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Certificado de salud mental para adultos mayores
Señor director:
Soy médico graduado hace 52 años y la mayor parte de estos años profesionales los he dedicado a la geriatría.
En el último tiempo he visto que para efectuar operaciones económicas se les exige a los mayores de 70 años presentar un certificado de estado mental.
Esta exigencia es arbitraria, abusiva, ofensiva y degradante. La edad no es sinónimo de disminución de capacidad mental y un certificado digital, fácilmente falsificado, puede servir para ocultar el dolo que pudiese haber en una transacción comercial.
Las estafas, robos, apropiaciones indebidas, aprovechamiento de vulnerabilidades se ven en todos los grupos de convivencia humana y frecuentemente en las familias, pero no tienen que ver con la edad, sino con falta de valores y ausencia de principios morales.
El artículo 1447 del Código Civil vigente establece incapacidades legales que no contemplan edad y el artículo 1016 del mismo código, referido a testamentos, establece la circunstancia de "hallarse en su entero juicio", confirmado con testigos. No existe esta norma para otra circunstancia, sin definir claramente estos términos.
En los años 2021 y 2022 hay resoluciones judiciales que prohíben específicamente a los notarios solicitar estos certificados, a pesar de lo cual lo siguen haciendo, lo que demuestra la falta de respeto por las disposiciones judiciales.
Como profesional que tiene atribuciones para extender estos certificados me resulta violento, porque si mi paciente no está enfermo se siente menoscabado/a al tener que recurrir a un médico para probarlo. Y, me ha ocurrido, que al confirmar una discapacidad no atribuible a la edad, sino a una enfermedad, he sido presionada para modificar el documento; o lo desechan y buscan otro profesional.
Si se evalúa defender la correcta comprensión de un contrato económico todas las partes deberían declarar que no saben de limitaciones en la voluntad de los participantes, asumiendo las sanciones si no es cierto y no ampararse en certificados que solo pueden dañar a personas mayores. Estos certificados ilegales solo sirven para avalar "irreprochable conducta" del resto de los participantes del negocio. Si la exigencia de este documento tuviera "buenos fines" habría que pedirlo a todos los mayores de 70 años, incluyendo senadores, diputados, expresidentes, presidentes y directores de grandes sociedades, rectores, académicos y un largo etcétera.
Dra. Helia Valencia, médico geriatra Universidad de Chile
Educación online y la debida atención de las autoridades
Mientras se discute un nuevo texto constitucional el Servicio de Información de Educación Superior (SIES) asegura que los institutos profesionales aumentaron nuevamente su matrícula (5,6%) concentrando en total a más de 419 mil alumnos.
Este hito histórico se suma a que el mayor incremento de los últimos años en el ingreso a carreras de pregrado (13,1% con respecto a 2022) se observa en los programas a distancia.
Con estos datos en mente, creo que es tiempo para que las autoridades asuman un rol más activo en torno a la educación online, potenciando y apoyando el trabajo que se realiza desde los institutos profesionales y centros de formación técnica.
La democratización del acceso a la enseñanza superior proviene justamente de la modalidad a distancia, que permite llegar a zonas remotas para capacitar al talento local evitando su migración a zonas urbanas alejadas.
Pese a ello, somos testigos de ofertas en la Web de cursos online de dudosa generación que no son fiscalizados. Algunos se presentan como "tiendas virtuales de enseñanza", reduciendo la educación al nivel de emporio de capacitaciones donde cualquiera puede dictar un curso, pues sólo necesita su entusiasmo.
La calidad, no se genera así. Sólo un cuidadoso plan académico, con docentes idóneos, una estrategia de enseñanza calificada por la CNA y sometida a controles internacionales, permite un contexto de enseñanza-aprendizaje adecuado.
Desde IACC invitamos a las demás instituciones que entregan educación a distancia a mantener una mirada crítica y llamar la atención cuando el panorama atenta contra los estudiantes en quienes centramos todo nuestro accionar y cuyas aspiraciones profesionales son nuestro mayor incentivo.
Raymond Rosal, rector Instituto Profesional IACC
Estar para aprender
Señor director:
Se terminan las vacaciones de invierno y se acerca el inicio de un segundo semestre académico que nos desafía, tanto al Estado como a la sociedad civil, a continuar recuperando los aprendizajes que se vieron perjudicados por la pandemia.
En el caso de las niñas y niños de educación parvularia, aparece muy fuerte el reto de lograr disminuir los niveles de inasistencia grave. Lo que iba por buen camino a comienzos de año se vio fuertemente perjudicado por el alza de virus respiratorios que afectó especialmente a los más pequeños.
Afortunadamente, hemos ido aprendiendo y acumulando experiencia que nos permite enfrentar con mayor preparación este desafío.
En Fundación Educacional Oportunidad sabemos que es clave monitorear la asistencia de cada niña y niño para contar con datos que permitan tomar decisiones oportunas y pertinentes. También sabemos lo fundamental que es contar con estrategias de promoción de la asistencia, así como también otras dirigidas a las niñas y niños con inasistencias reiteradas, siendo fundamental el vínculo con las familias.
La evidencia nos ha demostrado que es posible revertir el ausentismo. El llamado es a crear las condiciones y apoyos necesarios para que, en cada comunidad educativa, desde los primeros niveles de la trayectoria educativa y desde el primer día de clases del segundo semestre, se implementen acciones que hagan posible que todas las niñas y niños "estén para aprender" y de esta forma alcancen su máximo potencial.
Marcela Marzolo, directora ejecutiva Fundación Educacional Oportunidad