Un inspector municipal de la comuna de Macul falleció la mañana de ayer tras ser apuñalado en el marco de un operativo por Violencia Intrafamiliar. La familia del atacante había llamado a Seguridad Ciudadana, contexto en el que ocurrió la fatal agresión.

El caso nos hace preguntarnos otra vez en este espacio acerca del rol que jugará personal municipal en el marco del plan Calles Sin Violencia y las herramientas con las que contarán.

El apuro por contrarrestar la ola de inseguridad ha motivado el sumar personas que puedan apoyar a Carabineros, pero también está dejando vacíos importantes que pueden terminar en tragedias.

Nuevamente se está colocando la carreta por delante de los bueyes y eso se puede pagar muy caro.

Los funcionarios municipales no deberían concurrir a estos procedimientos, sino que los funcionarios policiales que cuentan con elementos de control y disuasivos.

En el ímpetu por querer contrarrestar el actuar de los delincuentes, se pueden ir explorando límites que pueden terminar en hechos muy lamentables, como el sucedido en Macul.

De esta forma, falta una definición clara por parte de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y el Gobierno respecto al marco en el que se deben mover el personal de Seguridad Ciudadana en el plan Calles sin Violencia.

Si esto no está bien estructurado, se deben evaluar mecanismos para llenando estos vacíos. Y es que ¿quién se hará cargo de hechos graves que puedan sufrir personal de Seguridad Ciudadana?

En los últimos años, la participación ciudadana ha ido agarrando cada vez más importancia, ya que parte de la responsabilidad del Estado, es poder dar a conocer los lineamientos y actividades en las que está trabajando. Por otro lado, también nuestra responsabilidad como ciudadanos, es poder participar y colaborar en los espacios que se abren para la toma de decisiones.

Actualmente no se imagina una decisión del Estado, sin haber tenido la validación de la ciudadanía y es por ello, que hay diferentes espacios de participación, algún puntuales como los procesos de consulta ciudadana o de consulta indígena y otras que abarcan procesos de trabajo, como en nuestro caso, el Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente, o los Comités Operativos Ampliados, de algunos instrumentos de gestión ambiental, como son las normas de calidad o emisión, y los planes de prevención o descontaminación.

Además, durante la evaluación de proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), también se abren espacios de participación ciudadana, donde por medio de la celebrada firma ocurrida el año pasado del Acuerdo de Escazú, donde nuestro país pasó a ser un Estado Parte de este tratado, la participación ciudadana amplió su aplicación.

De hecho, este tratado reconoce en el Estado, la labor de facilitar el acceso a la información ambiental, de garantizar mecanismos de participación en los procesos de toma de decisiones y de promover la participación del público en estas últimas, incluso desde etapas iniciales, de manera que las observaciones generadas sean debidamente consideradas y contribuyan a cada proceso.

Se llevó a cabo en Argentina, la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú o COP2, que es el segundo encuentro de los Estados Parte de este tratado y es la primera instancia donde nuestro país puede participar, gracias al compromiso de nuestro Presidente Gabriel Boric Font en firmar dicho acuerdo, que recordemos, fue una de las primeras grandes acciones al asumir el gobierno.

El anterior gobierno se negó a la firma de este tratado, aun cuando nuestro país había sido uno de los principales promotores, pero nuestro gobierno enmendó el rumbo, ya que sabemos que los tiempos van cambiando y algunos espacios que se abren a la ciudadanía, llegaron para quedarse y ampliarse, que es también uno de los sellos que queremos dejar: de una ciudadanía más empoderada, que este al tanto de las decisiones del Estado y que participe en ellas.