Redacción

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, diputado Marcos Ilabaca (PS), anunció ayer que el 11 de agosto comenzará la discusión de los proyectos sobre un cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales de los trabajadores chilenos.

El legislador explicó que son siete las propuestas relacionados a retiro de fondos presentados por parlamentarios oficialistas y opositores: dos de ellos apuntan a un cuarto retiro de 10% de los fondos de AFP, mientras que al menos uno, presentado por legisladores oficialistas, refiere al total de los ahorros. Asimismo, señaló que es probable que algunas de estas iniciativas sean fusionadas y discutidas al interior de la instancia.

Los autores de las iniciativas han dicho que esperan que la discusión, dentro de dos semanas más, sea expedita y que las personas puedan retirar sus fondos a partir de septiembre.

El diputado Ilabaca sostuvo que "el nivel de cesantía en las regiones del país, el alto endeudamiento, un IFE que no ha sido universal nos obliga a desarrollar una discusión sobre el retiro de fondos previsionales".

Por su parte, el diputado RN, Jorge Durán, celebró que "por fin se pone en tabla, por sin se da una fecha cierta sobre cuándo se va a discutir".

La moneda lo rechaza

Al ser consultado sobre los proyectos que apuntan a concretar un cuarto retiro, el presidente Sebastián Piñera señaló que "la red de protección social, que la creamos a pocos días de tener el primer caso de covid en Chile, en marzo del año pasado, y que la hemos ido ampliando, simplificando y fortaleciendo permanentemente, va a estar ahí, va a estar disponible todo el tiempo que sea necesario".

Por su parte, el ministro Segpres, Juan José Ossa, indicó que "no creemos que los retiros de fondos de pensiones vayan en la línea adecuada" y que la ayuda se extenderá según evolucione la pandemia. "También tenemos un gran desafío en materia de empleo, y en ese sentido reiterar que nunca abandonaremos a las familias", recalcó.

En tanto, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, explicó que seguir sacando recursos como los ahorros previsionales "sigue siendo una mala política pública", y que espera "avanzar en los próximos días en el Parlamento con la reforma al sistema de pensiones, que debiera permitir un mejoramiento también de esas pensiones que hoy día muchos están recibiendo, que son bajas y que en el proyecto de ley está contemplado un mejoramiento de ellas".

Finalmente, cabe recordar que el próximo 30 de julio vence el plazo para solicitar el primer retiro de 10%.

Uno de los aspectos más notorios de la política chilena -que se manifiesta especialmente en la Convención constitucional, pero que sin duda se extenderá poco a poco- es la creciente presencia en ella no de las ideologías o las reivindicaciones de clase, sino de las identidades culturales.

El mejor ejemplo es la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, quien suele expresarse en mapudungun exasperando a otros miembros del mismo organismo que ven en ello, un show, un mero exhibicionismo más o menos agresivo.

¿Qué hay detrás de esa porfía por ocupar la propia lengua originaria?

Para saberlo es necesario dar un rodeo y retroceder brevemente hacia los fundamentos de la democracia liberal.

La democracia liberal descansa en el supuesto que todos somos iguales, con prescindencia de la etnia a la que pertenezcamos, la lengua materna que aprendimos, la cultura a la que pertenecemos, las particulares circunstancias que han rodeado nuestra trayectoria vital. La ciudadanía liberal consiste en una ceguera a esa diferencia que los seres humanos somos capaces de exhibir y en una confianza, en cambio, en que existe una zona común que permite el encuentro: el diálogo en una lengua hegemónica.

Para esa concepción, cuando se la exagera, la política exige igualarnos en la abstracción de la ciudadanía. Fue lo que ocurrió alguna vez en Francia cuando se prohibió el uso del kipá y el velo islámico en la escuela. La ciudadanía se dijo entonces exige borrar los signos identitarios.

La conciencia de la multiculturalidad afirma en cambio que cada uno posee una fisonomía espiritual, por llamarla así, que se ha forjado al compás de la cultura y la historia que la envuelve. La idea que cada uno tiene de si mismo y a lo que aspira sería la suma de factores culturales -los relatos maternos con que soñamos, las creencias que nos consuelan, el modo en que vemos el mundo, el lenguaje con que aprendimos a decir "yo"- que acaban configurándonos.

Lo anterior vale para todos los seres humanos, por supuesto (incluso para quienes presumen ser ciudadanos del mundo); pero vale especialmente para los miembros de grupos históricamente desventajados. Porque en este caso -como ocurre por ejemplo con los mapuches- la identidad que se reclama es también el signo de una injusticia que se padece o que se hereda. En este caso, exhibir la propia identidad tiene una doble función: por una parte, subraya lo que se es, sacude por decirlo así el uniforme de la ciudadanía para que la verdadera identidad quede al descubierto; y por otra parte, es un acto político que recuerda a la sociedad mayor que esa cultura que se creía haber asimilado o extinguido, sigue aún viva y reclama justicia por las desventajas que padeció.

Y de todos los factores que expresan la propia identidad, la lengua materna no cabe duda es la más intensa. Desde luego se trata de un bien colectivo (puesto que no existen los lenguajes privados) y esa lengua que la madre nos enseñó, en la que soñamos, expresamos nuestros pensamientos más íntimos, es la portadora de distinciones, nombres, prejuicios y fenómenos a cuyo través vemos el mundo. Por eso Heidegger (en su famosa Carta sobre el humanismo) llegó a decir que el lenguaje era la casa del ser y antes de él Herder (uno de los críticos de la ilustración) dijo que la cultura de los padres se oculta en el lenguaje.

Así cuando Elisa Loncón (no la presidenta, sino la convencionista) habla mapudungun está haciendo oír la voz de una cultura, y cada una de las sílabas que pronuncia nos hacen recordar que detrás suyo hay un amasijo de ideas, convicciones, una forma de vida, un mundo en suma, que anhela un lugar en la esfera pública. Y el deber de la democracia liberal, que cree en la individualidad, es abandonar la ceguera a la diferencia porque, después de todo, si el individuo se forja al interior de una cultura, defender a esta última es también una forma de defender al individuo.

El subsecretario General de la Presidencia (Segpres), Máximo Pavez, lamentó ayer a nombre del Gobierno el rechazo de la Cámara de Diputados al proyecto de Descentralización presentado por el Ejecutivo.

"Quisiéramos lamentar la forma incomprensible en la cual gran parte de la oposición le dio un portazo al avance en materia de legislación de descentralización en nuestro país", señaló la autoridad.

Pavez argumentó que el proyecto que estaba en sala ayer había sido ampliamente discutido en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja y que, "salvo un par de materias específicas", había llegado a "profundos e importantes acuerdos", dándole el pase a "prácticamente todas la normas aprobadas en el Senado".

Es así que a juicio del subsecretario de la Segpres, la oposición "le debe una explicación al país" debido a que el acuerdo no fue refrendado en la Sala, lo que va implicar que ahora hay que llevar el proyecto a la Comisión Mixta lo que retrasa la entra en vigencia del proyecto para la instalación de los gobernadores electos.

"no se justifica"

El proyecto que fue rechazado en general, a juicio de la autoridad, precisaba la noción de competencia y las labores de coordinación entre el gobernador regional electo y el delegado presidencial regional, además de buscar mecanismo de evaluación de las transferencias de competencias".

"Lamentamos que en el contexto de la incorporación de los nuevos gobernadores regionales, una norma que busca el perfeccionamiento de las competencias para que puedan ejercer su labor, simplemente se retrasa", debido a que algunos parlamentarios se negaron a la idea de legislar, señaló.

Por último, recalcó que a pesar de las diferencias con la oposición, no se justifica "la votación en general rechazando la idea de legislar en materia de descentralización".