Crisis de las isapres: las reacciones locales y posturas frente al fallo judicial y ley corta del Gobierno
SALUD. En Atacama, entre marzo de 2022 y 2023, 3.509 afiliados abandonaron el sistema de isapres y solo 1.255 nuevos afiliados se incorporaron.
Fueron años de reclamos y recursos de protección que los afiliados interpusieron producto del alza indiscriminada del valor de sus planes por de la tabla de factores de riesgo que aplicaban las isapres, principalmente por edad y sexo.
Fue hasta el año 2010 que cada isapre establecía su propia tabla de factores, la que diferenciaba los precios de los planes principalmente de acuerdo al sexo y edad de los afiliados, lo que perjudicaba principalmente a mujeres en edades fértiles, quienes debían pagar precios muchos más elevados en relación a los hombres.
Una situación que cambió tras el fallo del Tribunal Constitucional en agosto de ese, que declaró inconstitucionales algunos de los criterios de dicha tabla por vulnerar los principios de igualdad ante la ley. Es por ello, que el falló derogó cuatro artículos de la Ley de Isapres que definían los criterios de edad y sexo para calcular el valor y alza de los planes de salud de sus afiliados.
Sin embargo, el aumento de los precios de los contratos continuó y fue recién en el año 2019 que la Superintendencia de Salud dictó una circular que establecía una nueva tabla de factores, la que eliminaba la discriminación por edad y sexo, el que se comenzó a aplicar en todos los nuevos contratos.
No obstante, aquellos planes antiguos mantenían la tabla de factores anterior, lo que llevó a las personas a presentar múltiples recursos en los tribunales del país, los que solían ser favorables para los afiliados.
De hecho, de acuerdo al presidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Pablo Krumm, la mayor parte de los recursos de protección en la zona eran presentados por el alza en los planes de las isapres.
Fue en noviembre del año pasado cuando la Corte Suprema dictaminó que debía aplicarse la tabla de factores del año 2019 a todos los planes de salud de las isapres, lo que significaba que debían restituir a los usuarios todos los cobros en exceso realizados entre esa fecha a la actualidad, paralizar el incremento de los planes y aplicar la nueva tabla a los contratos antiguos.
Para ello, estableció un plazo de seis meses para que se implementara el fallo, el que luego se amplió por seis meses más a solicitud del Gobierno.
Finalmente, fue el martes de esta semana que el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de Ley Corta, el cual busca que las aseguradores elaboren sus estrategias para devolver los excesos estimados en U$1.458 millones y crea mecanismos para fortalecer Fonasa en caso de una gran migración del sistema privado al estatal.
Una propuesta que las mismas isapres calificaron como el fin del sistema y advierten de un posible colapso del sistema público, que actualmente atiende a 15.613.684 personas a nivel nacional y a 268.335 usuarios de Atacama.
Por otro lado, senadores de oposición ingresaron una reforma constitucional como alternativa a la ley corta de isapres del Gobierno, donde proponen que la tabla de factores de 2019 sea utilizada, pero con precios recalculados para que los montos se asemejen lo más posible a los valores que actualmente se están pagando.
Dicho proyecto, aprobado el pasado lunes en la Comisión de Constitución del Senado, fue criticado por el oficialismo y catalogado como una forma de salvar a las isapres y evadir el fallo judicial, lo que generó diversas opiniones.
Reacciones locales
Un tema complejo donde el sistema de salud privado, del que son parte 22.334 atacameños hoy en día, es el protagonista y está en juego.
Por lo mismo, para la seremi de salud de Atacama, Jéssica Rojas, respecto a la aprobación del proyecto alternativo para dar cumplimiento al fallo, "la intención del Ejecutivo es continuar con la legislación. Somos receptivos a cualquier indicación que se presente. Esta Reforma Constitucional de alguna forma plantea que, el Sistema de Isapres para subsistir requiere seguir cobrando en exceso a 600 mil contratos, particularmente mujeres, a las que la compensación, la rebaja que se les haría por la tabla de factores, se les subiría a través del precio base. Entonces se mantendría una condición que la Corte Suprema ha considerado que es injusta."
En ese sentido, la jefa de bancada de senadores DC y senadora por la región, Yasna Provoste, manifestó que se opondría a cualquier maniobra legislativa que significara dejar sin efecto el fallo de la Corte Suprema que obliga a las isapres a devolver los cobros en exceso.
"El Senado no puede aprobar una ley que modifique una sentencia judicial, porque violenta de manera flagrante la Constitución y el Estado de derecho", aclaró la legisladora, quien además exigió a las isapres a no continuar con su "campaña del terror".
Para el diputado (PS) Juan Santana, lo que se les estaba exigiendo a las Isapres es lo mismo que se le pide a cualquier ciudadano, que es cumplir y apegarse a los fallos de la justicia.
"Esto se produce, entre otras cosas, por el cobro excesivo e ilegal de sus planes, en el que incurrieron afectando durante años a todos sus afiliados. Cualquier intento por desconocer esta sentencia, como la reforma constitucional presentada en el senado, es una forma inmoral e inaceptable de darle impunidad a una industria que se enriqueció a costa del engaño contra las personas. Esto es como regalarle el auto a quien te hace el portonazo. No estaré disponible para darle impunidad a las isapres".
En esa línea, para la parlamentaria Daniela Cicardini (PS), lo único aceptable era aceptar el fallo de la justicia y lo único que ha hecho el Gobierno con su proyecto de ley es otorgarle viabilidad a su cumplimiento y dar facilidades con gradualidad para no afectar la