El "Caso convenios" entró al área judicial luego de que el martes Revolución Democrática (RD) presentara una querella y la Fiscalía encargara a la PDI allanar el domicilio que compartían la diputada del mencionado partido Catalina Pérez con su expareja Daniel Andrade, quien a su vez ingresó un escrito para ser parte del proceso en calidad de imputado, pues se le apunta como el principal responsable de los millonarios acuerdos entre la fundación Democracia Viva, que representa legalmente, y la seremi de Vivienda de Antofagasta cuando era dirigida por Carlos Contreras, ambos también militantes de RD.

Un nuevo paso en la arista judicial de este escándalo lo dio ayer el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien personalmente fue a la Fiscalía de Antofagasta a entregar datos que podrían ser relevantes para la indagatoria.

Montes conversó con el fiscal Cristián Aguilar y tras la cita contó que "hemos entregado tres archivadores con toda la información que nosotros tenemos, el conjunto de información necesaria para la investigación, los datos que tenemos de las obras que se están realizando acá".

"A nosotros no nos corresponde determinar qué es irregular o no, es un tema del fiscal. Nosotros hemos entregado toda la información necesaria, la han acogido como un apoyo, y hemos quedado con una línea directa para nuevas informaciones", apuntó el ministro.

"Resultado favorable"

En la víspera, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI llegó a la vivienda de Pérez en la comuna de Pedro Aguirre Cerda -que compartía con Andrade- preguntando por él.

El fiscal Aguilar aclaró que el allanamiento no estaba dirigido a la parlamentaria y que en uno de los domicilios "pudo obtenerse un resultado favorable, incautando un computador, un notebook y además un teléfono celular. No teníamos ningún antecedente de que se domicilio pudiera ser compartido o tener vinculación con la diputada Pérez".

Sin embargo, se mantiene abierta la arista política de este caso. Ayer la bancada UDI designó a los abogados Teresita Santa Cruz, Pablo Toloza y Carlos Oyarzún, para que recopilen por todo el país las informaciones que puedan proveer sus consejeros regionales y concejales y aportarlas a la investigación.

El diputado Juan Antonio Coloma advirtió que "al ministro Montes simplemente se le está acabando el tiempo. No basta con presentar apoyos en la Región de Antofagasta; se necesita transparentar todo lo que ocurrió en Chile. Uno se pregunta hasta dónde siguen trabajando en el ministerio personas que hipotéticamente hubiesen tenido un doble contrato. Es simplemente impresentable".

De acuerdo con una versión dada a conocer ayer por fuentes cercanas a la investigación de la Fiscalía, los datos recopilados por el ministro Montes no solo apuntan a Democracia Viva, sino también a la ONG Fundación para la Superación de la Pobreza, organización privada sin fines de lucro creada en 1994 cuyo fin es generar "mayores grados de equidad e integración social en el país que aseguren el desarrollo humano sustentable de las personas que hoy viven en situación de pobreza y exclusión social".

Según los datos recibidos por el fiscal Aguilar, durante 2022 esta fundación durante se adjudicó más de 500 millones de pesos para proyectos en solo tres meses. Entre las filas de la ONG en el pasado aparece Paz Fuica, concejala por la comuna, exencargada territorial de la diputada Pérez y quien trabajó de cerca con el exseremi Carlos Contreras.

La Fiscalía Nacional confirmó anoche que abrió una nueva investigación en el marco de la investigación que lleva adelante por el caso Democracia Viva.

Así lo informó el fiscal regional del Maule, Julio Contardo, quien afirmó que la nueva indagatoria también es de oficio, como en la Región de Antofagasta en el Caso Convenios, pero esta vez apunta a millonarios fondos que entregó la seremi de Vivienda del Maule a la fundación Urbanismo Social.

Según radio Biobío, en esa fundación trabajó hasta abril del año pasado como director jurídico Rodrigo Hernández, quien milita en Revolución Democrática y actualmente es el seremi de Vivienda de la Región del Maule.

Sólo entre octubre y diciembre de 2022, Urbanismo Social habría recibido 577 millones de pesos a través de ocho donaciones de la cartera.

"Confirmamos el inicio de una investigación de oficio a la luz de los antecedentes que ha recogido el Ministerio Público respecto de esta fundación, fundamentalmente radicado en estos antecedentes que aparecen de distintas publicaciones, medios de comunicación, redes sociales, y además de la propia confirmación que emana de un comunicado de la propia seremi de Vivienda del Maule", afirmó Contardo.

"La Fiscalía del Maule queda a disposición del fiscal (Cristian) Aguilar para los requerimientos que necesite y el avance de las investigaciones, fundamentalmente para esclarecer los hechos, que es lo que por cierto la comunidad le interesa", agregó Contardo y aclaró que "no hay otra arista que vincule a otras personas, sino el mismo modus operandi (que en Antofagasta)", por lo que los nuevos antecedentes fueron enviados al norte, donde ya está radicada la investigación "madre" por actos similares.