El exmandatario Sebastián Piñera entró ayer a la discusión acerca de la crisis de las isapres y planteó que si bien se deben respetar los dictámenes de la Justicia, en este caso se debe hacer "en forma realista". Mientras, el Presidente Gabriel Boric dijo estar abierto a nuevas propuestas por parte del sector privado para salir de este complejo momento.

Piñera apuntó a "que se cumplan las leyes y que se cumplan los dictámenes de la Justicia, pero en forma realista; no a costa de sacrificar y crear un monopolio estatal de salud que, todos sabemos, lo único que va a hacer es aumentar más las listas de espera, deteriorar la calidad del servicio. Eso no es lo que los chilenos quieren ni merecen".

La iniciativa legal busca hacer efectivo el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las aseguradoras privadas de salud a regirse por la tabla única de factores de diciembre de 2019 y que las obliga a restituir los cobros en exceso que fueron aplicados desde entonces. Según el cálculo del regulador, significa la devolución de 1.400 millones de dólares.

"El sistema de salud privado está viviendo una gran crisis y sería muy malo que más de tres millones de chilenas y chilenos se quedaran sin la atención de la salud privada", señaló Piñera.

"Nosotros estamos impulsando un sistema mixto: que haya salud pública, Fonasa, pero que también haya salud privada y que sean las familias los que elijan. Esta no es una decisión que le corresponde al Presidente o a la ministra de Salud; le corresponde a cada familia", expuso.

No al "perdonazo"

Paralelamente, el Presidente Boric reiteró que el Ejecutivo desestima un "perdonazo" a las isapres y llamó a los actores a presentar opciones para que se cumpla el fallo de la Suprema.

En el marco de una actividad realizada en Cerro Navia por los nueves meses del Copago Cero en los tramos C y D de Fonasa, el Mandatario sostuvo que "nosotros, como ha expresado la ministra, estamos disponibles a escuchar cuáles son las alternativas que plantea el sector privado, en particular las isapres, para el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema".

"A lo que no estamos dispuestos es a decirle a un poder del Estado, independiente como el Poder Judicial, que mediante cualquier artilugio no vamos a hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema", recalcó.

"(Estamos) disponibles a escuchar las alternativas, a mejorar el proyecto de ley que ingresamos, nos interesa por sobre todo asegurarle la continuidad de tratamiento a todos los usuarios del sector privado, nos interesa que el sistema tenga solvencia, pero esto cumpliendo la ley y en esto somos muy claros, nosotros no podemos como Gobierno validar que se pretenda hacer ningún tipo de perdonazo a las isapres", sentenció.

"Estrategia del terror"

En radio Cooperativa la ministra del Interior, Carolina Tohá, respaldó esta visión y afirmó que "una cosa que tenemos que cuidar es la solución que encontremos no se base en que esto que las personas pagaron de más, ahora las castiguemos a ellas y que no se cumpla el fallo y no se les devuelva lo que se les debe".

Agregó que "por otra parte, tenemos que cuidar que este pago que las isapres deben hacer no se haga a costa de que el sistema colapse y que la gente se quede sin protección de salud. El Ejecutivo está totalmente dispuesto a buscar fórmula, a dialogar, a buscar entendimiento, a flexibilizar el planteamiento original que hicimos al Parlamento.

Otra visión fue la expresada por el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien en radio Universo criticó los dichos del presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, quien el martes afirmó que si se aplicara la ley corta que propuso el Gobierno, las isapres cerrarían en septiembre: "Ha ocupado una estrategia del terror y a mí me gustaría escuchar de la Asociación de Isapres, una industria regulada, otra cosa, y es la pregunta que no han respondido: cómo la Asociación de Isapres entiende que se debe cumplir el fallo".

El secretario de Estado opinó que "la autocrítica de la industria ha sido cero" y precisó que el Gobierno envió un proyecto "para permitir su cumplimiento (del fallo) teniendo en cuenta el impacto que tiene en las isapres, pero otra cosa muy distinta es buscar medios para no cumplir".

Un grupo transversal de diputados ingresó ayer un tercer proyecto de ley que busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que obliga a las isapres a pagar a sus afiliados montos asociados a cobros excesivos desde 2019 y aplicar una tabla única de precios.

La iniciativa crea un mecanismo voluntario de compensación de la deuda de las aseguradoras privadas con los usuarios, convirtiéndola en acciones y bonos a favor de estos últimos.

Esta propuesta se suma a la ley corta presentada la semana pasada por el Gobierno (cuyo debate legislativo comenzó esta semana en la Cámara Alta) y a la reforma constitucional promovida por la oposición (que fue aprobada el lunes en la Comisión de Constitución del Senado), que busca atenuar los efectos del dictamen del máximo tribunal sobre las aseguradoras privadas, a través de recalcular el precio base de los planes.

La diputada Joanna Pérez (Demócratas) explicó que la iniciativa busca "establecer un mecanismo de compensación a los afiliados acreedores de las deudas generadas producto de las adecuaciones irregulares de Planes de Salud desarrolladas por las instituciones que presten servicios de utilidad pública privadas, estableciendo un mecanismo de recapitalización especial a la vez de permitir a estas instituciones no caer en situación de insolvencia, estableciendo condiciones especiales de retroventa de títulos accionarios".

Además, el proyecto indica que "los objetivos de este fondo es compensar la deuda generada por las instituciones que presten servicios de utilidad pública privadas, entregando al afiliado acreedor de dicha deuda la posibilidad de elegir entre la compensación a través del otorgamiento de títulos accionarios, o la entrega de instrumentos de inversión de deuda".

La propuesta está patrocinada por Raúl Leiva (PS), Héctor Ulloa (PPD), Tomás Lagomarsino (PR), Miguel Ángel Calisto y Jorge Saffirio (ind. exDC), Rubén Oyarzo (PDG), Érika Olivera (Demócratas) y María Luisa Cordero (ind. de la bancada RN).