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Infraestructura, seguridad pública y mayor apoyo a los municipios: los efectos que prospecta el Royalty Minero

EN ATACAMA. Algunos jefes comunales y el gobernador regional establecieron algunas prioridades a propósito de los recursos que llegarán a la zona tras la aprobación del proyecto en la Cámara Baja durante esta semana. Una cuantiosa suma al ser esta una región directamente ligada al rubro.
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Verónica Carmona

Luego de la aprobación de esta ley por amplia mayoría parlamentaria y transversalmente de distintos sectores políticos, la creación del royalty a la gran minería ya es una realidad. Esto implicaría una carga tributaria máxima de 45,5% para faenas sobre 80 mil toneladas y a 45,5% para operaciones entre 50 y 80 mil toneladas, así como un 1% sobre las ventas anuales del cobre.

¿En qué se traduce los beneficios de este Royalty? Principalmente, en proyectos de inversión pública que apuntan a mejoras urgentes en competitividad y productividad local. En este sentido, el presidente de la Asociación Regional de Municipios de Atacama (ARMA), Cesar Orellana, al ser consultado por las prioridades en materia de inversión local puntualiza que "deberían ir a la inversión dirigida al desarrollo económico local, por ejemplo fortalecer las pequeñas unidades de fomento productivo que tienen cada uno de los municipios, fomentar la inversión en infraestructura como por ejemplo, los caminos de sectores rurales y en definitiva, generar la diversificación productiva alternativa a la minería que se agota. Aspectos importantes a considerar, es la salud de la gente en una región altamente dañada y contaminada donde no están los especialistas para esa necesidad".

Por otra parte, en materia de seguridad ciudadana, el gobernador regional Miguel Vargas considera como relevante este punto "desde la adquisición de cámaras de vigilancia hasta la adquisición de vehículos para patrullajes, son iniciativas que se financian desde los presupuestos de los Gobiernos locales, por lo tanto el que lleguen más recursos a estos presupuestos posibilita que estas iniciativas se puedan materializar. Hemos comprometido con los alcaldes de la región financiamiento destinado especialmente para la seguridad ciudadana y ya acordamos con el Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, apoyo en la actualización de los planes comunales de seguridad y eso va a implicar definiciones en materia de proyectos y de financiamiento para esas iniciativas".

Y es que en en efecto, el Royalty considera alrededor de US$225 millones, con el Fondo para la productividad y desarrollo; US$55 millones con el Fondo a Comunas Mineras, destacando a regiones como Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins, que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad y que serán determinadas por informe de Cochilco. A su vez, se estiman US$170 para las comunas más vulnerables por medio del Fondo de apoyo para la equidad territorial.

El gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas ve con optimismo este avance en un proyecto muy anhelado para los territorios. "En las regiones mineras hemos hecho esfuerzo de hace mucho tiempo y creamos muchas acciones para que iniciativas como éstas se puedan materializar porque nosotros siempre hemos dicho que las regiones que generan riquezas tienen que tener mecanismos compensatorios que hagan justicia en los territorios y eso, si es por la vía impositiva, esos recursos llegan directamente a los presupuestos tanto del Gobierno Regional así como por las municipalidades que al final se traducen en proyectos de inversión que impactan directamente en la calidad de vida de las personas", dijo.

De hecho, esta ley beneficia principalmente a las regiones considerando el importante aporte económico a los presupuestos tanto del Gobierno Regional que se traduce en una cifra cercana a los 9 mil millones de pesos que se suman al Fondo Nacional de Desarrollo Re-