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"Sin la complicidad de muchos proveedores, este fraude no se podría haber llevado a cabo. Su responsabilidad también esta siendo indagada en la causa criminal, más allá que se podría atenuar en caso que colaboren con la investigación"
Mauricio Daza, Abogado querellante
Este mecanismo se efectuó entre enero a julio de 2018 y luego desde agosto a diciembre del mismo año cuando ya era intendente. En ese periodo la empresa Eklipse presentó estados de pagos falsos, genéricos, sin detalle a Atacama Kozan incorporando un ítem servicios especiales adicionales, de acuerdo la indagatoria. Se trataba de gastos de servicios de jardinería, gastos comunes de departamentos, gastos arquitectónicos y obras civiles para su casa en el sector de Chamonate en Copiapó y compra de mercadería, cuyo monto superó los 270 millones de pesos.
La suma fue imputada a cuentas contables falsas, las que fueron usadas para disfrazar el valor de los contratos.
El tercero hecho tiene relación con la empresa Transportes Oviedo, Sánchez junto a Albornoz aumentaron el valor del contrato de servicios de transportes a personal faena. Fue así como se coordinaron con los representantes para que en 2018 se incorporaran gastos personales como operacionales. En este ámbito serían cerca de 11 millones.
Incluso, uno de los testigos de la causa da cuenta que en esta empresa se hablaba de maltrato de Sánchez y traslado de la asesora del hogar particular a su casa y a sus familiares. Cuando viajaba a Ovalle, el vehículo lo iba a dejar, debía llenar el estanque y el chofer debía volver en un bus a Copiapó. Otro chofer, recordó que debía comprar cosas para la familia de Sánchez. Habían viajes a Chamonate, a Valparaíso.
Luego al llamado de Sánchez debía volver a Ovalle, esto luego se facturaba a Atacama Kozan.
En el cuarto hecho, la empresa Delpero suscribió un contrato de prestación de servicio de aseo y servicios menores y en 2018 habrían aumentado el monto del contrato. Se coordinaron con la empresa para que ese año se imputaran gastos personales de Sánchez como operacionales.Esto correspondía al pago de remuneraciones de personal doméstico y de jardinería.
De acuerdo a la investigación y a los antecedentes reunidos, el monto de la defraudación a la empresa denunciante fue fijado en 303 millones 270 mil 800 pesos.
El Juzgado de Garantía de Copiapó fijó en siete meses el plazo de investigación en contra de Francisco Sánchez Barrera, imputado por el Ministerio Público como autor del delito reiterado de estafa, ilícitos perpetrados entre 2014 y 2018.
En audiencia de formalización de la investigación, el magistrado Víctor Santana acogió el plazo de investigación propuesto por los intervinientes y, al no solicitar el Ministerio Público medidas cautelares, dejó en libertad al imputado. Además, fijó para el 23 de febrero de 2021 la audiencia de formalización de la investigación en contra de Rodrigo Albornoz, exsubgerente de Finanzas de la empresa, coimputado en la causa.
Mauricio Daza, abogado querellante de la causa explicó que "Sánchez abusó de una confianza que se ganó de forma fraudulenta, mostrándole a los dueños de la compañía excelentes resultados en su gestión, lo que finalmente era falso, ya que se basaba en una manipulación contable que él mismo ordenó. De esta, forma concentró mucho poder en su persona y logró armar un grupo importante de ejecutivos y trabajadores que lo ayudaron a ejecutar y tapar este fraude durante un largo tiempo. En ese contexto pudo, además, aislar a los ejecutivos japoneses que se desempeñaban en la empresa, aprovechándose de las barreras de idioma y culturales, entregándoles información parcial y falsa sobre la marcha de la compañía".
Sin embargo, también hay una responsabilidad de los contratistas que aceptaron formar parte de un sistema delictual. "Los propios proveedores han declarado que lo hacían por temor a perder los contratos con la minera. Hay que considerar que en la mayoría de los casos se tratan de empresas medianas, para las cuales ser contratista de una compañía como Atacama Kozan resulta fundamental para poder seguir funcionando. Sánchez se aprovechó de ese temor en su propio beneficio".
Finalmente señaló que "obviamente sin la complicidad de muchos proveedores, este fraude no se podría haber llevado a cabo. Su responsabilidad también esta siendo indagada en la causa criminal, más allá que se podría atenuar en caso que colaboren con la investigación".
303 millones de pesos es la suma de la defraudación que habría entre 2014 y 2018. Se apunta a Sánchez y a proveedores.
2018 fue un año que según los datos, empresas contratistas de Atacama Kozan pagaron gastos personales a Francisco Sánchez, gracias a el abultamiento de los contratos a Atacama Kozan.
QUERELLANTE