Usurpaciones
Nuestro ordenamiento jurídico contiene normas y procedimientos que sancionan desde la amenaza o perturbación de la propiedad hasta ser privado de ella. Estas contrastan con la compleja realidad que viven las víctimas de estas usurpaciones, no por la ausencia de legislación, sino por su ineficacia. En efecto, una persona víctima de una usurpación denunciará el hecho a la autoridad; sin embargo, será en vano por lo bajo de las penas, ya que el delito se sanciona con la pena de multa, y también porque el Código Penal no faculta al juez a decretar el desalojo de la propiedad.
Para recuperarla, la víctima deberá iniciar una acción civil de precario, no sin antes identificar a los ocupantes -cosa que a veces es imposible por la cantidad de usurpadores-, luego solicitar al juez que ordene el desalojo y pagar a un receptor para que, con el auxilio de la fuerza pública, ejecute la orden. Todo lo anterior no garantiza que al día siguiente del desalojo, los mismos ocupantes vuelvan a tomarse la propiedad o tomen represalias en contra del legítimo dueño.
Y es que como las "tomas" están al margen de la ley y esta es ineficaz, ha llevado a que existan personas que se encargan de ocupar terrenos de manera irregular para luego lotearlos y vendérselos a las familias más vulnerables que por años esperan una solución habitacional por parte del Estado.
El alarmante aumento de casos de usurpaciones el 2021 que llevó al ministro del Interior de la época a señalar que se habían incrementado en un 688%, dio lugar a la presentación de un proyecto de ley que actualmente se encuentra aprobado por el Congreso, pero vetado, el que entrega más herramientas para reivindicar el derecho de las víctima de estas usurpaciones, pero sin dar solución a este fenómeno que se ve marcado por múltiples factores que el proyecto no contempla. Asimismo, la legítima defensa que autoriza el proyecto parece trasladar nuevamente el problema a las víctimas, incluso podría promover la violencia y la venganza privada.
Es urgente que se dé solución a este tipo de conductas, pero dicha solución debe ser acorde a los postulados de un Estado democrático de derecho, porque el remedio no puede ser peor que la enfermedad.
María Lorena Rossel Académica investigadora, carrera de Derecho UDLA
Seguridad y orden público
Es valorable que el Gobierno, a diferencia de lo ocurrido con el veto a la ley de usurpaciones, haya descartado recurrir al TC y haya decidido promulgar la ley que sanciona con cárcel el porte de combustible en el contexto de manifestaciones, a pesar de que buscaban sancionar sólo con una multa tal acción, al igual que el caso de las usurpaciones "no violentas".
Sin perjuicio de lo anterior, no deja de ser preocupante y condenable que todos los diputados del PC y el FA y algunos del Socialismo Democrático hayan votado en contra de la referida ley, alegando que "criminaliza la protesta social", siendo que no es así. A estas alturas, ni los mismos diputados oficialistas se creen tal disparate en su afán por avalar la violencia como herramienta política.
Lo deseable en democracia sería que todos los partidos políticos, si es que tienen algo de lealtad con la democracia, votaran a favor de leyes que resguarden el orden público y renunciaran expresamente a la violencia con fines políticos, ya que, de lo contrario, no se entiende que se constituyan como tales.
Adriano Ventura Cerisola Fundación para el Progreso
Inteligencia artificial
Sobre la inteligencia artificial, una buena noticia reciente: "Proyecto usará IA para facilitar trámites públicos a millones de chilenos". Qué alivio si así fuera, pues lo que a muchos nos afecta y se nos hace casi imposible es resolver todo vía internet, con su enorme complejidad y peor desarrollo para un uso masivo simple -excepto para quienes viven conectados-, sin reparar hasta aquí la enorme discriminación ejercida sobre muchos, especialmente gente mayor que no le interesa o que no puede manejar esta tecnología por diferentes razones.
Para peor, existe una ley que pretende modificar todo lo público hacia lo digital. ¿No será muy aventurero? Ya vemos el engolosinamiento en este ámbito en desarrollo, el cual ha sido precipitado y avasallador. Y como se señala, "uno de cada cinco chilenos (20%) no entiende la información que recibe desde el sistema público", y sin duda en el privado; entonces, se aconsejaría más cuidado, madurez y menos aventura a la hora de imponer estos sistemas masivamente.
José Manuel Caerols Silva
Crisis climática
Los eventos extremos propios del cambio climático se están generalizando. De allí que seis jóvenes portugueses, en el marco del Sistema Europeo de Derechos Humanos, han demandado a su país y a otros 32 Estados europeos, por las emisiones de gases de efecto invernadero.
Se trata de un hecho histórico para algunos por varias razones: es el primer caso contencioso que llega a un tribunal de derechos humanos, es una demanda presentada por jóvenes de entre 11 a 24 años y los demandantes invocan no sólo el Convenio Europeo de Derechos Humanos, sino normativa internacional ambiental para sostener las razones de derecho para demandar.
Esperamos con interés esta sentencia pionera que implicará que la litigación climática avance de escenarios puramente nacionales a arenas internacionales, donde los Estados pueden terminar siendo juzgados por sus inacciones frente a la crisis y las consecuencias que ellas conlleven a los derechos humanos.
Andrea Lucas Garín Directora Instituto de Investigación en Derecho, U. Autónoma de Chile
