Correo
Crisis migratoria
El debate migratorio se ha tomado la agenda, debido a los altos flujos clandestinos, los problemas en materia de vivienda y acceso a servicios, y los temas de seguridad, donde los migrantes representan el 13% de la población carcelaria, entre otros. En la interpelación a la ministra Tohá se plantearon estos temas, pero prefirió responder con un control fronterizo que no va de la mano con las denuncias de la PDI de ingresos clandestinos, donde la proyección para este 2023 es que ingresen menos de 40 mil extranjeros sin presentar sus antecedentes penales. Lamentablemente, la ministra dejó claro que estaban contentos por sólo registrar a quien entra ilegalmente y dar la mayor cantidad de visas posibles.
En ese sentido, hubiera sido importante que respondiera las preguntas del diputado Longton sobre la voluntad real de controlar fronteras cuando funcionarios del Ministerio del Interior han sido arrestados por traficar migrantes en la frontera con Bolivia, han celebrado cuando logran evitar expulsiones e incluso han defendido a narcos condenados por traficar 1,6 toneladas de droga. Y sobre las expulsiones, no quedó claro, ya que se acreditó que había miles de extranjeros notificados con la ley anterior, y aún no están dispuestos a sacar un avión, culpando al país de origen y a la legislación existente, cosa que, comparado con la administración anterior, más parece excusa por un capricho ideológico. Por el bien del país y de la región, ojalá entiendan que una migración responsable no es darle visa a todo el que quiera venir, ingrese de forma regular o ilegal, sino que entienda que hay que ver la capacidad y necesidades de las regiones y comunas, y mejorar el procedimiento de solicitud de visas desde el exterior según estas prioridades locales. Queríamos respuestas sobre la migración descontrolada y al final fue sólo una cuenta pública de una figura política.
Álvaro Bellolio Avaria Exdirector nacional del Servicio Nacional de Migraciones
Arturo Prat
Que Chile se encuentra sumido en un complejo momento social, económico y político no es ningún misterio ni novedad. Diversas causas han contribuido a la creación de este escenario. Problemas graves como son la crisis de seguridad que vive el país, la incapacidad de la clase política para afrontar una migración descontrolada, una preocupante contracción económica y una elevada inflación que afecta a las personas más modestas y a la clase media, etc., requieren que aquellos individuos que integran los distintos órganos del Estado entreguen todas sus energías, competencias y experiencias para abordar estas problemáticas y cumplir con la misión que les ha sido encargada por la Constitución y las leyes.
Sin embargo, con un cierto grado de decepción, indignación, resignación y afortunadamente, aún de sorpresa, nos vamos enterando como muchas funciones públicas son ejercidas de manera deficiente, muchas veces en forma negligente y lo que es peor en forma corrupta. El desempeño estrafalario de algunos convencionales en el proceso constitucional anterior, donde se desperdició una gran cantidad de recursos y los caprichos ideológicos pesaron más que el bien superior de Chile, alcaldes que han utilizado la plataforma municipal para enriquecerse, autoridades que acomodan a sus parientes y amigos en cargos públicos y, hace unas pocas horas, tres funcionarios de la Armada envueltos en un grave delito de homicidio, terminando con la vida de una persona, etc., son solo algunos de los innumerables casos que nos permiten comprobar que estamos viviendo un importante declive de la ética pública y funcionaria.
Por lo anterior, desde esta tribuna invito a mirar la figura de Arturo Prat Chacón no solo como un valiente marino que dio la vida por la patria, sino como un funcionario del Estado, abogado y ciudadano que siempre destacó por su honorabilidad y probidad en el ejercicio de cada función que le fue encargada. Son muchos los estudios que se han escrito sobre la figura de Arturo Prat, su heroísmo y el de sus hombres, por lo que seguramente resulta redundante volver a discurrir sobre lo mismo. Sin embargo, en esta breve columna me permito volver a destacar la vida y obra de Arturo Prat, no solo como héroe militar, sino como ciudadano y funcionario público.
Esperemos que todos quienes se desempeñan dentro del Estado, todos aquellos que ejercen cuotas de poder político, sean capaces de honrar la memoria y legado de Prat, pero no solo con desfiles, homenajes y discursos, sino con un comportamiento intachable, noble, esmerado y eficiente, con pleno respeto a la dignidad y derechos de las personas y poniendo siempre por delante el interés general por sobre cualquier interés privado.
Jorge Astudillo Muñoz, académico de la Facultad de Derecho UAB
Campaña
Luego del aplastante triunfo electoral del Partido Republicano el pasado domingo 7 de mayo, dirigentes políticos y periodistas vinculados de una u otra forma al Gobierno y a los sectores de izquierda, han iniciado una feroz campaña para presentar a su líder, José Antonio Kast, y al conglomerado mismo como de "extrema derecha", "ultras" o "fachos". Todos, concertadamente o no, hablan el mismo lenguaje y buscan instalar esta idea en la opinión pública.
Lo primero que hay que anotar es que esta estrategia ya la utilizaron en la campaña para la reciente elección de constituyentes y les fracasó rotundamente. Los electores no se dejaron sorprender y dieron un respaldo mayoritario a Republicanos, transformándolo en el primer partido político de Chile.
La segunda lección, es que a las personas no se le puede engañar con consignas que no tienen ninguna base: la gente no es inadvertida y sabe que sostener las ideas de una sociedad democrática, de amplias libertades, donde encontremos seguridad y rija el orden, la autoridad y la ley, no es de "extremos"; como no lo es exigir mano dura contra la violencia la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo.
En el plano económico social, la ciudadanía entiende que no es de "extremistas" sostener que el irrenunciable rol social del Estado no es contrario a su necesario rol subsidiario y que ambos se complementan y potencian; como tampoco lo es proclamar la propiedad privada como fuente de autonomía y prosperidad; y las libertades básicas de educación, expresión emprendimiento, comercio y asociación.
Francisco Bartolucci Johnston