"Mayoritariamente la están usando pequeñas y medianas empresas. Aquí mayoritariamente no vemos un abuso de la ley"
María José Zaldívar — Ministra del Trabajo
"Es difícil explicar cómo se puede concurrir a un mall, pero no a votar"
Izkia Siches
Presidenta del Colegio Médico
La oposición valoró ayer la salida de Francisco Labbé de la dirección del Instituto Nacional de Estadísticas, pero exigió al responsable de organismo, el ministro de Economía, Pablo Longueira, que entregue explicaciones por las acusaciones de manipulación de los datos del Censo 2012 y por otros instrumentos cuestionados.
Por su estado de "ilegales" el Arco del Triunfo y la estatua dorada de Pedro León Gallo serán retirados durante los trabajos que realizará el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en el Parque Kaukari y en Alameda Manuel Antonio Matta. El alcalde de Copiapó, Marcos López primero aclaró que las estatuas están "ilegalmente" instaladas.
Por unanimidad de sus integrantes, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió la reclamación interpuesta por Andes Iron en contra el Comité de Ministros por el rechazo del proyectominero-portuario Dominga. La repartición judicial ordenó retrotraer el procedimiento de evaluación,lo que obligará a una nueva votación.
La estandarización de protocolos para el funcionamiento del comercio llamado como "esencial" parece haber funcionado en Atacama y el país, aunque con los inevitables detalles. En cuanto a reclamos, no parece haber al menos de forma masiva, aunque para ser prolijo y celoso -como debe ser en una epidemia- no todo se ha aplicado, específicamente en el cuidado de manos de los usuarios. Si bien guardias echan elementos a la entrada en la supermercados, por ejemplo, a la salida esto no ocurre al menos en Copiapó. Pero asunto distinto es el llamado comercio "no esencial", donde estandarizar medidas puede ser mucho menos rápido, lo que puede derivar en graves errores de aplicación producto de la falta de concordancia y la aparición de ciertos actos de condescendencia, que pueden ser un riesgo.
En Las Condes, el municipio anunció la apertura del Mall Apumanque con un plan piloto estricto. Alarmas de distanciamiento social, la prohibición de pagar con tarjeta y el impedimento de probarse las ropas, forman parte de las medidas que pueden funcionar perfectamente en esa comuna, pero que dejan dudas si pueden aplicarse en Copiapó, por ejemplo.
Actualmente en el centro de la capital regional ya hay grandes tiendas abiertas, donde hay protocolos más flexibles respecto a Las Condes, como la posibilidad de probarse ropa sin que la Autoridad Sanitaria se manifieste al respecto, lo que puede ser controversial dado que aún no se conoce a ciencia cierta la duración del coronavirus en estas superficies.
En cuanto al uso de efectivo, no es una modalidad aplicable a todo el comercio copiapino, donde aún quedan tiendas que no tienen la opción de pagar con tarjeta y que actualmente tienen la posibilidad cierta de sacar el sistema, dadas las bajas ventas. Las alarmas de distanciamiento social parecen ser una idea que habría que preguntar si es aplicable a la realidad regional.
Citando estos casos, sería bueno saber la opinión del Ministerio de Economía respecto a si es posible una estandarización o al menos llegar a ciertos puntos comunes. Si no fuera el caso, estaríamos ante un eventual conflicto sanitario, promovido por el criterio de un alcalde o de determinada tienda en determinada ciudad. ¿Qué dirá el Ministerio de Salud?
Durante este último tiempo, el país se ha enfrentado a un desafío sin precedentes en materia sanitaria, lo que ha perjudicado peligrosamente el bolsillo de los chilenos y chilenas. Sin embargo, estamos en una etapa crucial en materia socioeconómica que aún desconocemos, por ende, el Presidente Piñera ha encomendado estar atentos para poder reaccionar de manera anticipada con medidas que puedan amortiguar los ingresos de las familias a nivel nacional y regional. De esta manera, como gobierno hemos puesto a disposición una serie de medidas enfocadas a la protección de los ingresos de los hogares, sobre todo los más vulnerables. Es así como avanzamos en la expedita tramitación del pago del bono COVID-19, el cual comenzó a pagarse el 17 de abril y que permitido entregar un aporte de al menos $50.000 a 16 mil hogares de la Región de Atacama, los cuales no poseen ingresos formales pertenecientes al 60% más vulnerable de Chile o bien que vivan en situación de extrema pobreza estando bajo el alero del subsistema Seguridades y Oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Asimismo, hace algunos días se abrió la postulación al Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) por medio de la página web www.ingresominimo.cl y, presencialmente, a través de las oficinas de Chile Atiende. Esto traerá una ayuda a más de 8 mil trabajadores y trabajadoras de la región, entregando $59.200 para quienes ganaban el salario mínimo vigente hasta el 29 de febrero de este año, de $301.000 brutos.
Debemos estar consistentes que aún no conocemos las reales consecuencias socioeconómicas que dejará la pandemia. Por ello, se ha ingresado al Congreso un proyecto de ley que buscará entregar un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a los hogares mayoritariamente informales más afectados por el COVID-19.
Esta nueva bonificación, beneficiará a familias pertenecientes hasta el 60% más vulnerable de Chile durante la emergencia y cuya fuente de ingresos sea mayoritariamente informal. El pago será de $260.000 para una familia de 4 personas que integre un hogar perteneciente al 40% más vulnerable de Chile durante la emergencia y cuya fuente de ingresos sea informal o formal pero de baja cuantía. En el caso de Atacama, serán cerca de 35 mil los hogares beneficiados, y el monto dependerá del tamaño del hogar y de la situación socioeconómica de la familia, disminuyendo a menor vulnerabilidad o a mayor porcentaje de ingresos formales en el hogar (siempre considerando hogares mayoritariamente informales). El beneficio durará tres meses.Primer mes corresponderá al 100% del monto, y segundo y tercer mes a 85 y 70%, respectivamente.
Luis Morales Vergara
Seremi de Desarrollo Social y Familia