La Organización Mundial de la Salud planteó que los edulcorantes no sirven para controlar el peso a largo plazo y, peor, serían dañinos para la salud si se utilizan durante mucho tiempo dado que aumenta el riesgo de padecer diabetes 2, males cardiovasculares y la mortalidad en adultos. Ni siquiera la stevia se salva.

Lo informado es una especie de deja vú en lo relacionado con agregados al té, café y otros productos como las bebidas zero y light, dado que hace décadas se reveló que el azúcar tenía efectos dañinos, aunque en esa ocasión la muestra de datos fue mucho más escandalosa.

La Sugar Research Foundation (SRF, actual Sugar Association, una de las asociaciones más importantes en la producción de azúcar en Estados Unidos) pagó en la década del 60 a tres científicos de la Universidad de Harvard para ocultar los efectos negativos de este elemento para el corazón y dejar a las grasas saturadas como causantes de una "ola" de enfermedades cardiovasculares.

Con el paso de los años, esta tesis finalmente fue cuestionada dado que otros investigadores comenzaron a manifestar los efectos dañinos del azúcar y se fue aconsejando reducir y bajar su uso.

Pero la verdad total se vino a saber en 2016, cuando un investigador descubrió documentos confidenciales mostraban que la industria pagó para ocultar datos sobre los azúcares.

Hasta ahora con los edulcorantes no han surgido datos de un escándalo parecido al del azúcar, pero sí se repiten conceptos como enfermedades cardiovasculares y mortalidad.

Ante esto ¿qué se puede hacer entonces? La OMS recomienda consumir frutas o alimentos y bebidas que no sean dulces. Pero ¿y qué se le puede echar al té y el café?

Una de las tareas que cumple el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tiene que ver con analizar y evaluar técnica y económicamente proyectos e iniciativas que presentan, para financiamiento, distintos organismos públicos, entre los cuales están los municipios de todo el país. Con la finalidad de tomar acciones dirigidas a generar más y mejor inversión pública como Gobierno hemos tomado una serie de acciones.

Con miras a fortalecer el sistema actualizamos las Normas, Instrucciones y Procedimientos (NIP), incorporando mejoras a los procesos de postulación, admisibilidad y análisis técnico-económico, otorgando mayor certidumbre en los plazos y resultados, y flexibilidad ante situaciones particulares. Por otro lado, hemos buscado fortalecer la capacidad formuladora del sector público, entregando lineamientos y especificando procedimientos, para apoyo con programas de asistencia técnica a los organismos públicos que lo requieran. Al mismo tiempo, como ministerio, estamos modernizando las capacitaciones para entregar más herramientas que permitan el desarrollo de carteras de inversión robustas. En paralelo, en Atacama, conformamos en conjunto con nuestro Delegado Presidencial Regional un Comité de Seguimiento a la Inversión, lo que ha permitido coordinar a las distintas carteras, identificando y destrabando nudos críticos. Así como un trabajo conjunto con el Gobernador Regional y Asociación Regional de Municipios de Atacama, para realizar encuentros mensuales con los equipos Secplam de las 9 comunas de región.

Buscando enfrentar el aumento de los precios en el rubro de la construcción derivado de la pandemia de Covid-19, para los proyectos de inversión que se encontraban en proceso de licitación, se aumentó el porcentaje de sobrecosto de los contratos de 10% a 20%, disminuyendo, con ello, los retrasos en los tiempos de adjudicación. Asimismo, se definió una causal excepcional de reevaluación exprés para proyectos con riesgo de término anticipado de contrato producto del alza de costos. Adicionalmente, en el mes de abril del presente año publicamos el Decreto Supremo 304 del Ministerio de Hacienda, que habilita la aplicación de un mecanismo excepcional de reajustabilidad retroactivo a los contratos de obra pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión, vía reevaluación, inclusive para aquellos celebrados como suma alzada sin reajuste.

Esta es una excelente noticia para los proyectos cuya ejecución y operación estaban en riesgo producto del alza de costos en la construcción. Así, se resguarda el empleo de miles de trabajadores que se desempeñan en estas obras, se apoya a las empresas que no pudieron prever un alza de precios tan significativa y se beneficia a las comunidades que harán uso y goce de las infraestructuras y servicios públicos que se pondrán a disposición.