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sello de las tapas de las cámaras desgrasadoras. En efecto, dichos mecanismos de sellado se encontrarían en mal estado, serían de un material incorrecto y, en algunos casos no existían. Condición que permitiría una eventual filtración de gases tóxicos en caso de acumulaciones o filtraciones de residuos líquidos en caso de rebalse, circunstancias que conllevan un riesgo para toda la comunidad estudiantil". Además, "se verificó la instalación de cámaras desgrasadoras en sectores donde se emplazaban patios de juego y zonas de libre tránsito para los alumnos de dichos establecimientos. De esa forma se detectó, además, que las tapas de dichas cámaras desgrasadoras no contaban con algún dispositivo o elemento que impidiera la manipulación de las mismas".
Pero eso no es todo, ya que según el informe de Contraloría, hay deficiencias en la frecuencia de mantención de las cámaras desengrasadoras, pues dichas mantenciones, "no alcanzan a cumplir el mínimo necesario de limpiezas requeridas -que fluctúan entre los 15 y 45 días-, para el correcto funcionamiento de dichos elementos, situación que consta en los registros de limpieza que cada establecimiento educacional mantenía en sus dependencias".
Además, de las validaciones practicadas a los proyectos de mejoramiento sanitario, la CGR verificó una excesiva dilación en el término de dichas obras a raíz de la falta de obtención de la aprobación de los proyectos sanitarios otorgados por la empresa sanitaria. "En efecto, se constató que en algunas obras se habrían otorgado aumentos de plazos de hasta 165 días corridos, en circunstancias de que dichos proyectos no superaban, en algunos casos, los 46 días de plazo contractual", dice el texto.
Tampoco existen controles de calidad de acuerdo a lo informado por Contraloría, puesto que en los proyectos de mejoramiento "no consta que la inspección técnica de obras".
En cuanto a las medidas de mitigación, según el reporte, "no se advierte la adopción de medidas de inspección (...) en cuanto a los sistemas de alcantarillado público, en particular, en lo que dice relación a las pendientes y capacidades hidráulicas de las redes públicas de alcantarillado, con la finalidad de obtener una solución definitiva en cuanto a los problemas detectados en la infraestructura sanitaria".
Organismos involucrados
El informe de la Contraloría fue desarrollado por petición de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en esa línea, el presidente de la comisión, el diputado Juan Santana (PS), explicó que "este es un problema sobre las condiciones en las que muchos establecimientos del país deben levantar con grandes dificultades sus proyectos educativos", agregando que "para subsanar las grandes falencias estructurales de las escuelas es imprescindible un actuar diligente de las autoridades, pero sobre todo un apoyo estatal contundente en estas materias a los municipios que administran la educación pública. Esperamos que esta investigación permita evitar otras irregularidades en el futuro, y determinar las responsabilidades administrativas que procedan".
A su vez, director regional de la SISS, Francisco San Martin, manifestó que "la CGR hizo una evaluación de todas las tareas de habían sido asignadas por el equipo del Dictuc, que hizo un diagnóstico hace un tiempo atrás para buscar soluciones definitivas al problema que afectaba a los colegios". Y señaló que "respecto de esas tareas, fueron todas ejecutadas y para seguir trabajando en el tema preventivo, nosotros particularmente este año establecimos que era necesario dejar amarrado en el plan de trabajo anual que tenemos, la fiscalización que los colectores que enfrentan los colegios, para que nosotros podamos dar cierta certeza al mundo académico, de que esas acciones que fueron ejecutadas el alo pasado, van a tener un efecto positivo este año".
Además, San Martín expresó que "el informe de la Contraloría planteó también algunas dudas que tienen que ver con las pendientes de los colectores, y ese es un trabajo que se hizo el año pasado, y se va a volver a trabajar este año, porque ante la duda, lo que queremos es poner más antecedentes. No tuvimos ningún problema con esos trabajos, porque fueron coordinados, se generó una agenda de trabajo para eso y todas las tareas se ejecutaron, se cumplieron, y lo que vamos a hacer este año es revisar para darles certeza".
La Superintendencia de Educación también fue uno de los organismos a los que apuntó la Contraloría. Al respecto, la directora regional, Marggie Muñoz, sostuvo que "Con respecto al Informe de la Contraloría, sobre la emanación de gases peligrosos que afectarían a la comuna de Copiapó y que implicaron la suspensión de clases en diversos establecimientos educacionales la Superintendencia de Educación, de acuerdo a sus competencias y facultades establecidas por la Ley N° 20.529, fiscalizó los establecimientos dependientes del DAEM de Copiapó e instruyó procedimientos administrativos sancionatorios, multando al municipio por un total de 456 UTM, debido a que las condiciones de salubridad dentro de los colegios eran riesgosas para la salud de los alumnos".
Por ultimo, El Diario de Atacama intentó establecer contacto con la Municipalidad de Copiapó y la Seremi de Salud de Atacama, sin embargo, hasta el cierre de la presente edición no pudimos obtener respuestas.
26 sumarios pendientes de resolución por parte de la Autoridad Sanitaria Regional figuran en el informe de Contraloría. Estos sumarios datan desde el año 2016 hasta el mes de agosto del año 2019.
165 días de aumento en los plazos de ejecución de los proyectos de mejora sanitaria aparecen en el informe de la CGR, en circunstancias que dichas labores, en algunos casos, no superaban los 46 días de plazo contractual.