Arcas fiscales del país
Se ha promovido con insistencia el aumento del Ingreso Familiar de Emergencia, lo que puede ser válido, pero que debe ser visto bajo la idea de escenarios más catastróficos que el actual. Es indispensable pensar que hoy vivimos un mal momento, pero que puede empeorar dada la incertidumbre por el coronavirus e imponderables que pueden generar un inevitable gasto fiscal.
Durante el estallido social una de las grandes discordias era de cuánto podía abrirse la billetera fiscal para calmar lo que sucedía en las calles, lo que colocaba una presión insistente en el Ministerio de Hacienda, que repetía a calco que había que cuidar el gasto colocándose en una posición incómoda. Y es que se corre el riesgo de recibir decenas de apelativos de parte de sectores políticos y gremiales, unos con buena intención de darle un mejor pasar a los chilenos y otros con afanes populistas de decir que están al lado de los más débiles, sin sopesar que en esas instancias la racionalidad debe pesar.
El ministro Ignacio Briones no se movió, en lo general, dentro de su tesis, promoviendo una mirada a largo plazo y, al parecer el tiempo le dio la razón. La llegada del covid-19 vuelve a golpear la economía, lo que ha motivado la entrega de bonos y subsidios, siendo el del Ingreso Familiar de Emergencia el más controversial. Desde la oposición piden subirlo, mientras que el Gobierno insiste en cuadrar la caja para afrontar la pandemia.
Buenas razones hay para dar más dinero a los sectores vulnerables, pero no podemos volver a un punto que parece difícil de entender: Chile no tiene los mismos recursos que otros países.
Es indispensable pensar que hoy tenemos un momento que es malo, pero que puede ser peor a futuro. No sabemos cómo seguirá influyendo el covid-19 en la economía y tampoco sabemos qué va a suceder con el país cuando ocurran otros imponderables. Sin ser alarmistas, podemos decir que Chile es un país sísmico y ante un eventual terremoto se podría volver a recurrir a fondos fiscales, cuya cuantificación es un misterio. Solo en el terremoto del 27F y solo contando la infraestructura pública y privada, el país tuvo una pérdida de $21.000 millones. La tarea es llegar a todos los sectores con los beneficios que entrega el Estado y es de esperar que todas las pymes sean salvadas, pero también hay que ir paso a paso, con cautela porque el país no tiene recursos infinitos, aunque ciertamente hay sectores como los mismos políticos que deben sumarse a la tarea. La rebaja en la dieta parlamentaria ha sido un proceso lamentable y cuesta creer que el Consejo de Alta Dirección Pública deba definir cuánto es el monto abriendo un abanico de opciones, que contrasta con la única opción que tienen parte de sus electores como es recurrir al seguro de cesantía mediante la Ley de Protección del Empleo.