En diciembre del año pasado el Presidente Gabriel Boric anunció la implementación de una Política Nacional contra el Crimen Organizado con el fin de combatir los delitos de mayor connotación social llevados a cabo por organizaciones. Todo esto a través de diversas estrategias de control y persecución y el trabajo en conjunto de diversas instituciones públicas.

Es por ello, que la jornada de ayer miércoles se llevó a cabo el segundo comité de seguridad, instancia en la que comenzó el trabajo del Consejo Regional Contra el Crimen Organizado, constituido en la última visita del subsecretario de Interior a la zona, la que se compone de diversos estamentos.

"Participan todos los servicios necesarios para una activa búsqueda de resolución a este grave problema delictual asociado al crimen organizado en materia de persecución penal, en materia de persecución de los activos y patrimonio de estas bandas organizadas para cometer delitos. Junto con las especialidades propias del comité policial que operan en la región que trabajamos semana a semana, con Carabineros, PDI, Gendarmería, Gobernación Marítima, se incorporan instituciones como Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, la Dirección General de Aeronáutica Civil", detalló el delegado presidencial, Christian Fuentes.

Una política que contará con más de $39 mil millones a nivel nacional para la lucha contra el crimen organizado. Recursos que se les otorgará a las regiones de acuerdo al plan, líneas de acciones y estrategias que cada una de ellas presente al nivel central, el que tendrá la tarea de analizarlos, para luego traspasar los montos que cada una requiera para enfrentar las distintas problemáticas que tengan.

Una estrategia distinta y que busca dar respuesta a las diversas necesidades que tienen los territorios, donde serán los mismos los que priorizarán los principales delitos que se buscan atacar de manera urgente y que más inquietan a la ciudadanía.

En ese sentido, en la Región de Atacama, de acuerdo a lo que comentó el delegado presidencial, Christian Fuentes, la mesa compuesta por los encargados de los servicios e instituciones sesionará de manera mensual y cuenta con una proyección de equipos técnicos que lo harán de forma semanal con un trabajo focalizado contra el crimen organizado.

"Esta mañana en la sesión de trabajo pudimos definir cuatro delitos priorizados para ejercer este trabajo. El primero corresponde al narcotráfico en general, el segundo al tráfico de armas, el tercero a la organización delictual asociada al robo en la minería y el cuarto tiene que ver con todas las organizaciones criminales asociadas al robo de vehículos y la receptación", precisó Fuentes.

Según comentó, con la cuatro prioridades iniciales comenzarán a definir los planes de acción, las herramientas y los recursos necesarios, tanto humanos como en equipamiento, para apoyar y priorizar la tarea delictual, así como la persecución penal con el fin de otorgar condenas efectivas y desarticular las bandas crimi-