CDE ampliará querella por convenio de Tierra Amarilla y apunta dardos a Jaime Mulet
INDAGATORIA. El Consejo de Defensa del Estado puso sus ojos en el ex alcalde de la comuna Osvaldo Delgado y en el diputado, quien fue el abogado que buscó a quienes llevarían adelante el proceso para llegar a un acuerdo económico por el daño medioambiental de la comuna. Con ello el municipio debía renunciar a realizar acciones legales que perjudicaran al proyecto.
En sesión de su órgano colegiado, el Consejo de Defensa del Estado acordó presentar una segunda ampliación de la querella criminal interpuesta en el marco de la investigación penal por delitos de fraude al fisco, cohecho y soborno cometidos en perjuicio de la Municipalidad de Tierra Amarilla, esto en el contexto del convenio entre la minera Candelaria y la municipalidad, celebrado en 2015. No solo se apunta al ex alcalde Osvaldo Delgado sino también al diputado Jaime Mulet.
La ampliación se dirige en contra de los funcionarios municipales Osvaldo Delgado Quevedo, Jaime Bahamondes Cabrera y Jorge Brito Gajardo por su eventual participación en el delito de cohecho pasivo del artículo 248 bis del Código Penal. Asimismo, imputa a los abogados Carlos Hernán Bosselin Correa, Ramón Briones Espinoza y Jaime Mulet Martínez la calidad de supuestos copartícipes en dicho ilícito, como asesores de la Municipalidad de la comuna en esa época.
Adicionalmente, según el CDE, se le atribuye responsabilidad al abogado de la Compañía Contractual Minera Candelaria, Miguel Troncoso Guzmán, por su participación en el delito de cohecho activo o soborno del artículo 250 del Código Penal; así como la responsabilidad penal que cabe a dicha persona jurídica de derecho privado en el mismo delito de soborno, en relación a lo dispuesto en el artículo 1°de la Ley N° 20.393.
Anteceden a la presente ampliación la querella presentada por el CDE con fecha 7 de octubre de 2019 y la ampliación en 18 de mayo de 2020 por delitos de fraude al fisco, cohecho y soborno, en contra del suspendido alcalde Osvaldo Delgado, del abogado Miguel Troncoso y de todos quienes resulten responsables de esos y otros ilícitos que puedan determinarse conforme con el desarrollo de la investigación penal.
El origen
Corría el año 2012 y el alcalde Osvaldo Delgado había recibido apoyo en su campaña de Jaime Mulet, fue así como se inició una alianza que perduró por muchos años. Esto generó que el abogado Jorge Brito llegara a la municipalidad como administrador municipal, quien era de confianza de Jaime Mulet.
En 2012 fue el primer acercamiento entre los abogados asesores con la minera Candelaria en el Hotel Diego de Almeida de Copiapó donde según una querella interpuesta por el CDE en esa ocasión, "se planteó por parte del municipio la existencia de daños ambientales en la comuna causados por la empresa CCM Candelaria, con el propósito de llegar a un acuerdo económico para evitar una demanda por los daños ambientales, solicitud que primeramente habría sido rechazada por la compañía minera.
En 2013 el alcalde Osvaldo Delgado, junto al abogado Jaime Mulet anunciaron la interposición de una demanda en el Tribunal Ambiental por el daño causado por la minera, sin embargo en agosto de 2014 la abandonó. Además, se interpuso una denuncia en la Superintendencia de Medio Ambiente.
Según un documento, los abogados que representaban al municipio programaron una reunión para el 4 de diciembre de ese año en las oficinas del estudio jurídico. Ese día asistieron representando al municipio de Tierra Amarilla: el alcalde Osvaldo Delgado, el administrador municipal Jaime Bahamondes, los abogados Hernán Bosselin, Ramón Briones, Francisco Bosselin y Jaime Mulet. Varios de ellos formaron parte de la DC y cercanos al diputado.
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Por su parte asistieron por la Compañía Contractual Minera Candelaria Pablo Mir como presidente de Lundin Mining Latinoamérica, Rodrigo Quintana, abogado del estudio Bofill Mir y Álvarez Jana, el abogado Miguel Troncoso por la Compañía Contratual Minera Candelaria. Además de Enrique Correa dueño de Imaginación y Moisés Valenzuela, este último gerente de la consultora.Luego de varios acuerdos entre las partes se llegó a un convenio de cooperación que consideraba el financiamiento de proyectos en beneficio de la comunidad por un monto total de 16,5 millones de dólares, en un plazo de 24 a 32 meses; y una segunda fase, que se inicia una vez concluida la primera etapa, que establece que Minera Candelaria destinará el 45% de su presupuesto comunitario anual para la comuna de Tierra Amarilla por 10 años.
Además, hubo una acuerdo de transacción por la suma de 4 millones de dólares que salieron de la cuenta corriente de la compañía, con estos convenios el municipio debía renunciar a presentar acciones judiciales que pudiesen perjudicar a la minera.
"Se efectuaron diversas conductas destinadas a forzar una negociación con la minera, y esta, a sabiendas del daño ambiental ocasionado y que las acciones ejercidas por el municipio podrían obstaculizar su proyecto de continuidad de explotación minera hasta 2030, negoció una "transacción" que significó el pago indebido de dineros al municipio bajo condición suspensiva de obtener la aprobación de su proyecto y el reconocimiento de que no existió daño ambiental causado por ella", dice un extracto de la querella del CDE.
Agrega que "ni los representantes del municipio, ni sus abogados, ni tampoco la minera se preocuparon de reparar el daño ambiental efectivamente causado en la comuna de Tierra Amarilla, daños que siguen existiendo".
Jaime mulet
El abogado Jaime Mulet, quien ahora es diputado de la Federación Regionalista Verde Social, confirmó que él buscó a los abogados que llevarían el caso de la municipalidad con minera Candelaria. "Desde el año aproximado 2007 que comencé a hablar con el abogado Ramón Briones para enfrentar los abusos ambientales de Candelaria, compañía que estaba dañando severamente a Tierra Amarilla y durante el año 2013 les recomendé al prestigioso estudio Bosselin y Briones al alcalde de Tierra Amarilla para que se inicie acciones contra esa compañía minera".
Respecto a la consulta si es que recibió dinero por las acciones judiciales interpuestas, señaló que "nunca he recibido dinero alguno ni yo ni personas cercanas ni por ese caso ni por otros ni de la municipalidad de Tierra Amarilla ni de la Compañía Minera, nada de nada. Le repito nada de nada. Llevan más de 3 años investigando y le reitero, nunca encontrarán nada porque no he recibido pago alguno".
Respecto a la ampliación de la querella y las razones de por qué cree que apuntan a él, expresó que "no lo sé, yo he estado a disposición del Ministerio Público siempre, se lo hice saber por escrito cuando algunos medios llevaron el caso. Nunca ni siquiera me han citado a declarar, llevan años investigando. Debo recordarle que el Consejo de Defensa del Estado, que es un órgano cuya integración responde a la lógica del binominalismo político. Son los costos que debo asumir por enfrentar el poder económico. Hay quienes creen que quieren empatar el caso Longueira y Ossandón. O haber logrado el 10%. La mayor transferencia de dinero desde las AFPs y usado por los grupos económicos a los sectores medios y más modestos de Chile", sentenció.
En tanto, Jorge Brito quien fue abogado de la municipalidad, explicó que no entiende por qué aparece él. "Mi participación fue relativamente nula, fue los primeros nexos de contacto hasta cuando hicieron la denuncia por daño ambiental. Mi contrato expiró como contrato a honorarios en enero de 2015, lo que ocurrió fue ocho meses después (convenio de cooperación). Entonces no tengo más antecedentes, es más estando mandatado por la municipalidad presenté una precautoria en octubre de 2016 en el tribunal de Santiago, para que no se le pagara a los abogados, pero no siendo funcionario".
Por ello "me parece grave que el CDE sea muy poco acucioso en examinar los antecedentes a fin de establecer si era funcionario de ahí, están prácticamente calumniando".
Minera Candelaria
La Compañía Contractual Minera Candelaria (CCMC) informó que tiene conocimiento de que, en mayo de 2020, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en contra "del señor Miguel Troncoso, exdirector de Desarrollo de Negocios y Asuntos Gubernamentales de CCMC, en relación con el Convenio de Cooperación (el Convenio) celebrado el 2015 entre CCMC y la Municipalidad de Tierra Amarilla". Agrega que "el 1 de septiembre de 2020, el CDE emitió un comunicado mediante el cual informa la ampliación de la querella referida a tres funcionarios municipales, tres asesores legales del municipio y a CCMC bajo la Ley N°20.393. CCMC revisará el texto de la querella cuando esté disponible, pero desde ya rechaza cualquier sugerencia sobre la ejecución de conductas ilegales durante la negociación o la ejecución del Convenio".