Redacción
El Primer Tribunal Ambiental (1TA) resolvió admitir a trámite la demanda por daño al medioambiente ingresada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de la Compañía Minera Ojos del Salado y Lundin Mining por el desplome de material que se produjo en la Mina Alcaparrosa lo que provocó un socavón de 36 metros de diámetro en la comuna de Tierra Amarilla.
La acción judicial radica en lo que eventualmente sería el daño producido en la base del acuífero del río Copiapó por la extracción de mineral, que a juicio del CDE sería una "sobreexplotación de la faena al sobrepasar las tasas de extracción autorizadas ambientalmente lo que produjo la pérdida de la capacidad del acuífero del Río Copiapó y la disponibilidad hídrica", según informó el tribunal.
El 1TA, además, ofició a diversos servicios públicos para que en un plazo de tres días entreguen información que se estima necesaria para evaluar la pertinencia de medida cautelar solicitada por el CDE.
La solicitud del Consejo dice relación con que el 1TA decrete la suspensión temporal y provisional de las faenas mineras del proyecto mientras dure el juicio y que sólo se permita la ejecución de otras medidas cautelares que ha ordenado la Superintendencia del Medio Ambiente y otros órganos con competencia ambiental.
Los servicios oficiados y en definitiva requeridos de información por el 1TA son la Superintendencia del Medio Ambiente, Sernageomin , la Dirección General de Aguas y el Ministerio de Minería para que den cuenta de las medidas decretadas, procesos de fiscalización, entre otros.
Demanda
"Las acciones de MINOSAL (Minera Ojos del Salado) se ejecutaron a sabiendas de que se trataba de faenas no evaluadas ambientalmente ubicadas en un sector sensible hidrogeológicamente, siendo causa directa del colapso de la base del acuífero y la modificación de la estructura hidrogeológica del mismo (…)", aseguró el Consejo de Defensa del Estado en su demanda.
En lo que tiene que ver con la explotación por sobre lo permitido esta se llevó a cabo en la faena Caserón Gaby 4 que se ubica al interior del proyecto minero "Continuidad Operacional Mina Alcalparrosa."
En el escrito se establece que "queda en evidencia que el titular del proyecto conocía en detalle las características hidrogeológicas del área de emplazamiento de la actividad. Del mismo modo, revela el conocimiento que las demandadas tenían del riesgo que representaba el Proyecto para la disponibilidad de recursos hidrogeológicos (aguas subterráneas), el cual fue debidamente advertido durante la etapa de evaluación ambiental, del que se desprenden deberes de cuidado a las que eran obligadas y que se examinarán en su oportunidad". Para el Consejo hubo una evidente negligencia de las empresas a las que está demandando en tanto, afirma "[…] que a fin de aumentar sus márgenes de ganancia fueron más allá de lo autorizado ambientalmente en la faena minera y terminaron generando el daño ambiental irreparable".
Alcalde
A través de una declaración pública, el alcalde de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, reaccionó a la medida. "Es tiempo de justicia para Tierra Amarilla, tiempo de que esta empresa empece a funcionar de una forma ética y responsable con la comunidad y el medio ambiente y es lo que todos esperamos de una verdadera minería sustentable", comentó.
Luego agregó que "esperamos que esta vez el Consejo de Defensa del Estado pueda trabajar junto con la comunidad, junto con la municipalidad, para que cualquier compensación o retribución al daño generado en nuestra comuna quede en nuestra comuna, en beneficio de nuestra comunidad, y no se vaya ni a Santiago ni a ninguna otra comuna a las cuales no corresponde. Esperamos que esto se haga con la mayor transparencia de cara a la comunidad y no entre cuatro paredes donde minera y Consejo de Defensa del Estado definan cuál va a ser la reparación o cuál va a ser la finalidad de esta acción legal".
Minera
Al respecto, la minera dijo que "estudiará los antecedentes una vez que sea formalmente notificada y definirá los cursos de acción".
