Considerando los acontecimientos de las últimas semanas, lo primero es mencionar la importancia de la justicia dentro de un Estado Democrático de Derecho; el rol de cada uno de los intervinientes, así como la necesaria ética, imparcialidad e independencia de éstos.

Desde esa visión, el rol del abogado es esencial para el funcionamiento del sistema de justicia, quien más allá de sus conocimientos jurídicos, debe contar con algo que es aún más crucial, la ética profesional.

La ética profesional del abogado es mucho más que un conjunto de normas y reglas impuestas por un colegio profesional; se trata de un compromiso constante con la justicia, la verdad y la equidad. Un abogado que actúa con ética, no solo beneficia a su cliente, sino que fortalece la confianza en el sistema de justicia y en la profesión misma.

La sociedad necesita abogados que no solo conozcan la ley, sino que también sean capaces de actuar con integridad, porque, al final, la verdadera justicia solo puede alcanzarse cuando el derecho se ejerce con honestidad, responsabilidad y, sobre todo, ética.

En relación con lo anterior, los colegios de abogados desempeñan un papel esencial en la regulación y desarrollo de la profesión y la promoción de la justicia, a través de las tareas que realizan: regulando y supervisando la profesión de abogado, aportando a la formación continua, preocupándose de los derechos y deberes de los abogados, resolviendo conflictos, promocionando la justicia y la ética profesional, apoyando a la comunidad jurídica y educando al público, así como manteniendo la independencia de la profesión a través de la defensa de su autonomía frente a presiones externas; como además, protegiendo la independencia de los propios colegios y sus actividades.

Con esta reflexión, resulta evidente que los retos de los colegios de abogados son relevantes en relación con poner en valor la ética en el ejercicio de la abogacía, para, de esa forma, mantener la confianza en el sistema judicial y en la profesión de abogado que, como un médico, debiera ejercer su lex artis con profesionalismo, ética, conocimiento del derecho y diligencia.

Un aumento de 22,4%, lo que representa 1.450 millones de dólares, mostró un análisis de la Corporación de Bienes Capital (CBC) para Atacama, de cara al quinquenio 2024-2028, lo que puede ser tomado como una buena noticia, pero siempre analizada con "paños fríos".

De acuerdo al reporte, proyectos de Enapac y la concesión de la nueva cárcel de Copiapó ingresaron al portafolio, mientras que la iniciativa más grande sigue siendo Santo Domingo con una inversión de 2.148 millones de dólares y que va en buen camino, según los propios directivos de Capstone Copper.

Los paños fríos se toman en un contexto en que no hay un escenario nítido de inversión. El Gobierno ha apuntado a subir los índices de crecimiento y de hecho el Presidente Gabriel Boric lo mencionó como uno de los focos durante la cuenta pública dada antenoche, pero muchas veces el papel aguanta todo y la realidad termina chocando con estos intereses.

A priori el alza en la cartera de inversión de Atacama entre 2024 y 2028 está siendo impulsada por un gran proyecto privado, como es Santo Domingo, y han aparecido proyectos públicos como la concesión de la nueva cárcel, la doble vía Caldera- Antofagasta y la renovación del aeropuerto Desierto de Atacama como parte importante del portafolio en cuanto a cifras.

Y es cierto se reconoce el impulso dado por el Ejecutivo a iniciativas ampliamente postergadas, pero estas siempre están en riesgo de ir retrasándose, lo que no aporta a acelerar la economía y el empleo.

Por otra parte, la permisología y contradicciones en la entrega de permisos ambientales sigue siendo parte de la dinámica. En la Región de Antofagasta, la empresa Colbún suspendió el desarrollo del proyecto Central de Bombeo Paposo, esto tras la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de esa región de mantener el término anticipado del procedimiento de evaluación de la iniciativa, rechazando además un recurso de reposición de la compañía. La polémica llegó dado que el ministro de Hacienda Mario Marcel dijo que los "mandos medios" deben actuar con criterio y que el SEA no tiene que matar proyectos, sino que se hagan bien. Son 1.400 millones de dólares de inversión que quedan en el aire.

El empleo no repunta y eso es un factor a considerar, aunque ciertamente es el último ítem en recuperarse en una desaceleración. El problema es que la informalidad sigue subiendo en una situación ya crónica.