El Gobierno reiteró ayer su llamado para que la Comisión del Trabajo del Senado, que se reunirá mañana para revisar el informe del Comité Técnico relativo al proyecto de reforma de pensiones, pueda votar dicha iniciativa antes del 31 de julio. Esto coincide con el ingreso de cinco proyectos de retiros de fondos de pensiones por parte de diferentes legisladores.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, expuso que "tenemos un acuerdo parcial que propuso algunos temas la Comisión Técnica, y lo que esperamos es que, luego de que se exponga este miércoles en el Senado por parte de la Comisión Técnica, se ponga en votación".

"Queremos pedir humildemente de nuevo a la oposición, que tiene la mayoría en el Congreso Nacional, y que es la que define si se vota o no este proyecto de ley: tenemos una responsabilidad pública en esto, muy importante, con las personas que están en sus casas, esperamos que se vote", agregó.

Retiros vuelven a asomar

Paralelamente, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados revisará hoy cinco proyectos que proponen un nuevo retiro de fondos de pensiones, luego de que fueran aprobados tres y rechazados otros tres desde 2020, y la ministra Jara adelantó que el Gobierno no apoyará tales iniciativas.

El diputado y miembro de la citada comisión, Jorge Alessandri (UDI), mostró su rechazo a estas iniciativas: "Los retiros trajeron inflación, alza de tasas en los créditos hipotecarios, tuvieron un impacto muy negativo en las personas que fueron jubilando en estos cinco años y en los que van a jubilar en los años que vienen. Fueron la peor política pública de los últimos 50 años para nuestra economía".

Marcos Ilabaca (PS), también miembro de dicho comité, indicó que "si bien mi postura respecto a los retiros ha sido siempre la de apoyarlos, creo que tal cual ha ocurrido en los últimos, la situación de este proceso es de incertidumbre, y es muy difícil que pueda pasar incluso la valla de la comisión".

El ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmó que la nueva cárcel de máxima seguridad anunciada por el Presidente Gabriel Boric como parte de las nuevas medidas contra la delincuencia, será construida en la comuna de Santiago, pese al rechazo que han mostrado vecinos de esa comuna encabezados por la alcaldesa Irací Hassler, quien mantiene su posición contraria a este emplazamiento.

Cordero reveló ayer que "acabo de firmar el oficio dirigido al Ministerio de Vivienda que tiene por propósito hacer efectiva la atribución conferida por la Ley 21.636 aprobada por el Congreso en noviembre del año pasado y que el Ejecutivo presentó en junio del año 2023, con el propósito de ampliar establecimientos penitenciarios".

Cordero precisó que "por razones de seguridad pública, entre otras, ha ejercido dicha atribución con el propósito de ampliar el Penal Santiago I hacia los predios que se encuentran en la actualidad destinados a Gendarmería en la esquina de Club Hípico -y adquirido el año 2011 con ese fin-, y en segundo lugar al de Instituto de Desarrollo e Investigación del Ejército que está en esa zona".

La alcaldesa Hassler (PC) criticó nuevamente esta posibilidad, ahora con la decisión tomada: "Nuestro sector ya alberga el mayor complejo carcelario del país, tenemos cerca del 20% de la población penal de Chile".

Hassler añadió que "las políticas deben ser coherentes: no puede ser que queramos más seguridad para la capital de nuestro país pero no exista una posibilidad de instalar una cárcel que afectaría más aún a todas las externalidades que ya sufren los vecinos del sector de Pedro Montt".

Respecto de esta postura, el ministro Cordero dijo a radio Cooperativa que "es evidente que los alcaldes defienden los intereses locales, si en eso no cabe ninguna duda, y a mí me parece que la reacción de la alcaldesa Hassler, como de cualquier alcalde respecto a este caso, es completamente comprensible, pero la obligación que nosotros tenemos como Ministerio de Justicia es proveer de una infraestructura para el país respecto a este tipo de instituciones. De lo contrario el sistema de justicia no puede cumplir su propósito".

El anuncio fue apoyado por parlamentarios oficialistas y de oposición. La diputada Camila Flores (RN) dijo que "vamos a respaldar al Gobierno con esta decisión: estos terrenos no se les puede dar una naturaleza de comités de vivienda ni de otras características".

La senadora Paulina Vodanovic (PS), afirmó que "ese barrio ya tiene toda la infraestructura, se están construyendo instalaciones nuevas del Servicio Médico Legal también en las inmediaciones, está el Centro de Detención Preventiva, por lo tanto, lo lógico es que se utilice todas estas condiciones para que se establezca también este penal de alta peligrosidad".

Estado de excepción

En otro punto que se ha tratado en torno a la crisis de seguridad que enfrenta el país, la directiva Demócratas se reunió ayer con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para entregarle propuestas al respecto.

Tras la cita, la presidenta del partido, Ximena Rincón, señaló que "hemos promovido que hay que ocupar las herramientas que se tienen y, en ese contexto, le hemos pedido al subsecretario que le transmita al Presidente de la República la solicitud de nuestras bancadas de usar el estado de excepción de emergencia".

Esta idea fue apoyada por la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, quien también se reunió con Monsalve y dijo que el subsecretario reconoció que este tema necesita urgencia, "pero no cualquier solución o declaración resuelve los problemas de los chilenos y ese es el espíritu que han mostrado estos alcaldes".