El martes pasado, nuestros Diputados y Senadores aprobaron casi por unanimidad la postergación del plebiscito constitucional para octubre del presente año y las elecciones de alcaldes, concejales, y gobernadores regionales para abril del próximo año.

Consideraron la necesidad de ocuparnos intensamente en la primera prioridad nacional, la pandemia que nos afecta, a nosotros y al mundo.

Además, la catástrofe quitaba protagonismo y no aseguraba una amplia participación, como lo requiere las decisiones democráticas que alcancemos sobre la Constitución. Con esa votación se cumplió el acuerdo en que participaron quince partidos políticos, una valiosa convergencia y una preocupación real por los problemas nacionales.

En ese escenario, aparece insólito que algunos sectores, al día siguiente de una decisión parlamentaria tan clara y rotunda, aparezcan promoviendo la postergación de la elección de gobernadores regionales para juntarla con la elección presidencial de 2021, intento detrás del cual no se divisa un interés general de la Nación.

La elección de gobernadores regionales constituye una manera concreta y necesaria para seguir profundizando en la democratización de nuestro sistema político y el mejoramiento de la gobernanza de nuestras regiones, con el fin de impulsar el desarrollo económico y social, terminando con las desigualdades de todo tipo, hacia un desarrollo real y territorialmente igualitario.

Alcanzar este propósito, esto es, acelerar el proceso de descentralización, es el espíritu de dos leyes orgánicas constitucionales ya dictadas en el año 2018, la ley de fortalecimiento de los gobiernos regionales, que incluye el proceso de transferencia de competencia, aparte de las que ya se han entregado a las regiones, y la ley de elección de gobernadores, que establece que estas autoridades se elegirán conjuntamente con consejeros regionales, concejales y alcaldes, estableciendo una clara distinción histórica, es decir, elecciones nacionales para presidente y parlamentarios en una oportunidad y elecciones regionales en otra.

De esta manera, se establecen dos procesos, uno que involucra a toda la Nación y otro que compete a un ámbito específico, la región y las comunas, donde elegimos considerando aspectos distintos, como la cercanía y, en muchos casos, el conocimiento personal de los candidatos.

Este espíritu fue ampliamente ratificado en la votación del Congreso el martes pasado, casi la unanimidad de sus integrantes fijó la elección de gobernadores regionales, alcaldes y concejales, para abril de 2021. ¿Cuál es la razón o el espíritu que anima a quienes quieren revisar esa decisión democrática? Me gustaría saberlo.

El asesinato de una mujer es la

culminación de una espiral de violencia

La ley 20.480, también conocida como la Ley del Femicidio, fue promulgada en nuestro país el 14 de diciembre del año 2010. La tipificación del Femicidio, viene a reconocer un delito que llevaba mucho tiempo en las sombras y que ha existido desde que los grupos sociales y sociedades en general, decidieron generar estructuras sociales desiguales, en las cuales el orden simbólico y social estableció que el hombre ocuparía una posición superior a la mujer, es decir, sociedades que aceptaron y permitieron durante siglos distintas formas de violencia y discriminación en contra de las mujeres.

La tipificación del Femicidio, no solo reconoce la gravedad de este delito, sino que pone de manifiesto algo que la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, lleva años señalando en sus distintos análisis sobre el homicidio a nivel mundial, "Alrededor de 87.000 mujeres en el mundo fueron víctimas de homicidio en 2017. De ese grupo, aproximadamente 50 mil - o el 58% - fueron muertas por sus compañeros o familiares, en comparación con menos de 6% de las víctimas masculinas" (2018), es decir, la mayor parte de los homicidios de mujeres son cometidos por parejas, ex parejas o familiares y, en este sentido, el aumento de su condena, por fin, les da a los autores de estos hechos un castigo mayor debido a la existencia de un vínculo, actual o no, con su víctima.

Desde el año 2009, a través de las Brigadas de Homicidios de nuestra Institución, hemos estado desarrollando campañas de capacitación y de cómo poder evitar este delito, dirigidas tanto para el personal institucional como para la comunidad en general, respecto a su tipificación, lo que no es casual considerando que llevamos a cabo más del 90% de todas las investigaciones por este ilícito en nuestro país.

Si bien, ha habido avances respecto a que la población ha entendido que la violencia contra la mujer es un fenómeno que como sociedad no podemos permitir, y grupo especialmente de mujeres han alzado sus voces pidiendo detener los asesinatos de más mujeres, las cifras nos muestran que los Femicidios se han mantenidos relativamente estables, lo que coincide con lo que ocurre en la mayoría de los países de orbe. Es decir, aún queda un arduo trabajo para poder bajar las cifras de este delito en nuestro país y éste empieza por informar a la comunidad que el asesinato de una mujer es la culminación de una espiral de violencia que en muchas ocasiones se inicia en el pololeo, con sutiles muestras de dominación y que va creciendo con el tiempo y que se refuerza y fortalece cada vez que somos testigos de hechos de violencia en contra de mujeres de nuestro círculo cercano (amigas, primas, hermanas, etc.) y no hacemos nada para evitarlos o para ayudarlas. Por lo anterior, el llamado de la Policía de Investigaciones es no ser un mero observador, sino tomar conciencia de la gravedad de este tipo de hecho, de que la violencia en contra de una mujer puede y, en muchas ocasiones así es, termina en su asesinato y es responsabilidad de todos poder evitarlo.