Finalmente, luego de 13 años de tramitación, podemos decir que la institucionalidad ambiental está completa. Esto, debido a que fue aprobada la Ley Para la Naturaleza, que crea el anhelado Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

El año 2010, cuando se creo el Ministerio del Medio Ambiente, toda la institucionalidad fue contemplada con 4 servicios -además de los Tribunales Ambientales- para que el país cumpliera la condición de cuidar su medio ambiente, haciéndose cargo de los diferentes aspectos que ello conlleva y que hasta ese entonces, habían estado distribuido en varios servicios públicos.

Esta situación se mantuvo para la administración de las áreas protegidas del país y para la gestión y conservación de su biodiversidad, siendo Chile, un país especialmente diverso y con muchas especies que sólo podemos encontrar en nuestro territorio. Esta situación, dificulta la gestión, la coordinación y el mejor manejo de las áreas protegidas y de la biodiversidad, que hasta ahora, estaban a cargo de al menos 5 servicios públicos.

Esto adquiere especial relevancia ahora que de forma oficial, ya tenemos en la Región de Atacama, un Parque Nacional, para que dentro de sus más de 57 mil hectáreas, podamos cuidar las más de 200 especies del desierto florido y todo el ecosistema presente en el sector.

En nuestra región, este servicio se hará cargo de los cuatro parques nacionales, de la reserva marina Isla Chañaral, la reserva nacional Pingüino de Humboldt, el Sitio Ramsar, los Santuarios de la Naturaleza y las Áreas Marinas Costeras Protegidas, donde esperamos que prontamente podamos contar oficialmente con el área birregional Archipiélago de Humboldt, que contribuirá en la protección de la zona norte de la región de Coquimbo y la zona sur de Atacama.

Como gobierno, tenemos el gran privilegio y el tremendo desafío de implementar este servicio, dotándolo de todo lo necesario, para que a nivel nacional sea un referente del cuidado de nuestro patrimonio natural, que en nuestra región es abundante y así dejando un legado histórico del mayor avance medioambiental de la década.

Los resultados de la Prueba Simce 2022 presentados el jueves mostraron que Atacama tuvo malos resultados, lo que no es una sorpresa, pero que no puede dejar de ser desagradable por los niños y adolescentes de la zona y por el devenir de la sociedad en general.

Una baja respecto al promedio nacional -el que ya ha sido catalogado como un "desastre"- y una baja respecto a la prueba de 2018 -que ya venía con malos resultados- son el reflejo de las consecuencias ante la ausencia de clases presenciales y un déficit estructural en las aulas de los recintos públicos, que se viene arrastrando hace décadas.

Hoy ni siquiera la brecha con los recintos privados es el principal argumento para explicar estas cifras, sino que la pandemia que ha dejado una huella considerable en distintos niveles de educación.

El futuro no es muy alentador. Esta podría ser la primera pincelada de deficiencias en la calidad de enseñanza provocada por años de un modo de educar que debió ser ocupado como una emergencia y no de forma extensiva, como pasó en el país donde jamás se cumplió la premisa de otros países sobre que los primeros en abrir y los últimos en cerrar deben ser los establecimientos educacionales.

Para la sociedad es una tragedia porque estas deficiencias se ven en la parte formativa y trascenderán, sin duda, en el desarrollo del país, dado que se contará con profesionales menos capacitados. Con ello la sociedad será una de las grandes perdedoras, dado que contará con un recurso humano con menos herramientas y una mala base.

De enseñanza queda que ante la desesperación -como ocurrió con el covid-19- no se debe sacrificar la clase presencial. Hoy el Colegio de Profesores y el Colegio Médico piden extender vacaciones de invierno por los males respiratorios, lo que sería un grave error. No se puede perder un día más.