Diversas opiniones de expertos sostienen que la agricultura y la minería serían dos sectores muy afectados por la nueva Constitución. Bajo ese prisma, se hace más necesario aún, seguir debatiendo con más intensidad y argumentos y, por sobre todo, escuchando a todos los actores, sin exclusión alguna.
Este debate debiera ser el foco de un análisis profundo de todos los sectores, independientemente de cuál sea el resultado el próximo 4 de septiembre, cuando la ciudanía defina la carta de navegación por la que se moverá el país, de manera calma o en medio de turbulencias. Sin embargo, confiamos en que esta elección entregue certezas y claridad para los destinos de Chile.
En esta línea, coincido plenamente con una entrevista al presidente de Asimet, Dante Arrigoni, en un matutino de tiraje nacional y donde menciona que "existe un conjunto de elementos que lleva a catalogar tales sectores como los más afectados", señalando que los temas de derecho de agua, naturaleza y otros son los más incidentes.
Asimet, se respalda en base a un estudio efectuado por Econsult, donde hacen referencia a los ítems que más influyen además de los derechos de la naturaleza, restauración de tierras, entre otros elementos, siendo, como ya mencionábamos, la inversión agrícola y la minería los más afectados y, por consecuencia, todos los proveedores que trabajan en función a estas áreas de negocio.
Como ejemplo de lo confuso que resulta el tema al derecho de propiedad, es que no quedan bien definidas las garantías de indemnización en caso de expropiación, sea al contado y al precio de mercado. Situación que deja en incertidumbre, poniendo frenos a la inversión y desarrollo y que además contraerá la exploración minera retrasando o bajando futuros proyectos mineros.
De igual forma, se verá golpeada la inversión forestal. Asimet sostiene sobre la restitución de tierras, que serán expropiadas grandes extensiones de terreno y serán entregadas a grupos de representación indígena, sin tener certeza si se pagará a precio de mercado o al contado, siendo, otra vez los más afectados el sector minero y forestal.
Dentro de lo que señala este estudio, se considera una caída del orden del 20% en inversión de cobre para el periodo 2022-2030 esto implicaría una baja anual de 711 mil toneladas de producción anual, lo que considera una disminución de US$ 1.200 millones fiscales anuales; con el impacto de destrucción de 110 mil potenciales empleos y con las consecuencias que tiene esto en la economía nacional.
Creo necesario que este tipo de alertas son de alto impacto, por esa razón esperamos que sean escuchadas y analizadas con una visión de resguardar la seguridad económica de nuestro país y región.
Juan José Ronsecco
presidente de la Corproa