Sorpresa en la comunidad causó la decisión de la Contraloría de no realizar la toma de razón del contrato por las obras de la tercera etapa del parque Kaukari y envió el proyecto al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) producto de los metros cúbicos de movimiento de tierra para despejar el cauce.

Y es que por lo general las iniciativas que van al SEIA están vinculadas a privados y con esto puede estar entrando en un proceso que requiere ser mirado con muchísima atención tanto por lo que suceda con la iniciativa en Copiapó como con otros proyectos del MOP y otras instituciones gubernamentales.

La entrada al SEIA ya es todo un tema que termina siendo un dolor de cabeza para las iniciativas privadas, que alegan incertezas jurídicas y permisologías, lo que ha querido ser abordado por el Gobierno a través de una simplificación que no parece tener el éxito esperado, dado que empresarios se siguen quejando del sistema.

Que pase esto con una iniciativa pública puede ser más peliagudo, dado que el Estado por esencia está lleno de burocracia y sumarle un proceso tan complejo, puede terminar retrasando mucho más de lo esperado el término de obras, con todos los aspectos que ello implica.

El que Contraloría disponga enviar estos proyectos al SEIA por un tema ambiental no parece ser el problema, sino que lo es la excesiva presión que termina teniendo el sistema, primero al ser "culpadas" por el retraso de iniciativas y segundo por la carga que está sumando, por lo que la tarea es que desde los poderes del Estado, en este caso el Ejecutivo y Legislativo, se modernice, hecho que no se visualiza a corto plazo.

Los proyectos, ya sea privados o públicos, por esencia tienen procesos que terminan por aplazar la entrega de las obras dada la falta de certeza en ciertos aspectos, los costos, el recurso humano y la mala planificación.

En el caso de los públicos, el SEIA puede terminar siendo un terreno lleno de conflictos de forma y fondo que traerán más de un dolor de cabeza a las cabezas regionales de las distintas reparticiones.

Un estudio sobre el impacto del teletrabajo realizado por la Universidad de Chile, concluyó que las brechas educacionales se amplifican por la falta de habilidades, destacando que el 1% de las personas sin educación o básica incompleta pudo trabajar desde su casa v/s el 65% con estudios universitarios que sí lo hizo. Este dato, levanta una alerta, ¿qué ocurre cuando tratamos de generar políticas para las grandes mayorías, olvidando "minorías" como las personas con discapacidad?

Tras la pandemia ha quedado en evidencia la necesidad de repensar los sistemas laborales y educacionales. Más automatización y tecnologización, parecen pasos evidentes. Pero, ¿cómo igualamos la cancha? ¿qué políticas públicas consideran a las personas con discapacidad en este desafío? En este punto, hay algo claro, como dijo Esteban Puentes investigador del estudio, quiénes podrán adaptarse mejor serán los que tengan más alto grado de educación.

En materia de educación es inmensa la brecha para con las personas con discapacidad; 1 de cada 2 termina educación básica; 1 de cada 10 termina educación media; 1 de cada 20 ingresa a educación superior y, sin embargo, solo el 1% egresa. En la Región de Atacama, en tanto, los datos son decidores y pesimistas, por cada 1 persona con discapacidad que estudia, existen cerca de 20 que no lo hacen (ENDISC I).

En Fundación TACAL, el 71% de las personas con discapacidad que se capacitan, no cuentan con experiencia laboral. De ellos, importante considerar especialmente lo que ocurre con las personas que no leen o escriben producto de su discapacidad. La brecha es inmensa y crece tras la pandemia ¿Cómo enfrentamos la nueva realidad? ¿Cómo y en qué deben reinventarse para encontrar un trabajo y mantenerlo en el tiempo?

Es imperativo repensar el país que queremos. Chile NO es homogéneo. Estandarizar con políticas para las grandes mayorías NO es lo que necesitamos. Hoy las respuestas para las personas con discapacidad están en manos de las autoridades.

Sin embargo, desde TACAL, apostamos a seguir entregando nuevas herramientas a las personas con discapacidad y a las empresas. Seguimos facilitando la inclusión a pesar de los desafíos que impuso la pandemia.

Actualmente el salario mínimo se encuentra en $320.500 brutos, aproximadamente $261.800 líquidos. Una propuesta proveniente del gobierno propone reajustar este monto para que llegue a $322.000 brutos, equivalente aproximadamente a $263.100 líquidos. Este aumento representa un crecimiento del 0,47% nominal.

Uno de los argumentos es que esto se debe complementar con el ingreso mínimo garantizado, el cual asegura un ingreso líquido de $300.000 para todo aquellos que tengan un ingreso menor a ese monto, postulen al beneficio y cumplan ciertos requisitos ya muy cuestionados.

Por otro lado, se menciona que esto también es para ayudar a las pymes, sin embargo, el hecho que el salario mínimo solamente es pagado en las pequeñas empresas es un mito. La verdad es que un 25% de las personas con este sueldo, trabaja en grandes empresas.

Finalmente, se justifica este ajuste porque es justamente la inflación entre marzo y agosto del presente año, por ende, no sé está variando el poder de compra del salario mínimo. El problema de este argumento es que la inflación es un promedio ponderado de todos los bienes y servicios del IPC, incluyendo aquellos que han bajado drásticamente sus precios debido a la fuerte contracción de la demanda. Si bien en términos generales la inflación ha sido baja, solamente entre marzo y julio del presente año el grupo de bienes más importante para las personas de menores ingresos, los alimentos y las bebidas no alcohólicas, han aumentado su precio en un 1,9%, mientras que el precio del vestuario y calzado ha caído en un 5,0%. Otro dato importante lo muestra la Canasta Básica de Alimentos que elabora el Ministerio de Desarrollo Social, la cual ha crecido un 1,3% desde marzo del presente año.

Entonces, se está proponiendo que el salario mínimo aumente en un 0,47%, cuando los alimentos y la canasta básica han subido solamente hasta ahora un 1,9% y un 1,3% respectivamente, esto ya que otros bienes menos importantes han bajado su precio, y por ende la inflación promedio no es tan alta. Con esto, el único resultado será que los pobres serán aún más pobres puesto su poder adquisitivo disminuye para adquirir los bienes más importantes que son los alimentos.