Ayer se desarrolló el encuentro anual de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), durante el cual el líder del gremio, Juan Armando Vicuña, le reiteró al Presidente Gabriel Boric la necesidad de que se reactive el sector y pidió "prioridad presidencial" a 21 proyectos que buscan impulsar.

Dentro de las medidas que abarcan varias regiones del país, Vicuña reconoció que revivir la construcción "no será fácil. La economía del país lleva más de una década estancada. Y una de las razones es la creciente dificultad para materializar inversiones. Como constructores también lo vivimos en el día a día, en particular con aquellos proyectos cuyo mandante ha sido el propio Estado".

En ese sentido, Vicuña manifestó que los proyectos de infraestructura pública "tienen falencias que aumentan la conflictividad durante su ejecución, elevan sus costos y perjudican a las personas y las comunidades al retrasar su entrega".

Por eso, propuso que se modifique el "obsoleto" reglamento para contratos de Obras Públicas incorporando mecanismos de resolución temprana de controversias a los proyectos. También pidió "aprovechar" que hoy existen 120 mil viviendas por terminar en todo el país. E instó a corregir "el negativo impacto" que provocó la aplicación de IVA a la compraventa de viviendas y que "se tradujo en un aumento de más de 13% en su precio".

Al momento de tomar la palabra, el Jefe de Estado declinó volver a la polémica que generó su calificativo de "coñetes" hacia los bancos y planteó que "más allá de cualquier adjetivo, no me interesa la polémica, me interesan las soluciones".

Y reiteró que "desde mi perspectiva, uno de los problemas que tenemos en materia de créditos es que los bancos adoptaron una tesis muy pesimista respecto de las proyecciones de la economía chilena y por ende acumularon provisiones muy por encima del requerimiento regulatorio en previsión de una crisis que no llegó y que no va a llegar".

El Presidente Gabriel Boric celebró ayer que el Congreso Nacional aprobara la ley corta de isapres para darle viabilidad a la continuidad de las aseguradoras privadas de salud tras el fallo de la Corte Suprema que las obliga a aplicar la tabla única de factores y devolver a los cotizantes todo lo que cobraron demás al no hacerlo. Además, el Mandatario descartó que la iniciativa impulsada por su gobierno sea un "perdonazo".

"Para nuestro Gobierno la posición fue siempre clara. Había algunos que señalaban que no teníamos interés en resolver este problema, sin embargo, nosotros señalamos que nuestra misión de un principio era cumplir con el fallo de la Corte Suprema, proteger la salud de las personas, terminar con los abusos y evitar cualquier tipo de perdonazos", expuso. "El proyecto aprobado logra esto, además de otorgar estabilidad al sistema de salud, que creo es tremendamente importante", añadió.

Y tuvo palabras críticas hacia las empresas: "Durante demasiados años las isapres realizaron cobros abusivos como estableció la Corte Suprema y discriminaron de manera injusta a parte de usuarios. Hay una responsabilidad ahí que provocó este complejo escenario".

Por lo tanto, indicó, "los montos cobrados en exceso deben devolverse y las isapres tendrán que pagar la totalidad de la deuda que mantienen con sus afiliados y afiliadas en cuotas establecidas, con prioridad a las personas de mayor edad y dando, insisto, estabilidad al sistema".

También recalcó que "esta es una ley que es responsable porque resguarda la continuidad de las atenciones de salud de los afiliados, quienes hoy pueden estar más tranquilos, pero además existirá un fortalecimiento histórico a Fonasa que atiende al 84% de la población. Los usuarios en Fonasa, me incluyo, ahora podrán contar con seguros complementarios que darán mejores condiciones económicas, pero también tener sus atenciones en prestadores privados".

Interpretaciones

Tras la aprobación de la ley corta justo en el plazo impuesto por la justicia, la presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, afirmó en radio Cooperativa que "tenemos un cierto respiro y por lo tanto creemos que dentro del escenario complejo que se vivía esta sin duda es una salida que da cierta estabilidad, pero ahora depende de cómo se ajuste el sistema de nuevo".

"Las isapres ahora tienen que poner bastante de su parte y tienen que, más allá de transparentar su situación, tienen que decir qué le ofrecen al país a cambio del esfuerzo que se ha hecho por darles más sustentabilidad", añadió.

El mundo político también reaccionó. El diputado Gonzalo Winter (CS) celebró que "el sistema de salud ayer cambió bastante con la ley corta: Fonasa salió muy fortalecido y las isapres pasan a tener una nueva regulación, que hace que el negocio de las isapres vaya a modificarse también. Parte del resultado de esta ley es que mucha gente va a migrar de las isapres a Fonasa, lo cual no es en sí mismo un objetivo, porque el objetivo principal siempre es mejorar la salud del país".

Finalmente, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) opinó que "tenemos que hablar de algo que hemos dejado abandonado: que el per cápita por salud ha crecido en una forma muy distinta al crecimiento real de la economía de nuestro país, pero eso no se ha visto como beneficio para los usuarios de la salud pública, y es donde se genera la inmoralidad que hoy día tenemos. El exceso de utilidades o la mala forma de fiscalizar el sistema privado es algo que nos llevó a tener que votar lo que votamos ayer, pero si queremos hablar de verdad de salud pública, tenemos que tener una buena contraparte y oferta incluso para la gente que no tiene tanto dinero".