Contraloría ordenó regularizar infraestructura y sumario por emanación de gases en Copiapó
DOCUMENTO. El municipio, la Seremi de Salud, la SISS y la Superintendencia de Educación deben reportar el avance en las acciones emprendidas para dar solución a una problemática que se viene arrastrando desde el año 2015, para ello tienen un plazo de 60 días hábiles. Además, la casa consistorial debe iniciar el proceso disciplinario y determinar eventuales responsabilidades administrativas.
A partir del informe final de investigación N°33 del 2020, realizado por la Contraloría General de la República (CGR) - a petición de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, sobre las eventuales responsabilidades ante la emanación de gases tóxicos en Copiapó y que forzaron en 2019 a la suspensión de clases en diversos establecimientos educacionales. El organismo fiscalizador le requirió a la Municipalidad de Copiapó, a la Seremi de Salud, a la Superintendencia de Educación y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), remitir en un plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción de dicho informe, el avance de las acciones emprendidas para dar solución a las falencias detectadas.
Además, las cuatro entidades públicas deben fijar un cronograma de actividades y un plan de trabajo tendiente a erradicar en forma definitiva y coordinada la problemática de la emanación de gases en el mismo plazo antes señalado.
Pero eso no es todo, puesto que la casa consistorial debe instruir un procedimiento disciplinario (sumario) a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que correspondan, en un plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción del informe.
Resultados
Según el informe de Contraloría, los funcionarios desarrollaron una inspección en terreno en agosto de 2019 a los establecimientos educacionales afectados por emanaciones de gases -Liceo El Palomar, Jardines Infantiles Viñitas del Palomar, Alicanto, Corona del Inca y Gotitas del Desierto, Sala Cuna y Párvulos Las Campanitas, y Escuelas Carlos María Sayago, Jesús Fernández Hidalgo y Las Brisas-y observaron diversos problemas respecto al sello de las tapas de las cámaras desgrasadoras.
"En efecto, dichos mecanismos de sellado se encontraban en mal estado, no eran de la materialidad que correspondía y, en algunos casos no existían. Condición que permitiría una eventual filtración de gases tóxicos en caso de acumulaciones o filtraciones de residuos líquidos en caso de rebalse, circunstancias que conllevan un riesgo para toda la comunidad estudiantil perteneciente a dichos establecimientos educacionales", señala el reporte.
Informe
En detalle, el informe de la Contraloría indica que entre las principales falencias se encuentran: la dilación de los sumarios sanitarios, la falta de eficiencia y eficacia de las medidas adoptadas por los organismos públicos involucrados, las deficiencias en las cámaras desengrasadoras, la excesiva dilación en el término de proyectos, la inexistencia de controles de calidad y la falta de medidas de mitigación.
Sobre el primer punto, el informe de la CGR menciona que "se advirtió que la Seremi de Salud tiene pendientes 26 sumarios sanitarios desde el año 2016 hasta el 19 de agosto de 2019 en relación a la situación de emanaciones de gases en los establecimientos educativos municipales de Copiapó".
En tanto que el segundo punto indica que "pese a la información aportada por las diversas entidades públicas, consta que se habrían adoptado una serie de medidas de contingencia, ello no habría logrado erradicar el problema de las emanaciones de gases de manera efectiva. Toda vez que las emanaciones de gases siguieron aconteciendo, concluyendo con el cierre por resolución judicial, de cinco establecimientos educacionales -Escuela Carlos María Sayago, Liceo El Palomar, Escuela Jesús Fernández Hidalgo, Escuela Las Brisas y Jardín Infantil Corona del Inca".
Respecto de las deficiencias en las cámaras desengrasadoras, el documento de la CGR describe que "se observaron diversos problemas respecto al