Carabineros inicia expulsión de funcionario y Gobierno apoya a la institución
VIOLENCIA. Piñera dijo que "son la primera línea que nos defiende". Sebastián Zamora, formalizado por la caída de un joven al río Mapocho, habría portado ese día una cámara personal.
Luego de que Carabineros informó el inicio de un proceso de expulsión de su funcionario Sebastián Zamora, formalizado y en prisión preventiva por presuntamente provocar la caída de un adolescente al río Mapocho, el Gobierno precisó los fundamentos de tal decisión.
El presidente Sebastián Piñera habló del caso al ser consultado por el presente del general Rozas. "Yo manifiesto el apoyo como Presidente, el apoyo como Gobierno, a la institución de Carabineros, porque son la primera línea que nos defiende de males como la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Por esa razón tenemos que apoyar a Carabineros, pero también hacer una reforma profunda", dijo el mandatario. "Esperamos lograr avances (en el proyecto de ley que el Gobierno presentó para tal efecto), porque sin duda Chile requiere a Carabineros", añadió.
Proceso administrativo
Antenoche, la policía uniformada comunicó que "la defensa particular del carabinero recluido en el Centro de Detención Transitoria Pudahuel Norte, tomó contacto con la Fiscalía Centro-Norte para informar que su representado reveló que ese viernes portaba una cámara personal ajena a la institución y no autorizada".
"La omisión de este hecho constituye una grave falta administrativa, ya que existen instrucciones que norman el uso de cámaras personales en procedimientos policiales. El incumplimiento de este principio resulta inaceptable y es causal de expulsión de la institución, razón por la cual se inició el correspondiente proceso administrativo", agregó.
El ministro del Interior, Víctor Pérez, dijo que "las normas de la institución no prohíben que un carabinero tenga una cámara privada, pero debe declararla, porque en un procedimiento que hay que informar tanto a las autoridades administrativas como judiciales, deben entregarse todos los elementos".
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, explicó que "el proceso de adquisición de cámaras está andando y en este caso se ha protocolizado que los carabineros pueden andar con sus cámaras privadas, pero con condiciones. Las tienen que declarar y, por lo tanto, la institución tiene que tener registro de que un carabinero que está procediendo en el control del orden público está utilizando una cámara corporal".
Pérez destacó la disposición de la entidad policial y mencionó que "Carabineros ha estado siempre dispuesto a entregar todos los elementos, por lo tanto, la no declaración de esto constituye una infracción por parte del funcionario. Uno no puede atribuir a la institución que no entregó todos los elementos fácticos", agregó en alusión a que recién esta semana Zamora habría contado a su abogada que, al momento del operativo, habría llevado una cámara corporal personal.
Esta versión, dijo Pérez, se la entregó el general Mario Rozas en una reunión y "la razón por la cual el carabinero le había entregado esta información a su abogada, según los dichos de la propia abogada, es que la cámara mostraría que él no habría realizado la acción que en este momento se le imputa".
El jefe de Interior informó que, "en cumplimento de una orden de la Fiscalía, la PDI ayer (martes) concurrió a la unidad donde cumplía sus funciones el carabinero en cuestión y requisó una serie de elementos, entre ellos, dos cámaras privadas, cámaras del carabinero, no de la institución". Agregó que el Gobierno instruyó a la policía uniformada "entregar todos los antecedentes con la máxima transparencia a la Fiscalía".
Presuntas torturas: formalizan a policías
Al cierre de esta edición se formalizaba a tres carabineros de la 43ª comisaría de Peñalolén, dos de ellos acusados de torturas y uno de apremios ilegítimos contra menores de edad el 20 de octubre de 2019 en el calabozo de dicha unidad policial, en el marco de hechos de violencia tras el "estallido social". El fiscal Miguel Ángel Orellana solicitó prisión preventiva para los imputados. "Las víctimas fueron golpeadas y a uno de ellos se le aplicó polvo lacrimógeno en su rostro en reiteradas oportunidades mientras estaba esposado", expuso la Fiscalía.