos entrega la CNA, comisión nacional de acreditación: "Las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica autónomos deben someterse a acreditación institucional, proceso cuyo objeto es evaluar el cumplimiento de su proyecto corporativo y verificar la existencia de mecanismos eficaces de autorregulación y de aseguramiento de la calidad, así como propender al fortalecimiento de su capacidad de autorregulación y al mejoramiento continuo". En simple, el proceso de acreditación tiene como objetivo primordial asegurar y promover la calidad de las instituciones de educación superior y las carreras que éstas imparten.

En este marco, el Centro de Formación Técnica Santo Tomas se somete en este año 2024 a un nuevo proceso de acreditación institucional. Desde sus inicios hemos sido participes del sistema de aseguramiento de la calidad, certificando nuestro modelo educativo. Entre 2019 y 2024, hemos consolidado nuestra presencia nacional, el compromiso con la igualdad de oportunidades educativas y el liderazgo en la formación de técnicos de nivel superior, siendo el segundo CFT con mayor matrícula del sistema.

El que las Instituciones de Educación Superior con presencia en la Región den cuenta de su calidad y seriedad constituye un deber. Para Santo Tomás, es un imperativo de nuestro sistema interno de aseguramiento de la calidad y modelo de gestión institucional, lo que nos permite dar garantías a nuestros estudiantes y a la sociedad.

Uno de los flagelos terribles de nuestras sociedades es cuando provocamos daños a los menores de edad. Se estima que en todo el país miles de niños y niñas son explotados sexualmente, ya sea por integrantes de la misma familia, amigos o personas cercanas al grupo, o por quienes operan redes del tráfico y comercio sexual.

Con frecuencia en los medios de comunicación se dan a conocer los casos de adultos que son procesados por estos delitos, a la vez que se conocen también situaciones de jóvenes que denuncian que durante su niñez fueron abusados al interior de algunas instituciones de las que formaban parte.

El abuso de menores es una forma de maltrato que incluye un amplio espectro de acciones. Es un delito muy reprochable y en aumento, si se considera que significa robar la inocencia y marcar la vida de un menor. En estos casos, se corta su línea de desarrollo psicológico y ese daño se observa en su etapa adulta.

Los expertos califican como alarmante que siete de cada diez investigaciones sobre delitos relativos a explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes, terminen sin responsables -en un archivo provisorio-, en un contexto en que las denuncias por este delito suben.

Más de 300 millones de niños en el mundo son víctimas de explotación y abuso sexual en Internet al año, de los cuales 64.495 casos son en Chile según el primer informe global realizado por el instituto Childlight, de la Universidad de Edimburgo, Escocia. Según los investigadores, uno de cada ocho niños en el mundo ha sido víctima de la toma, intercambio y exposición no consentidos de imágenes sexuales y videos en los últimos doce meses.

La minería es una actividad fundamental para Chile y la región de Atacama. La industria minera genera miles de empleos a nivel nacional y aporta ingresos al Estado siendo, a su vez, un sector estratégico ya que permite la producción de minerales esenciales para la sociedad moderna y es una fuente de innovación e investigación.

Atacama ha sido históricamente una de las zonas más importantes para la minería en Chile. Sin embargo, en los últimos años, la industria ha enfrentado una serie de desafíos, como las turbulencias económicas a nivel mundial y nacional, las bajas leyes y los obstáculos que presenta la consabida "permisología".

En este escenario, la inversión de Minera Altair en La Farola es una noticia alentadora para el presente y futuro de la región. Este proyecto, que contempla una inversión de US$ 250 millones, permitirá la explotación de un yacimiento de cobre y oro, con una vida útil estimada de 17 años.

Construir este proyecto generaría importantes beneficios, entre ellos la creación de nuevos empleos (alrededor de 1.200 durante la construcción y 600 durante la fase de operación); dinamizar nuestra alicaída economía local, impulsando el desarrollo de los proveedores locales; inversión en infraestructura además de los beneficios tributarios que un proyecto de estas características deja al país y la región, entre otros compromisos.

Viabilizar este proyecto es positivo porque, como toda inversión minera en nuestro país, está sujeto a estrictos controles financieros, laborales, ambientales y de seguridad, lo que da garantías de la responsabilidad con la que las compañías, Altair en este caso, invierte, se relaciona y compromete con las comunidades y el territorio.

En la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama creemos que La Farola es una oportunidad que Atacama no puede dejar pasar. Es importante que las autoridades y la comunidad apoyen este tipo de inversiones que permiten el desarrollo económico y social, siempre entendiendo que esa inversión debe ser sostenible y con los más altos estándares ambientales y sociales. La minería responsable puede ser una herramienta poderosa para el progreso de Chile y las regiones, y el proyecto La Farola de Minera Altair es un buen ejemplo de ello.