El presidente del consejo directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, planteó, como posible alternativa para permitir el voto de personas infectadas con covid-19 en el plebiscito, legislar con celeridad sobre el sufragio domiciliario, idea a la que se abrió el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, pero de la que tomó distancia el Gobierno.

"Se están terminando las posibilidades para poder garantizar el ejercicio del derecho a sufragio de las personas con covid positivo, pero básicamente por la decisión de la autoridad sanitaria en estos momentos, que ha señalado que no pueden salir de sus casas", sostuvo Santamaría en radio Universo.

Para solucionar aquello, planteó: "Yo creo que hay espacio, se puede legislar, si aquí se ha legislado en 24 horas algunos temas. De hecho, nosotros hemos estado en conversaciones y sabemos que Correos ha tenido disponibilidad para que las personas se mantengan en su casa y se inscriban previamente. Con mucha rapidez yo creo que podemos hacerlo. Uno abre un plazo de diez días para que se inscriban en una lista, se les lleva la cédula a la casa, marcan su preferencia y Correos se ha ofrecido para actuar como ministro de fe, como lo hacen en el caso del voto postal, y lo lleva al centro de votación".

Consultado sobre de quién depende un proyecto de ley al respecto, expuso que "debiera ser el Ejecutivo". Y añadió: "Nosotros tenemos hasta el 10 de septiembre y queremos solucionar este tema antes".

La moneda

Ayer, Patricio Santamaría; Raúl García, director nacional del Servel; y los consejeros de este servicio asistieron a La Moneda a una reunión con el presidente Sebastián Piñera, para analizar todos los elementos que aseguren el desarrollo de un plebiscito informado, participativo y seguro desde un punto de vista sanitario.

En la cita estuvo el ministro del Interior, Víctor Pérez, que después abordó la idea de Santamaría. "Llevar adelante una legislación para modificar aspectos sustanciales de nuestro sistema electoral a 60 o 65 días de un acto electoral, es absolutamente inviable y eso concordamos con el Servel", dijo.

Menos enfático fue el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, sostuvo que "la ley puede ser a lo mejor el mecanismo más fácil de llevar adelante; el tema es implementar ese procedimiento, porque el voto tiene que ser secreto, y nosotros tenemos un sistema electoral que ha funcionado de manera impecable durante los últimos años, donde incluso una diferencia de un voto por mesa no ha traído ninguna discusión".

"Por lo mismo -manifestó-, si vamos a avanzar en modificaciones de ese tipo, tienen que ser muy bien implementadas. Estamos a menos de 60 días del plebiscito y, por lo tanto, las dificultades son las que pueden poner cuesta arriba una implementación de ese tipo. El voto a distancia, el voto por correo, no existe en nuestra legislación y no ha existido nunca".

Cámara de diputados

Distinto piensa el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN), quien se abrió a agilizar la tramitación de un proyecto de ley que permita a los pacientes de covid-19 sufragar. Dijo que él apoyaría una iniciativa en ese sentido: "Es una buena intención que garantiza un derecho que está en nuestra Constitución y nosotros somos los primeros en deber garantizar aquello a todos los ciudadanos el 25 de octubre". Planteó que "estamos a tiempo de implementarla" y por esto afirmó: "Si requiere cualquier urgencia de tramitación en el Congreso, nosotros podemos legislar de lunes a domingo y no tendremos problemas en hacerlo para poder organizar aquello".

A su juicio, ha habido antes buena disposición del Ejecutivo y este "podría estar abierto a cualquier iniciativa, aún irrogando gasto, porque tenemos que garantizar el derecho".

Desde este miércoles comenzó a regir la Ley 21.214 -conocida como "Educación sin Dicom" o "Chao Dicom"-, que elimina del registro de sistema de deudas comerciales, morosas o impagas cualquier deuda contraída para estudiar, desde la educación preescolar a la superior. Asimismo, prohíbe que se informen las deudas contraídas con fines educacionales.

"Ha sido un largo camino por hacer justicia a miles de estudiantes y familias que se han visto retenidos en Dicom por deudas de estudio", expresó la senadora Provoste, autora de la propuesta.

De igual manera, la parlamentaria DC destacó el cumplimiento del último trámite legal de la iniciativa parlamentaria a más de un año de su presentación. "Estoy convencida que la educación es un derecho y no es una industria y, por lo tanto, no puede moverse con los valores del neoliberalismo. En ese sentido, creemos que todos aquellos que han hecho un esfuerzo importante en materia educacional no pueden estar en los registros comerciales por morosidad, y que dicha situación signifique no acceder a otros beneficios sociales a lo largo de la vida", concluyó Yasna Provoste.

Defensa deudores

Según explica el abogado y socio fundador de Defensadeudores.cl, Ricardo Ibáñez, esta normativa prohíbe que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles, por ejemplo, etapa preescolar o universitaria, ya sea contraída con el banco o directamente con el centro educacional.

Sin embargo, el profesional aclaró que aunque ya no se encuentren en Dicom, las personas que tienen deudas en educación siguen manteniendo este compromiso y, por lo tanto, pueden verse expuestas a llamados de cobranza y también a acciones judiciales, siendo demandados por su acreedor.

"En el caso de créditos como el CAE o Fondo Solidario el banco o Tesorería General de la República al iniciar un juicio de cobranza en contra del deudor puede solicitar que sean embargados montos de su devolución de impuestos. De esta manera, todo el dinero que se produzca por este motivo será retenido y entregado al acreedor que corresponda, hasta pagarse la totalidad de lo adeudado", puntualizó Ibáñez.

Agregó que con el objetivo de extinguir esta obligación y otras deudas que ya no les es posible cubrir con sus ingresos, existen casos en que personas se han acogido a la liquidación voluntaria o quiebra, procedimiento que contempla la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento (Ley N° 20.720). En agosto la Corte Suprema, en forma inédita, ordenó eliminar las deudas del CAE y Fondo Solidario de dos mujeres que se acogieron a la liquidación voluntaria y que fueron representadas por Defensa Deudores.