El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó ayer de "usurpadora" a Dina Boluarte, mandataria de Perú, quien hace unas semanas lo acusó de injerencia política y de querer ser dictador.

"Ya que la señora me mencionó, le recordaría que le deje la presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo, que le deje la presidencia porque ella está usurpando ese cargo y que saquen de la cárcel a Pedro Castillo", dijo el mandatario.

López Obrador respondió así a las declaraciones de hace unas semanas de la gobernante peruana, quien calificó al presidente mexicano y a su homólogo Gustavo Petro, de Colombia, de buscar injerencia en los asuntos políticos de Perú y apoyar al destituido Castillo.

También petro y boric

En una entrevista, Boluarte criticó las declaraciones de los líderes de izquierda como López Obrador, Petro o el presidente de Chile, Gabriel Boric, por defender al Gobierno de Castillo, quien fue destituido del cargo tras intentar dar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre, y cuestionó si ellos también querían convertirse en dictadores.

"¿También quieren convertirse en dictadores y por eso amparan y protegen con sus mensajes, allá en donde pueden, a un dictador investigado por corrupción? Eso es lo que me da pena de esos líderes de izquierda", dijo la mandataria al diario El Comercio.

Al respecto, López Obrador le contestó que su plan es retirarse en septiembre de 2024.

"Me jubilo, me retiro por completo, ya cierro mi ciclo y no voy a volver a participar en política en nada, ni siquiera en conferencias o invitaciones para asistir a un evento público, nada, completamente", afirmó.

El mandatario mexicano aseguró que Boluarte "fue impuesta" en el Gobierno de Perú por lo que tiene "como 25% de aceptación" en aquel país.

Además, reiteró que México no le entregará la presidencia de la Alianza del Pacífico "porque ella no es legal y legítimamente presidenta de Perú".

López Obrador aseguró que en esto están de acuerdo los Gobiernos de Chile y Colombia, quienes integran dicha alianza, y que no tiene "ningún problema" en entregar la presidencia pero "a ellos (los peruanos) no".

"Se la podemos entregar a Chile, a Colombia y que ellos vean qué hacen, pero esta señora, con todo respeto, usurpadora, expulsó a nuestro embajador del Perú", indicó.

Aunque la alianza había evitado conflictos ideológicos como el de otros organismos latinoamericanos, la crisis de Perú ha causado roces, en particular con México.

El gobernante mexicano reiteró que en Perú, "como en otros" países de Latinoamérica, están "imperado el racismo y el clasismo".

"Entonces tienen injustamente encarcelado al presidente (Castillo) nada más por su origen popular y porque también no se prestó para que la oligarquía del Perú y del extranjero saquearan al Perú como lo están haciendo", enfatizó.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se defenderá mañana de la acusación de presunta malversación de fondos públicos (peculado), durante el inicio de un juicio político de censura en la Asamblea Nacional (Parlamento), donde la oposición salió fortalecida el pasado domingo con la designación de las principales autoridades de la Cámara.

La sesión comenzará a las 10.00 hora de Ecuador, en el Parlamento, dos días después de que se renovaran sus autoridades, quedando la mayoría de altos cargos en manos opositoras.

Con 96 votos, el independiente Virgilio Saquicela fue reelegido como titular del Parlamento con el voto duro del movimiento opositor Unión por la Esperanza, del expresidente Rafael Correa y del también opositor Partido Social Cristiano (PSC), entre otros.

Si llega a trasladarse la misma votación captada por Saquicela al juicio político, la suerte de Lasso estaría echada pues su destitución requiere 92 votos.

La legisladora Yeseña Guamaní, designada el domingo como tercera vocal del Consejo de Administración Legislativa, opinó que la "votación aplastante" en la Asamblea "puede ser una referencia pero no una definición para el juicio" de Lasso.

Según la oposición, Lasso incurrió en un supuesto peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker y no haber actuado para evitar mayores perjuicios para el Estado.

En cambio, la defensa del presidente sostiene que los contratos fueron firmados bajo la anterior administración del expresidente Lenín Moreno y que bajo el mandato de Lasso se pidió una revisión a la Contraloría para renovarlos bajo las condiciones y observaciones realizadas por ese organismo.

El pasado martes, el Legislativo aprobó entrar en la última fase del juicio, en la que ocurrirá la interpelación a Lasso.