En el último día del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera se firmó un proyecto de ley que permitía crear la Pensión Garantizada Universal (PGU). Una de las fuentes de financiamiento para este beneficio, contemplaba el aumento de los valores de las concesiones mineras, tanto para la exploración como la explotación.

Esto presentará un posible problema el próximo año, cuando las mineras deban pagar la renovación de las concesiones. Esto podría significar que, para los municipios mineros que reciben estos dineros, vean una detrimento en sus ingresos.

Para varios abogados del área, este aumento, que llegará hasta ocho veces el valor actual, va a significar que medianos y pequeños mineros deban entregar sus tierras a remate, tal vez expandiendo aún más la influencia de las grandes mineras.

Palabra de la ley

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un beneficio del Estado que reemplaza a la Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBSV) y al Aporte Previsional Solidario de Vejez (Pilar Solidario), cuyo pago mensual está a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS).

"Estamos dando un gran paso adelante para tratar a nuestros adultos mayores con mayor dignidad, con mayor cariño, con mayor gratitud y avanzar en nuestro compromiso como Gobierno de mejorar la vida de los adultos mayores a través de muchas iniciativas", dijo Piñera en ese entonces.

En cuanto a su financiamiento, la ley establece una "modernización del sistema de concesiones mineras", como dijo en su minuto el otrora ministro de Hacienda Rodrigo Cerda, frente a la Comisión de Minería del Senado.

Según la ley 21.420, que es la que rige esta nueva modificación, las concesiones de exploración no se pueden mantener por más de cuatro años y la pueden volver a solicitar solo si se ha entregado información de exploración, que tiene que pasar por Serneagomin, y ahora no la podría renovar ni un familiar del anterior dueño ni un socio de la empresa.

"El titular de una concesión de explotación deberá remitir al Servicio, cada dos años, un reporte con toda la información geológica que hubiere obtenido de los trabajos de exploración realizados durante dicho período", establece la ley.

Las concesiones de explotación, para ser renovadas, tendrán que estar siendo explotadas. Los valores pasarán de 0,10 UTM a 0,40 UTM por hectárea, algo que varias voces al interior del rubro consideran excesivo.

"La concesión de exploración tendrá una duración de cuatro años, contados desde que se dicte la sentencia que la declare constituida. No obstante, antes de su expiración, el titular podrá solicitar, por una única vez, su prórroga por otro periodo de hasta cuatro años, contado desde el término del primero. Para ejercer este derecho, dentro de los primeros seis meses del último año de su concesión, el titular deberá presentar al Servicio un reporte con toda la información geológica obtenida en los trabajos de exploración que hayan sido realizados durante la vigencia de su concesión y que acredite, por tanto, su realización", se puede leer en el nuevo reglamento.

Algo que se especula, pero no hay claridad, es cómo podría afectar esto a los municipios que reciben los pagos de las patentes.

Quejas legales

Una de las quejas más consistentes desde el mundo legal de las mineras es que esta nueva modificación causará que menos mineras quieran invertir en exploración, dado el mayor costo de mantener los terrenos para este motivo, además de que no todos los proyectos pueden ser concretados en los tiempos que establece la ley.

Dicen que, cuatro años con renovación, es un plazo muy corto en los tiempos de la minería, además de tener que reportar cada dos años es una demanda con demasiada carga, porque no todos los paños de terreno dan resultados en las exploraciones en ese plazo, por lo que no siempre tendrían cosas para reportar a las autoridades.

"Otro de los problemas que veo es el alza sostenida en los valores de las patentes mineras. El aumento es progresivo que va desde lo que es hoy que es 1/10 UTM por hectárea anual a 12 UTM por hectárea anual, que será el valor final al año 2031, harán que existan renuncias de propiedad minera o el desincentivo de pedir nuevas", dice Winston Alburquenque, profesor del magister de Minería de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Otro de los problemas que ve el académico es la "realización efectiva de remates, los cuales durante muchos años algunos juzgados no realizaron remates por el estado de catástrofe que ha tenido la Región de Atacama. Sin embargo, hoy los remates se están efectuando y declarando terreno franco las concesiones mineras. Por lo tanto, obliga a tener las concesiones con las patentes mineras al día con los nuevos valores", dice.

Y en tercer lugar, cree que la inversión minera bajará debido a que "se generaron cortapisas para la utilización de las concesiones mineras para afectar a proyectos, restricciones al ejercicio de la acción de denuncia de obra nueva, lo que hace que ya no se pidan concesiones mineras para proteger obras de infraestructura", finaliza.

Voces pirquineras

Joel Carrizo, presidente del Sindicato de Pirquineros de Tierra Amarilla, asegura que esto afectará fuertemente a los pequeños y medianos mineros, puesto que el aumento de los valores de paños por hectárea hará que sea imposible para muchos el mantener las concesiones.

"El pago nos va a subir hasta cuatro veces, y la concesión tiene que estar en uso. Entonces, esto afecta a la pequeña, mediana y gran minería, incluso a las minas que están en manos del Estado. Codelco tiene el 50% de la propiedad minera de la gran minería. Enami tiene 3.400 hectáreas, que es un brutalidad. Y esa es plata que se paga el Estado a sí mismo", dice Carrizo.

Asegura que los más afecta-

"Se generaron cortapisas para la utilización de las concesiones mineras para afectar a proyectos, restricciones al ejercicio de la acción de denuncia de obra nueva, lo que hace que ya no se pidan concesiones mineras para proteger obras de infraestructura".

Winston Alburquenque, Profesor de Derecho Minero PUC