El diputado Andrés Longton (RN) dijo ayer que "vamos a asesorar a las familias para una eventual querella contra el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, precisamente por la muerte de Mía" Olivares, la niña de dos meses que falleció en San Antonio.

Si Araos "no es capaz de asumir su responsabilidad política, tendrá que enfrentarse a la justicia", afirmó Longton, argumentando que la denuncia sería contra el subsecretario porque "él estaba a cargo de la gestión de las camas críticas".

Ley mía

Su par Camila Flores, en compañía de familiares de niños fallecidos por virus sincicial, anunció la presentación del proyecto de Ley Mía "para que ningún niño en nuestro país tenga que morir porque no tiene una cama para ser atendido. Para que ningún bebé, como le pasó a Mía, que tuvieron que utilizar insumos para adultos porque no estaban preparados para atender a una pequeñita en un hospital público".

"Este es un Gobierno incompetente: aquí no solamente estamos hablando de negligencia, aquí sin duda alguna hay un cuasidelito de homicidio", puntualizó la diputada.

Flores fue acompañada por la madrina de la lactante fallecida, quien afirmó que "nos parece una falta de respeto hacia los padres cuando nos dijeron que la cama (crítica disponible) estaba en Arica, primero, después que estaba en Santiago, después en Reñaca... Viajamos por todo el país sin movernos de la cama del Hospital de San Antonio".

Luego recordó que al segundo día de internación "pedimos una cama donde fuera, si era hospital o clínica nos daba lo mismo. Ofrecimos que si no tenían traslado, nosotros costear el traslado de Mía. El director me dijo que no era un problema de recursos, lo que nos dejó con la sensación de que si no era un problema de recursos, ¿era un problema de gestión? Una gestión que no llegó".

El padre de la niña, Nicolás Olivares, agregó en Emol que iniciarán acciones legales.

Cruces de declaraciones y el reconocimiento de "un error" marcaron la jornada de ayer en La Moneda, donde los cuestionamientos al subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, llegaron hasta la comisión de Salud del Senado, a la que asistió junto a la ministra Ximena Aguilera. El tema era el proyecto de Ley corta de Isapres, pero fue postergado para hoy y la sesión finalmente trató sobre el fallecimiento de una lactante en San Antonio a causa del virus sincicial y una llamado que no se realizó a la Clínica Las Condes (CLC) por disponibilidad de camas. Los legisladores solicitaron el registro de llamadas del servicio para conseguir la cama crítica pediátrica, insistieron en que Araos debía renunciar y, como aquello no ocurrió, se anunció una acusación constitucional contra la jefa de cartera.

El jefe de bancada del Partido Republicano en la Cámara de Diputados, Benjamín Moreno, dijo al cierre de esta edición que "el subsecretario de Redes Asistenciales es un verdadero peligro para el sistema de salud, su permanencia no hace más que poner en riesgo a la población. Si el Presidente (Gabriel Boric) no está dispuesto a hacer su pega, es el Congreso el que está llamado a cumplir ese rol y hacer cumplir las responsabilidades".

Los legisladores presentarán una acusación constitucional "que se sustenta en dos cargos: una infracción grave al código sanitario y, segundo, una infracción a la Constitución del artículo 19, del derecho a la integridad física y psíquica de las personas", señaló Moreno.

Antes, el presidente de la comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), pidió a la ministra y a Araos "recuperar la confianza ciudadana y la gobernabilidad en materia de salud, porque si hay algo que en tiempos de brote pandémico o epidémico es clave, es que haya un mando centralizado que dirija, que ordene, que sea confiable".

Esto, luego de que Aguilera, al ser consultada el domingo por la muerte de la lactante -ocurrido hace una semana-, afirmara que no se llamó a CLC por un tema contractual que más tarde Contraloría desmintió. A los minutos, el Ministerio de Salud publicó que se trató de una "confusión involuntaria".

Sin embargo, el jueves, Araos había dicho en CNN que "hemos derivado pacientes a esa clínica" en la Región Metropolitana, debido a la emergencia sanitaria. El viernes, el director médico de la CLC, Rodrigo Mardones, negó haber recibido pacientes del servicio público.

Araos dijo ayer en el Senado que "en el análisis preliminar (sobre el caso de la niña de San Antonio) en las gestiones que se realizaron en el caso particular, no existió registro de una llamada a la Clínica las Condes, es por eso que hemos instruido la investigación, y evaluaremos las medidas".

Por esto, "se instruyó una investigación sumaria y una auditoría", indicó la autoridad, junto con que "quiero ser muy responsable a través de la institucionalidad y que se investigue".

Castro pidió las grabaciones de las llamadas realizadas desde el hospital a otros centros asistenciales solicitando una cama crítica pediátrica.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo antes en ADN Radio que "cuando se hicieron los contactos con las distintas clínicas se incurrió en un error, en el sentido de no haber llamado a la Clínica Las Condes, porque, si bien hay un fallo del TC, cuando hay emergencias, ese tipo de restricciones se pueden pasar por alto".