¿Es realmente transitorio el empleo a contrata en el Estado chileno? A primera vista, la respuesta parece obvia: sí. El Estatuto Administrativo lo define como un empleo de carácter transitorio. Sin embargo, la realidad ha comenzado a contar otra historia.

Desde hace ya varios años, tanto la jurisprudencia administrativa como la judicial han reconocido -con ciertos matices- la aplicación del principio de confianza legítima en el empleo público. ¿Qué significa esto? Que cuando un funcionario a contrata ha permanecido por más de dos años en la administración (según la Contraloría General de la República) o cinco años (según la Corte Suprema), se configura una expectativa legítima de continuidad laboral.

Este principio no es solo un tecnicismo legal. Representa una barrera frente a la discrecionalidad de la autoridad. Un funcionario que cumple con los años señalados no puede ser desvinculado arbitrariamente: su remoción exige un proceso de calificación o sumario administrativo con sanción de destitución.

Los números hablan por sí solos. Un estudio reciente de la Fundación Horizonte reveló que, al 30 de septiembre de 2024, el 44,3% de los empleados públicos -más de 325 mil personas- trabajan a contrata. De ellos, 239 mil ya tendrían derecho a la "confianza legítima" según la CGR, y 174 mil según la Corte Suprema. Es decir, un 73,6% y un 53,7% respectivamente, cumplen con el tiempo requerido. ¿Puede entonces seguir considerándose esta forma de empleo como transitoria?

No es solo una discusión legal, es una cuestión de justicia laboral. Estos trabajadores sostienen gran parte del aparato público chileno y, sin embargo, enfrentan año a año la incertidumbre de su renovación.

La confianza legítima ha dejado de ser una excepción para convertirse en la regla.

Por eso, urge repensar la estructura del empleo público y avanzar hacia una reforma que elimine la distinción artificial entre funcionarios de planta y a contrata, integrando a estos últimos como parte de la dotación permanente del Estado. Porque no se trata solo de estabilidad contractual, sino de dignidad, reconocimiento y coherencia institucional.

Hace unas semanas la Contraloría General de la República tomó razón del reglamento de la ley 21.172, conocida como "Chao cables". Esto permite tener un marco normativo y técnico para exigir a las empresas operadoras que identifiquen sus redes y retiren aquellos cables que se encuentren en desuso. Esta ley estaba promulgada desde agosto de 2019, pero durante 5 años y medio no había podido aplicarse por la falta de la reglamentación que detallara la forma cómo operará este plan.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones oficiará a los operadores para requerir el levantamiento con la identificación de los elementos que están en desuso. La misma información se requerirá a las autoridades regionales y comunales, como también la ciudadanía podrá informar las zonas que se encuentran afectadas por la maraña de cables que generan contaminación visual. De esta manera, se podrán establecer planes anuales de retiro progresivos de cables, que deberán ser autorizados por ese organismo.

Con anterioridad, las autoridades del sector habían indicado que el retraso se debió a que se instalaron mesas de trabajo con diversos organismos, incluyendo a las municipalidades, que son muy relevantes para generar las primeras labores de retiro de cables inertes, pese a las complicaciones que tenía hacerlo sin contar con un reglamento. Por ello, la legislación las dotará de mayores herramientas.

La ley general de telecomunicaciones reconoce que el tendido o cruce de líneas aéreas en calles, plazas, parques, miradores, caminos y otros bienes nacionales de uso público, como son las postaciones, no deben perjudicar el uso principal de estos bienes, debiendo para ello cumplir las normas técnicas y reglamentarias. De ahí que se elaboró la Ley, que podrá operar ahora que el respectivo reglamento ha sido visado por la Contraloría y que regirá tanto para los tendidos aéreos como para los subterráneos.