Maltrato infantil
Señor director: Desde 2012 Unicef nos habla de que más del 70% de los niños, las niñas y adolescentes (NNA) en Chile sufre algún tipo de maltrato en su hogar, ya sea físico, psicológico o sexual.
Esta estremecedora cifra se suma a otros tristes antecedentes: Fundación Amparo y Justicia establece que las denuncias por delitos sexuales contra niños y niñas aumentaron un 42% en 2022 y la cifra se duplica en 11 años, mientras dos de cada 10 estudiantes han recibido algún tipo de castigo o sanción en las escuelas según una investigación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).
Otro estudio de nuestra autoría arroja que la mitad de las familias en Chile aún utiliza la violencia como método de crianza y corrección (World Vision, 2018).
Nuestro país tiene un serio problema de violencia contra la niñez del que como sociedad debemos hacernos cargo.
Expertos enfatizan que para combatir el maltrato infantil se debe dar apoyo a padres y madres, cuidadores y a sus familias para detectar señales que permitan una acción oportuna para evitar hechos de violencia contra todas las niñeces. Asimismo, resulta imperativo modificar las actitudes y normas sociales que fomentan la violencia y la discriminación contra NNA, así como también se debe promover y prestar apoyo a los servicios especializados y aplicar leyes y políticas públicas que protejan contra todo evento a nuestras infancias.
Cuando se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil es importante que los países tomen medidas para prevenir la violencia contra los niños porque este problema, lastimosamente arraigado en las sociedades, suele tener consecuencias graves y persistentes para la salud física y mental de los NNA. La prevención del maltrato infantil es una responsabilidad ciudadana que debemos abordar entre todos con la máxima urgencia.
Harry Grayde K., director ejecutivo de World Vision
Ley corta de Isapres
Una vez más nos enteramos de que el gobierno llega tarde a un tema relevante, postergando nuevamente el proyecto de ley corta de las Isapres. Esto no sólo es inexplicable, sino que además acrecienta el problema de incerteza para usuarios del sistema asegurador privado junto con meterle aún más incertidumbre al desenlace que esto tenga a sólo días de que se cumpla el fallo de la Corte Suprema. Hacemos un llamado al Ejecutivo a ser responsables y entregarle seguridad a los más de 3 millones de chilenos que son parte de Isapres. Y también a que se hagan cargo de las promesas que ellos mismos realizan, en este caso, para fortalecer el sistema asegurador público.
Las chilenas y chilenos no pueden seguir esperando definiciones y demandan acciones concretas. Las consecuencias de este retraso no sólo son políticas, sino también sociales. Y una vez más, los que perderán, serán los más vulnerables.
Dra. Karla Rubilar y Dr. Luis Castillo, Universidad Autónoma de Chile
Exclusión del Trabajo Social del código sanitario
Señor director: Hace unos días el Ministerio de Salud, de forma unilateral y sin considerar los acuerdos sostenidos con anterioridad, comunicó al Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales A.G., la exclusión del Trabajo Social de la propuesta de reforma del libro quinto del Código Sanitario, en la que se reconocerá a las profesiones que forman parte de los equipos de Salud. Esta grave situación desconoce la trayectoria del Trabajo Social en Chile, el que nace al alero de la medicina social en 1925, su importancia en la salud pública, su colaboración activa en la gestión social de las políticas sanitarias y el trabajo que a diario se realiza en los equipos multidisciplinarios para la mejora de la calidad de vida de personas y comunidades en la Atención Primaria de Salud, Red asistencial, Servicios de Salud y Secretarías Regionales Ministeriales, cumpliendo funciones de prevención, promoción, participación social, articulación de redes, dirección y conducción, jefaturas de programas y asesorías técnicas, entre otras labores.
El argumento del Ministerio se basa en un paradigma biomédico, discordante con el modelo de salud integral, basado en el enfoque de derechos, la transversalización del enfoque de equidad -considerando los determinantes sociales de la salud-, y la perspectiva de curso de vida. En este sentido, la labor de los trabajadores y trabajadoras sociales es indispensable para el logro de los objetivos de la política pública en salud y su reconocimiento en el código es una acción justa y necesaria.
Esperamos que el Ministerio revierta esta situación e instamos a las autoridades regionales y locales a colaborar en una pronta solución. Por mientras, en todos los rincones del país, los trabajadores y trabajadoras sociales estamos en alerta y nos comenzamos a movilizar para visibilizar este retroceso en la concepción de salud y las consecuencias que esta injusta decisión pueda tener.
Cory Duarte Hidalgo, doctora en Trabajo Social, coordinadora Magíster en Metodologías de Investigación Cualitativa para la Salud
anitario
Lamentamos los hechos descritos por Mario Kreutzberger en carta enviada al diario El Mercurio. En este contexto, para el Servicio Nacional de la Discapacidad, la accesibilidad universal y el derecho a desplazamiento de las personas con discapacidad es un derecho fundamental para su plena inclusión en nuestra sociedad.
Por ello, oficiaremos a la administración del aeropuerto Nuevo Pudahuel, y, además, ofrecemos nuestra disposición para asesorarlos en la implementación de medidas que permitan enfrentar de mejor manera estos problemas, resguardando las condiciones mínimas de accesibilidad y de seguridad para el desplazamiento de las personas con discapacidad en el aeropuerto, según lo establece la ordenanza de Urbanismo y Construcción, Decreto N°50 del 2016.
Como Gobierno, finalizamos el proceso de elaboración del Plan Nacional de Accesibilidad Universal, en coordinación con ministerios, servicios y el Consejo Asesor de Accesibilidad Universal para Personas con Discapacidad, para su posterior implementación, el que será presentado próximamente. Este plan es una hoja de ruta del Estado de Chile en materia de accesibilidad para los próximos diez años.
Asimismo, estamos trabajando en coordinación con la Corporación Juegos Panamericanos Santiago 2023 y la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, para brindar asesoría técnica en miras a preparar el Aeropuerto de Pudahuel para el importante volumen de pasajeros con discapacidad que traerá este evento.
Daniel Concha Gamboa, director nacional SENADIS