Hoy estamos más convencidos de la posición que tuvimos a poco de comenzar la crisis social que estamos experimentando, es decir, el proceso de descentralización política, administrativa y fiscal en desarrollo es un importante componente del conjunto de respuestas que debe dar nuestro sistema político a las masivas demanda ciudadanas, y por ello debe desarrollarse con decisión, claridad y recursos. Las desigualdades sociales generalmente se agravan cuando se encuentran con los territorios.

La encuesta CEP recién conocida indica que la estructura política, léase Presidente de la República, parlamentarios y partidos políticos están en los niveles históricamente más bajos en la aceptación de la ciudadanía. Sin embargo también hay señales alentadoras, por ejemplo la valoración de la democracia como forma de gobierno que sube a un 64%. Es decir, la gente cree y valora la democracia, pero no a los políticos. ¿Cómo podemos revertir esta mala valoración? Dejando de hacer lo que hemos hecho siempre, como algo normalizado: acumular y concentrar el poder político en las autoridades de gobierno y representantes electos. ¿Cómo? Cambiando el régimen presidencialista absoluto por uno que distribuya el poder del ejecutivo en más autoridades. ¿Cómo? Distribuyendo poder a los territorios (regiones) para que elijan democráticamente al gobernador regional y junto al consejo regional (ya elegido democráticamente) gobiernen las regiones. Esto último, la elección democrática del gobernador regional, también influirá en el reencausar a sus límites naturales el poder de los legisladores, quienes deberán avocarse a su función propia: legislar y no a extender su influencia a las decisiones de los gobiernos regionales.

Acelerar con claridad y decisión el proceso descentralizador, ya diseñado constitucional y legalmente, es una de las tareas más urgente para responder las demandas ciudadanas. Es necesario dictar los reglamentos necesarios para el proceso de transferencias de competencias, es necesario legislar sobre la descentralización fiscal, esto es, los recursos para las regiones, los recursos con que contarán los gobiernos regionales democráticos y descentralizados. Es necesario y urgente sacar el conocimiento del proceso descentralizador de las elites y difundirlo en toda la comunidad, a todos los habitantes de la región, a todos los funcionarios públicos regionales y municipales.

Además, todo este proceso descentralizador se enfrenta al diseño de la reforma o aprobación de una nueva constitución política. ¿Qué pasará con las normas constitucionales que actualmente diseñan los gobiernos regionales y sus autoridades? No hay duda, es la gran oportunidad para mejorar ese diseño. De ello, escribiremos en una próxima columna.

Mario Maturana Claro

Presidente Capítulo Regional Fundación Chile Descentralizado…Desarrollado

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