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Reglas de no uso de la fuerza
La discusión del proyecto de ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) va en camino a establecer unas Reglas de No Uso de la Fuerza (RNUF), por cuanto deja a los militares sin capacidades ofensivas, disuasivas o represivas, no constituyendo una amenaza real y reducidos a la calidad de meros observadores de quienes estén cometiendo o se apresten a cometer actos delincuenciales, vandálicos, subversivos o terroristas.
Ello porque solo autorizarían el uso de armas letales cuando "repelen o impiden una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero".
Tal restricción deja a los militares sin eficacia para proteger la infraestructura crítica u otras tareas de mantención del orden público; más aún si consideramos que ellos no se atreverán a actuar debido a que en el caso de ocurrir hechos que afecten a civiles no serán juzgados como tales -por tribunales militares especializados como ocurre en la mayoría de los países civilizados del mundo, debido a las reformas introducidas al Código de Justicia Militar en el año 2016, que excluyeron de la justicia militar todo delito en el que existiera una víctima civil, aunque el supuesto delito hubiese sido cometido por un militar en el cumplimiento de sus funciones- sino que por la justicia ordinaria; quedando las investigaciones a cargo de un fiscal del Ministerio Público que no conoce a los militares, que no sabe de su entrenamiento, reglas y armas, y que no les aplica las normas jurídicas establecidas en el Código de Justicia Militar que los favorecen, tales como los artículos 208, 410, 411 y 412 de dicho Código.
Adolfo Paúl Latorre, abogado, Magíster en ciencia política
Guaguas abandonadas en hospitales
Señor director:
Más de 400 guaguas han sido abandonadas en hospitales durante los últimos siete años en Chile. Esta dura realidad la conocemos de cerca quienes hemos trabajado en Neonatología: el abandono no es un acto individual ni aislado, sino el reflejo de un problema estructural. Factores como la pobreza, la falta de acceso a salud mental y el difícil camino de las mujeres migrantes o adolescentes en situación de vulnerabilidad hacen que, en demasiados casos, la maternidad sea una carga imposible de sostener.
Como matrona que trabajó en un hospital público y actual docente, he visto de primera mano cómo estos recién nacidos quedan en el limbo de un sistema sobrecargado. Si bien existen equipos de salud comprometidos a nivel clínico y duplas psicosociales, la falta de recursos y de una política clara de prevención y apoyo nos obliga a reaccionar cuando ya es demasiado tarde. Sabemos que hay programas de acompañamiento a madres gestantes en riesgo como el Chile Crece Contigo que ha sido clave en la protección a la infancia desde la gestación, pero no son suficientes.
El abandono no comienza en la cuna de un hospital, sino mucho antes. Es urgente que se fortalezcan las políticas públicas para prevenir estos casos, y además, se deben agilizar los procesos de adopción que aseguren el bienestar de cada bebé que nace en estas circunstancias. No podemos seguir normalizando este dolor.
Monserrat Planas, académica Escuela de Obstetricia y Neonatología UDP
Criminalización de las mujeres
Señor director:
En relación con la conmemoración de un nuevo mes de la mujer y el anunciado proyecto para ampliar la despenalización del aborto más allá de las tres causales, es fundamental reflexionar en torno a la criminalización.
La evidencia obtenida del trabajo investigativo en esta materia -tanto en el contexto chileno, como en la experiencia internacional-, permite observar que el uso del derecho penal no ha reducido la práctica del aborto. Asimismo, señala que en países con leyes restrictivas, los abortos son más frecuentes y peligrosos, mientras que en aquellos con regulaciones no punitivas se ha logrado promover la educación, garantizar el acceso a servicios de salud y proteger a las mujeres.
En la realidad nacional, es fundamental aclarar que la criminalización del aborto no es solo un asunto jurídico o de cifras, sino también social y vivencial. Si bien Gendarmería indica que actualmente hay siete personas condenadas por aborto y todas son hombres, la criminalización afecta a muchas más mujeres de lo que estos datos sugieren. El Informe sobre Criminalización del Aborto de Corporación Miles documenta 49 condenas extraídas de 523 expedientes judiciales entre 2012 y 2022, evidenciando no solo sanciones legales, sino también vulneraciones, estereotipos de género y el profundo impacto en quienes transitan estos procesos.
Es clave comprender que una simple denuncia puede implicar interrogatorios ante operadores de justicia, medidas cautelares, prohibición de salir del país o incluso prisión preventiva. La privación de libertad es entonces una más de las acciones punitivas de la actual regulación.
Sebastián Vergara, abogado Corporación Miles y Javiera Canales, directora ejecutiva de Corporación Miles
Miguel Crispi
Estimado director:
Miguel Crispi, ex asesor del Presidente de la República, ha evadido nuevamente las consecuencias de sus "errores políticos" al escapar del segundo piso de La Moneda, dejando sin respuesta la comisión del caso Monsalve. Pero lo verdaderamente alarmante no es su huida, sino la arrogancia manifiesta del Frente Amplio, que se cree por encima de la Constitución y las leyes.
Cabe recordar que el sociólogo ostenta un historial de roces con lo corrupto: desde su desempeño como subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere) hasta sus vínculos con Democracia Viva y Fundación Procultura, defendido legalmente por el notorio Luis Hermosilla, actualmente en prisión preventiva, sin olvidar la muy extraña reunión que sostuvo con Antonio Zou, representante de Huawei en Chile, asesorado por el mismo penalista. Estos antecedentes no han logrado detener el avance de una izquierda radical que, en tan pocos años de gobierno, ha destrozado nuestro país.
Es imperativo que la ciudadanía exija responsabilidades y se detenga este desborde de impunidad que amenaza la esencia misma de nuestra democracia.
Rodrigo Salinas Rojas