Entre los grandes objetivos del proceso de descentralización y construcción de nueva gobernanza democrática está la participación ciudadana, sin ella no habrá perfeccionamiento de la democracia chilena, sumida en la pura representación, que sólo permite a la ciudadanía participar en las elecciones periódicas.

Debemos asentar el proceso participativo y construir canales permanentes de diálogo entre los ciudadanos de los territorios y las autoridades, debemos fortalecer la institucionalidad de la participación ciudadana, para hacerla incidente, en fin, debemos colaborar con los gobiernos regionales y comunales, mejorando la comunicación de la sociedad civil y la calidad de la gestión del desarrollo territorial.

Con estas finalidades la Fundación Chile Descentralizado y el Programa de Gobernanza, Políticas y Gestión Pública de la Universidad de Atacama, con la convocatoria de Chile COSOC, del Consejo Regional de la Sociedad Civil (CORESOC ATACAMA), el Gobierno Regional de Atacama, la Asociación Regional de Municipios ( ARMA) y la Cámara Chilena de la Construcción, filial Copiapó, estamos desarrollando talleres de participación ciudadana con dirigentes sociales de la Región y miembros de los Consejos de la Sociedad Civil de Atacama.

Los días viernes 12 de noviembre, en la Provincia de Huasco y miércoles 17 de noviembre, en las provincias de Copiapó y Chañaral, se llevaron a cabo los Talleres de Participación Ciudadana denominados "Creando Visiones Estratégicas Regionales Compartidas", en los participaron líderes sociales y de organizaciones públicas y privadas de toda la región, con un total de 60 dirigentes sociales de las comunas de la región

Los resultados de estos talleres serán sistematizados y compartidos con los asistentes y autoridades de los gobiernos locales de las provincias de Huasco, Copiapó y Chañaral y del Gobierno Regional, como aportes incidentes en los procesos de planificación y desarrollo territorial. Esto se hará en dos nuevos talleres, que se realizarán los días jueves 02 de diciembre y lunes 06 de diciembre, en los cuales se espera contar con la presencia de autoridades regionales y municipales para presentar las reflexiones y las demandas de la ciudadanía que habita los territorios.

Una elección con una alta afluencia de personas se tuvo ayer en Atacama y el país, en la que los candidatos José Antonio Kast del Frente Social Cristiano y Gabriel Boric de Apruebo Dignidad pasaron a segunda vuelta, mientras que en el caso de diputados por la región predominó el Nuevo Pacto Social, lo que se condice con el triunfo de Yasna Provoste en la zona.

Fue una jornada de dulce y agraz. De dulce porque la participación electoral estuvo por sobre las expectativas más pesimistas, pero de agraz por los conflictos sucedidos por el cierre de mesas en Copiapó y otras comunas, que terminaron con cientos de personas sin poder sufragar.

El país fue un ejemplo dado que no se registraron incidentes violentos, pero sí quedó en deuda dado que el poder cívico de las personas no quedó de manifiesto. Basta que una persona que no haya podido ser parte del proceso, para cuestionarnos si realmente podemos sentirnos orgullosos como lo hemos hecho en otros comicios.

Sin duda que la complejidad por encontrar los candidatos al Consejo Regional y, en menor medida, a diputados, como también el cierre de estos votos incidió en la demora. Pero también en las escuelas y recintos se pudieron encontrar contradicciones, como el hecho que el aforo máximo podía ser de 16 personas y adentro no podían entrar más de seis dado que las urnas eran dos. Junto a esto, la disposición del Servel era clara como el hecho de que aunque haya gente en la fila fuera de un recinto no se pueden cerrar las mesas y eso no se cumplió en varias partes. ¿Hay claridad respecto a los encargados?

Es hora de establecer mejores coordinaciones en la materia y para eso hay tiempo, dado que no se visualiza que para la segunda vuelta que se realizará el 19 de diciembre se tengan los mismos trastornos. Y es que tener dos opciones para votar es indicativo de que se tendrá un proceso más rápido, el cual podría ser mucho más convocante dado que quiénes se quedaron afuera podrían participar sin mayores problemas.

Hace 15 años conocí a una madre que quedó sola con sus dos hijas porque el padre decidió alejarse restándoles el apoyo económico y su presencia de manera completa. No hubo forma de obtener ayuda, lo que la impulsó a entrar al mundo del trabajo para criarlas y brindarles mejores posibilidades.

La labor del Tribunal de Familia fue inexistente, aunque hubo demanda y una deuda que se acrecentaba, reconocieron que no contaban con las herramientas. Para un hombre con trabajos informales no fue difícil evadir por años esa responsabilidad.

En Chile 8 de cada 10 deudores de pensiones de alimentos no paga su compromiso, la mayoría hombres, afectando directamente a cerca de 70 mil niños y adolescentes. Las razones que explican ese alto nivel de incumplimiento se desconocen, no existen estudios concluyentes.

Es extraño, pero en Chile una situación que tiene un impacto social de esta envergadura siempre fue tratado como un asunto entre privados, sabiendo que el costo de no contar con esa ayuda afecta a la sociedad en su conjunto.

El colapso que implicó a los Tribunales de Familia el primer retiro del 10%, de madres, especialmente, gestionando para obtener las pensiones impagas mostró una realidad muy cruenta, el no pago de pensiones era una olla a presión a la que no se le había otorgado la relevancia que tiene.

En la actualidad, ante la reciente promulgación de la ley que crea el registro nacional de deudores de pensiones de alimentos se despliega un extenso abanico de posibilidades para retener recursos en favor de los niños, niñas y adolescentes, mostrando que por la vía administrativa el Estado tiene herramientas para hacer cumplir esta obligación.

Ante este relevante avance, cabe preguntarse por qué debieron pasar tantos años para garantizar la cobertura de un derecho, consagrado en la Convención de los Derechos del Niño, que en países como Francia el Estado es capaz de garantizar, asumiéndolo como propio y buscando los mecanismos para recuperarlos.

Garantizar el bienestar de la niñez y la adolescencia nos permite asegurarles mejores posibilidades de desarrollo y calidad de vida, tal como debió garantizar plenamente el Estado hace 15 años a esas niñitas que conocí y que sólo su madre tuvo que sacar adelante. Ante esta deuda social, esperemos que hoy comience a cambiar la historia.