Miles de personas volvieron a salir a la calle ayer en diferentes puntos de Israel, y especialmente en la ciudad de Tel Aviv, para exigir al gobierno que alcance un acuerdo de tregua con el grupo islamista palestino Hamás que permita liberar al centenar de secuestrados que todavía permanecen en su poder en la Franja de Gaza.

Como cada sábado por la noche, el Foro de Familiares de Rehenes (la principal plataforma que representa a las familias de los secuestrados el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás atacó Israel y mató también a unas 1.200 personas) lideró la manifestación en Tel Aviv, que hoy tuvo como protagonista una grabación de audio de Matan Angrest, uno de los secuestrados.

"Netanyahu, debes lograr este intercambio de prisioneros entre los (palestinos) presos en Israel y los presos aquí", dice Matan en el video en el que interpela directamente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y que es su primera prueba de vida desde el 7 de octubre.

Hamás publica de vez en cuando mensajes en vídeo y audio, claramente guionizados, de rehenes israelíes con el objetivo de meter presión en la sociedad y el Gobierno para alcanzar una tregua.

El audio fue reproducido por la madre de Matan, Anat, después de pronunciar un discurso en el que exigió a Netanyahu que desoiga a sus ministros más extremistas (Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, claves en la coalición de gobierno), que se oponen a cualquier tipo de acuerdo con Hamás.

Al menos una persona fue detenida durante las protestas en Jerusalén, donde se produjeron pequeños enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.

Las protestas para pedir un acuerdo para liberar a los rehenes en Gaza se han convertido en un acontecimiento común en los últimos meses, pero hasta el momento no han logrado disuadir a Netanyahu de suavizar su postura.

Las negociaciones para un alto el fuego que permita liberar a los rehenes israelíes que aún permanecen en el enclave se encuentran estancadas, a pesar del esfuerzo de los países mediadores (Estados Unidos, Egipto y Catar) para relanzar las conversaciones.

La Fiscalía de la ciudad italiana de Palermo pidió ayer seis años de cárcel para el ultraderechista Matteo Salvini por haber bloqueado el barco de la ONG Open Arms con 147 inmigrantes en agosto de 2019 cuando era ministro del Interior, en el marco de sus políticas contra la inmigración irregular.

La fiscal Marzia Sabella reclamó esa pena tras un largo alegato denunciando en sus conclusiones que el acusado "era consciente de la ilegitimidad de sus actos" y que "el rechazo consciente" de la nave "lesionó la libertad de 147 personas sin un motivo comprensible".

Salvini, actual vicepresidente del Gobierno de Giorgia Meloni y ministro de Infraestructuras, no acudió al Tribunal de Palermo pese a la importancia de la audiencia de este juicio en el que está acusado de los delitos de secuestro de personas y abuso de poder.

Cronología de un pulso

Los hechos se remontan a agosto de 2019, cuando Salvini, entonces ministro del Interior, impidió durante 20 días el desembarco de la nave de salvamento de la organización española Open Arms con 147 inmigrantes a bordo salvados en el Mediterráneo, en el marco de su férrea política de puertos cerrados.

La situación a bordo del barco devino así en crítica, con decenas de inmigrantes esperando bajo el sol, entre estos menores, heridos y personas que "bebían agua del mar" o se tiraban desesperadas por la borda, tal y como recordó ayer la otra fiscal adjunta, Giorgia Righi.

El 14 de agosto el Tribunal Administrativo del Lacio suspendió la prohibición y el barco pudo entrar en aguas territoriales italianas, acercándose a las costas de la isla italiana de Lampedusa.

Seis días después el fiscal de Agrigento, Luigi Patronaggio, subió a bordo para comprobar la situación de sus ocupantes y ordenó su desembarco y la confiscación de la nave.

Aquel día por la noche el barco de Open Arms atracó al puerto de Lampedusa para desembarcar finalmente a 83 inmigrantes, pues el resto habían sido evacuados anteriormente por motivos médicos.

De este modo terminó un primer pulso de Salvini con la ONG para después empezar la batalla en los tribunales, cuando en julio de 2020 el Senado votó a favor de permitir el proceso dado que el ministro contaba con inmunidad.

En estos meses Salvini ha alegado que su intención era proteger las fronteras y forzar un reparto de los inmigrantes en Europa.

Ayer no acudió a la audiencia de Palermo, pero habló del tema en una entrevista en el diario Libero, atribuyendo el juicio a "una venganza de la izquierda". "Afronto hasta 15 años de cárcel por haber mantenido la palabra dada a los electores. Volvería a hacerlo: la defensa de las fronteras ante los clandestinos no es un delito. Adelante, sin miedo", escribió en redes sociales.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció ayer la detención de dos ciudadanos españoles, dos estadounidenses y un checo, implicados en una supuesta operación que tenía como objetivo llevar a cabo actos "terroristas", entre ellos asesinar al presidente Nicolás Maduro o atacar con explosivos la embajada argentina en Caracas.

Según el ministro, en la operación fueron incautadas más de 400 armas "transportadas desde Estados Unidos", y algunos de los capturados buscaban llevar a Venezuela "un grupo de mercenarios" con el propósito de asesinar a Maduro, así como a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, y a otros dirigentes del chavismo.

El ministro aseguró que estos dos ciudadanos españoles "tienen vínculos" con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español, lo que fue negado desde Madrid.

En una conferencia sólo para medios públicos venezolanos, Cabello explicó que los españoles fueron capturados en Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, fronterizo con Colombia y Brasil.

Según informó el ministro, en los teléfonos de los detenidos las autoridades hallaron información sobre sus contactos con una "dirigente" regional del partido Vente Venezuela (VV), a quien le preguntan "cómo hacen para comprar explosivos" y para "contactar grupos que quisieran hacer algún trabajo especial".

Detrás del "tráfico" de las armas, indicó Cabello, está el excomisario de la Policía de Caracas Iván Simonovis, quien -aseguró- tiene enlaces "directos" en Venezuela con dirigentes de la oposición mayoritaria, entre los que mencionó a María Corina Machado, principal valedora del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, exiliado desde el 8 de septiembre en España.

El ministro exigió al Gobierno estadounidense, que -reiteró- está "detrás de esta operación", aclarar "el uso de su territorio para traficar armas" con el fin de "derrocar un Gobierno democrático, electo por su pueblo" en los comicios presidenciales del 28 de julio.

Tras esas elecciones Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), un resultado rechazado por la oposición y la mayoría de la comunidad internacional.

Tras las detenciones, la Embajada de España en Venezuela pidió al Gobierno de Maduro tener acceso a los dos arrestado, acusados de terrorismo, para verificar sus identidades y su nacionalidad y, de ser ciudadanos españoles, conocer de qué se les acusa exactamente.

"con granadas"

Cabello denunció además los extranjeros fueron detenidos en el marco de un operativo para desbaratar otro supuesto plan que consistía en atacar con "explosivos" la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas -donde se encuentran refugiados seis opositores desde marzo- con el fin de "culpar" al Gobierno de Maduro.

En el canal estatal VTV,Cabello señaló que "hace algunos días" las autoridades capturaron a "unas personas" -cuyo número no especificó- que planeaban "lanzar unas granadas y explosivos en la Embajada argentina donde están, en calidad de refugiados, unos terroristas delincuentes de la oposición".

La residencia oficial de la Embajada argentina está bajo protección de Brasil tras la expulsión de la misión diplomática del país trasandino, una autorización que, sin embargo, Venezuela revocó el 7 de septiembre.