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uso público "el real problema que afectaría al Régimen Jurídico de las aguas lo encontramos en el artículo 12 D, el cual reconoce la posibilidad del Estado de otorgar autorizaciones a los particulares para el uso de las aguas, las que estarán afectas a caducidad (al igual que hoy), pero ahora el Estado tendrá la facultad de extinguirlas y revocarlas, sujetándose a razones de "interés público", sin pago a su actual dueño", mencionaron.
Con lo anterior, continuaron indicando, se abre una puerta enorme a la discrecionalidad administrativa, "al permitir que un funcionario del Estado determine cuál será el "interés público" para cada caso que se le presente".
Mencionaron además que es grave, ya que de aplicarse esta nueva norma, "atentaría arteramente contra los Derechos Humanos reconocidos y consagrados en el Pacto de San José de Costa Rica".
Finalizaron advirtiendo que de no resolverse este problema, mediante una norma transitoria constitucional, "estableciendo su aplicación sólo para las nuevas autorizaciones o concesiones, los propietarios de derechos de aprovechamiento de aguas tendrán que desfilar masivamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender su Derecho de Propiedad".
Por su parte, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), presentaron una declaración, firmada por su presidente Diego Hernández, donde expresan "su profunda preocupación por los alcances que lo aprobado puede tener en el rubro".
Señalaron que al establecerse una temporalidad de los permisos de uso del agua, asociada a una decisión administrativa, se genera incerteza para la toma de decisiones empresariales.
"No debemos olvidar que la minería es un rubro que demanda inversiones millonarias, en horizontes de tiempo de varias décadas, por lo que depender de la discrecionalidad de los permisos, en la práctica, es un desincentivo a la inversión y una amenaza a la viabilidad de las operaciones actuales".
Bajada local
Así también Mario Holvoeth, presidente de la Asociación de Productores Importadores de Frutas del Valle de Copiapó, concordó con que se verían afectados. "No sé en que sentido lo hacen, pero yo creo claramente y se ha demostrado en algunos países como en Bolivia, que el agua potable estuvo a cargo del estado y el estado es ineficiente, entonces yo creo que la producción se vería muy afectada, la agrícola y además el suministro del agua a todo nivel".
Continuó mencionando que "yo creo que claramente están tomadas las decisiones por gente que no sabe bien cuál es el procedimiento del agua, qué significa el agua, qué significa tenerla en un predio, tenerla en una ciudad, potabilizarla, filtrarla acumularla, es todo un proceso como para verlo con tanta liviandad".
Por su parte, Joel Carrizo, presidente de los Pirquineros de Tierra Amarilla y director de la Sociedad Nacional de Minería, a diferencia de los dichos de Sonami, contó que el agua tiene mucha data y que desde que se fundó Copiapó ya se estaban repartiendo acciones de agua. Sin embargo, "uno como comunidad en el caso nuestro no tenemos acciones de agua, nosotros somos pobladores que pagamos nuestra agua que consumimos y los que ocupan el agua son las partes agrícolas, industriales, las mineras y esto en la práctica se verá cómo funciona también", finalizó precisando que es una medida de protección a la ciudadana y "bienvenida sea".
Ambientalista
Luis Acuña, dirigente de Codemaa, aprobó este nuevo concepto aprobado por la Convención. "Es una aspiración que hemos sostenido desde hace mucho tiempo todas las organizaciones sociales de Atacama y a nivel nacional, respecto a que el agua no puede ser un bien mercantil o transable, es un bien que esta ligado a la tierra y su uso además tiene que estar debidamente decidido".
"Eso es lo que hemos planteado que primero debe ser para la vida, eso significa para la mantención de los eco sistemas y para la mantención de los seres humanos, luego para la agricultura de subsistencia, que significa la seguridad alimentaria para la población y en último lugar para los procesos industriales", explicó el ambientalista.
Finalmente indicó que las industrias tienen suficientes recursos para poder buscar otras fuentes alternativas para la obtención del agua para sus procesos, "esto viene en el fondo a reconocer toda la lucha que por años han dado movimientos ambientales por la recuperación del agua".