Un estudio realizado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y pedido por la Mesa Social Autoconvocada, reveló que un 7% de los hogares tendrían uno o más estudiantes fuera del sistema escolar, lo que muestra una cruda realidad que trasciende lo educativo y llega a lo social, lo generacional, ahonda brechas y demuestra que una mejor o peor enseñanza depende de la ciudad en que se nace o los recursos que se tienen.

Junto a esto, queda en evidencia la centralización dentro de la región, dado que cuando hablamos de conectividad Copiapó es la ciudad con mejores índices con más de un 95%, a diferencia de Caldera que tiene poco menos de un 80%.

En cuanto al porcentaje de adolescentes y niños fuera del sistema, se trata de una cifra enorme y que no debería bordear el 1%, dadas las terribles implicancias que conlleva. Un estudiante en esas condiciones puede terminar desapareciendo para el sistema país y con ello un encadenamiento de situaciones, que van desde el mismo perjuicio en la formación, pasando por el peligro latente de entrar a mundos indeseados como la droga y que termina en una adultez con muy bajas oportunidades de entrar a la fuerza laboral y por ende, con una grave afectación al desarrollo de la persona.

Sería una injusticia plantear aquel paradigma del mérito por el esfuerzo y poder salir de las adversidades. Del grupo que está fuera del sistema, hay niños que están insertos en ámbitos perjudiciales en sus poblaciones u hogares y por ende, es muy poco probable que su capacidad de resiliencia esté desarrollada respecto a otras personas. Si no van a la escuela, liceo o colegio, las opciones de buscar ayuda y lograr ese concepto de "salir adelante" se reduce a la nada misma, mientras en paralelo miles de niños o adolescentes tienen las condiciones adecuadas y tendrán mejores perspectivas en la adultez.

La situación de menores de edad en vulnerabilidad debe ser mirada, además, con una perspectiva país, dado que un aumento de niños en esa condición terminará golpeando su adultez y no solo esto, incluso la capacidad productiva de la nación.

A ese 7% de hogares con al menos un estudiante fuera del sistema, se suman otros factores como la imposibilidad de hacer clases presenciales por la pandemia o las diferencias en conectividad. Y cuando se cruzan varios temas negativos puede ser inevitable que en unas décadas o, incluso años, se viva una crisis de tal magnitud que faltará tiempo para lamentarse por las consecuencias de lo que vivimos actualmente.

En tiempos en donde la opinión pública analiza, debate y propone distintas alternativas para el desarrollo futuro de las regiones, el país y su gente, uno de los temas que despierta más la atención es la estructura centralizada del estado y los mecanismos con los cuales se toman las decisiones que impactan a la ciudadanía en materias de presupuesto, distribución y priorización social; pero, también en inversiones públicas, acciones programáticas y de respuestas frente a emergencias. Al respecto de estas necesidades, la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia ha marcado un hito de alta relevancia mediante la firma de un convenio con el Gobierno Regional de Atacama, en donde se traspasa el uso y acceso de la información social de la plataforma ADIS (Analista Digital de Información Social).

¿Por qué es tan relevante el uso de un software? Muy simple. Hasta antes de la firma de este convenio, el acceso estaba centralizado y limitado. Esta plataforma es una herramienta que apoyará a la región en los momentos más difíciles, como una catástrofe por un aluvión, crisis sanitarias (covid-19) o programación de respuestas de ayuda social, ya que permite la planificación territorial caracterizando a la población con análisis estadísticos y mapeo territorial de información exacta del Registro Social de Hogares (RSH), Calificación Socioeconómica (CSE) e información de beneficiarios de programas de estado, de manera rápida, simple y flexible. Sin duda, esta acción del Gobierno del presidente Sebastián Piñera, fortalece y apoya la toma de decisiones basada en evidencia de los gobiernos regionales y locales, con el único fin de responder de manera efectiva, eficiente y oportuna a las necesidades de sus ciudadanos. Por lo mismo, queremos destacar la firme voluntad del Intendente Patricio Urquieta y del Subsecretario Sebastián Villarreal, quienes lideraron estas gestiones.

En este sentido, la descentralización del país ya partió, y con gradualidad resalta este hito de transferencias de competencias sociales, que permite aumentar las habilidades y destrezas de los equipos regionales, pero a la vez, entregar nuevas responsabilidades complementando con nuevas capacidades y certeza de cobertura social en las 9 comunas de la región.

Este es nuestro compromiso como Gobierno, llegar a las familias que más lo requieren, pero en tiempo y forma adecuada.

Al cumplirse un año desde los hechos que las redes sociales denominaron "estallido social", puede constatarse cómo la rutina cotidiana ha experimentado cambios sustanciales -realidad acentuada dramáticamente por la pandemia covid 19- expresados, entre otros aspectos, en la errónea percepción acerca de que las instituciones relacionales con el orden en el país no estarían respondiendo a las expectativas de seguridad, orden público y certeza jurídica demandadas por la ciudadanía ante los deplorables desbordes que trajeron consigo los hechos en octubre de 2019; percepción del todo inexacta, por cuanto las instituciones aludidas han desarrollado sus funciones con estricto apego al ordenamiento jurídico vigente -que por cierto establece límites- estándar que la propia Nación soberana ha establecido como pilar fundamental de Estado Democrático de Derecho que nos rige, el cual contempla el ejercicio de los distintos ámbitos de atribuciones con irrestricta sujeción al respeto de los derechos fundamentales de las personas, más allá de las causas normativas y/o motivacionales que pudieren explicar -o incluso justificar- el fenómeno social en comento.

En lo concerniente al Ministerio Público, cabe recordar que a la Fiscalía le corresponde intervenir con posterioridad a la comisión u ocurrencia de hechos que pudieren revestir caracteres de delito, investigándolos mediante el concurso de las policías y, en su caso, acusando y llevando ante los Tribunales de justicia a sus responsables. Y dicha función, relacionada con los delitos perpetrados con ocasión del estallido social en Atacama ha sido ejercida incesantemente por la Fiscalía con estricta observancia del principio de objetividad que le impone su Ley Orgánica, posibilitando la efectiva persecución penal de 107 sujetos formalizados ante la justicia por diferentes ilícitos como incendio, saqueos, bloqueo de la vía pública usando violencia o intimidación, porte de armas, Etc. Algunos de esos imputados ya han recibido condenas o bien permanecen en prisión preventiva.

Asimismo la Fiscalía ha iniciado investigaciones contra agentes del Estado denunciados por abusos constitutivos de delito, tales como apremios ilegítimos o tortura, cuya responsabilidad penal es investigada por la Fiscalía con igual celo y objetividad, disposición que han podido comprobar los respectivos organismos querellantes, lo cual es expresivo del propósito irrenunciable de la Fiscalía de trabajar para que la paz social sea restablecida cada vez que un hecho ilícito rompe el equilibrio que la ley asegura a todos los ciudadanos, sin distinción de ninguna índole.