Este domingo se desarrollarán las elecciones para el Consejo Constitucional en medio de poca efusividad, desinterés y como un proceso que no es visto como importante, pese a que se trata de personas que serán parte de la redacción de una nueva Carta Magna.

Esa es la realidad y a esta altura hay que aceptarla, dado que poco y nada se puede hacer. Más bien pareciera pertinente analizar cuáles son los factores que hay detrás no precisamente por la votación que pueda haber que seguramente será mucha a partir del voto obligatorio, sino que el cómo votarán los atacameños y personas de otras regiones.

El "fantasma" del voto nulo ha aparecido y para ello los partidos se han desplegado para que la gente vote informada y pueda elegir a conciencia por su candidato.

Pero aún si es que el voto nulo no se hace fuerte ¿realmente el electorado va a elegir por el candidato que sea afín a su ideal de Constitución o por descarte? a partir de eso ¿cuál será la validez del proceso? Hasta ayer en un encuesta en las redes de este Diario el 55% aún no sabía por quién votar.

El desgaste de los plebiscitos de entrada y salida, la elección de los constituyentes, la polémica de la Convención y el plebiscito de salida están haciendo mella en los electores que ya vienen con un desgaste en su relación con los políticos.

Por otra parte ¿realmente hay noción del rol que van a jugar los elegidos este domingo, tomando en cuenta que hay una Comisión de Expertos y entrarán otros actores como el Comité Técnico de Admisibilidad, más los que opinan y hacen "entre las sombras".

El precio a pagar parece muy caro, tras el despilfarro del primer proceso constituyente. De todas formas, si esta nueva redacción trae armonía y estabilidad al país, habrá que pagarlo siempre y cuando no se mantengan ciertos status quo.

La Política Nacional del Litio anunciada por el Presidente Boric, recoge aspectos centrales de diseños estratégicos impulsados desde 2014 y el aprendizaje de los acuerdos realizados por CORFO que permitieron modificar los contratos con Albemarle en 2016 y SQM en 2017.

Lejos de corresponder a una nacionalización del recurso, esta ratifica la propiedad estatal del mineral y su naturaleza no concesible consagrada en la legislación, respetando los arriendos vigentes en el Salar de Atacama y mostrando la convicción de que su explotación exige participación pública, privada y ciudadana.

En el litio nacional existen tres realidades. CORFO es titular de concesiones en el Salar de Atacama sobre las cuales mantiene contratos de arrendamiento con las dos empresas ya citadas, responsables de las únicas explotaciones actuales en Chile. Por otra parte, tanto Codelco como Enami poseen concesiones aún sin explotar en salares como Maricunga y Aguilar. Finalmente, existen pertenencias de particulares que han generado interés en ser explotadas, como es el caso de Minera Salar Blanco en Maricunga.

En virtud de ello, aún quedan aspectos que deben ser precisados. Uno central es establecer qué se entenderá por proyectos estratégicos, donde el Estado tendría un control mayoritario en la propiedad. Sería comprensible que ello ocurriera donde existen operaciones consolidadas, como es el caso del Salar de Atacama. No obstante, en el resto de los casos la proporción de la participación público-privada debe necesariamente considerar el atractivo para la inversión privada en estos joint ventures y la competitividad de su operación.

Otro tema es precisar los alcances que tendrá la Empresa Nacional del Litio (ENL). Es plausible su rol en la agregación de valor local; sin embargo, debe especificarse cuál será su participación en el resto del ciclo minero. Finalmente, pendiente se mantiene la definición de cuáles serán los mecanismos para asegurar una gestión responsable con las finanzas públicas, el resguardo de los intereses del Estado y la probidad. Aquí la experiencia de Cochilco y la Contraloría General de la República será fundamental.

Más allá de los contenidos que conocemos, para hacer realidad esta política cobrará relevancia el clima de entendimiento a que ha convocado el primer mandatario, favoreciendo acuerdos amplios y sólidos que den forma definitiva a una estrategia que debiera delinear la ruta que seguirá el país en esta industria en la próximas décadas, con el propósito de maximizar con sentido de urgencia, pero sin improvisación, el beneficio para todos los chilenos y chilenas, considerando condiciones y ventajas comparativas que no están garantizadas per se ni serán eternas.