Ayer, en varios países del mundo, se celebra el Día de la Tierra, instancia que desde hace varias décadas apunta a crear consciencia sobre los problemas que afectan al planeta, entre ellos la contaminación, la sobrepoblación mundial, la conservación de la biodiversidad, el calentamiento global y el efecto invernadero, entre otros.

Pese a que sus antecedentes se remontan a la década del 1940, fue el 22 de abril de 1970 cuando se realizó la primera manifestación sobre el tema, promovida por el senador y activista norteamericano Gaylord Nelson, quien llamó a la creación de una agencia ambiental. A dicha convocatoria se sumaron universidades, escuelas y distintas comunidades que llamaron a generan acciones destinadas a proteger el medio ambiente.

Pese a que han pasado muchos años desde aquella fecha, los problemas medioambientales continúan golpeando fuerte al planeta y pese a los avances tecnológicos, al llamado del mundo científico y a las políticas adoptadas por distintos estados, la situación sigue siendo compleja y amenaza con generar peligrosos efectos para las próximas generaciones.

"La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. Los océanos se llenan de plásticos y se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones y otros eventos climáticos han afectado a millones de personas. Aún al día de hoy nos enfrentamos al COVID -19, una pandemia sanitaria mundial con una fuerte relación con la salud de nuestro ecosistema", publica la Organización de las Naciones Unidas respecto al sentido de esta celebración.

La ONU explica, además, que "de la salud de nuestros ecosistemas depende directamente la salud de nuestro planeta y sus habitantes. Restaurar aquellos que están dañados ayudará a acabar con la pobreza, a combatir el cambio climático y prevenir una extinción masiva. Pero solo lo conseguiremos si todo el mundo pone de su parte".

Es importante, entonces, adoptar todas las medidas necesarias para que el desarrollo del hombre y de las naciones no se traduzca en un deterioro sostenido de la vida, de modo que nuestros hijos, nietos y las próximas generaciones sigan disfrutando de este, nuestro único hogar. Es responsabilidad de todos.

Durante las últimas semanas la discusión política y social ha estado en torno a la seguridad y delincuencia, frente a esta problemática la respuesta por parte del Gobierno ha sido abordarlo desde el Plan 'Calles sin Violencia'. Programa que tiene diversos ejes prioritarios, siendo uno de ellos fortalecer las áreas verdes, espacios de deporte y educativos.

Sin embargo, en la búsqueda de información sobre este pilar no hay líneas claras de cómo se realizará y quienes serán los protagonistas de este fortalecimiento y desde la vereda de Fundación Fútbol Más, organización que lleva 15 años ejecutando el programa Barrios en comunidades urbanas y rurales del país, creemos importante plantear que la utilización de los espacios públicos y la promoción de la cohesión comunitaria afecta positivamente a la percepción que tienen las personas de estos.

Según el área de estudios de la fundación, en 2019 el 72% de los niños, niñas y jóvenes sienten que el barrio está más seguro desde que llegó Fútbol Más. Mientras que, el 83% de los apoderados/as encuestados en 2022 declaran que la cancha del barrio es un espacio seguro, destacando por sobre plazas (57%) o las calles del barrio (44%).

Ambos resultados entregan como antecedente que la niñez y sus comunidades no solo sienten que son beneficiarios de las actividades sociodeportivas, sino que son capaces de valorar el efecto que estas tienen en sus entornos.

Para que estos porcentajes de confianza y percepción se expandan por más barrios es necesario que los espacios públicos sean parte de la rutina de quienes viven en el territorio. De igual manera, trabajar colectivamente con las juntas de vecinos, departamentos municipales y organismos sociales, es un factor importante al momento de hablar de seguridad, ya que influye en el llamado al primer auxilio y que las familias se conviertan en protagonistas de la recuperación de estos sitios.

Como fundación nos parece relevante plantear que la utilización de los espacios puede propiciar a la construcción de un tejido social cohesionado que permita hacer frente a futuras dificultades.

Las condiciones de habitabilidad execrables y los niveles de sobrepoblación de algunas cárceles chilenas es pasmoso, lo sabemos de sobra y aun cuando existen medidas y políticas públicas que buscan enmendar esta situación apremiante que afecta al sistema penitenciario, aún subsisten casos extremos y urgentes como el de la cárcel de Copiapó con un hacinamiento sobre el 260% y que sigue en aumento sobre todo en el contexto de la política criminal actual, transformándola en la cárcel más sobrepoblada de una ciudad mediana- grande del país.

Todos los estudios efectuados en Chile y a nivel comparado demuestran que las tasas de reincidencia de las personas que cumplen condena en el medio libre son claramente inferiores a los de aquellos que están condenados en medio cerrado y esto es porque la prisión junto con exponer a las personas privadas de libertad a diferentes formas de violencia diaria, los encierra en espacios altamente criminógenos, desintegra sus lazos sociales y comunitarios preexistentes y precariza aún más sus niveles económicos y culturales, lo que sumado a la mínima intervención intra-penitenciaria en reinserción social, hace que el pronóstico de una persona que egresa del sistema cerrado sea más que sombrío.

En este contexto, la libertad condicional es una posibilidad efectiva de cumplimiento de la condena en libertad, con requisitos objetivos: tiempo de condena cumplido, conducta intachable e informe psicosocial sobre factores de riesgo de reincidencia, de manera que las personas que son postuladas ya superaron un chequeo previo que permite optar a esta salida progresiva del encierro carcelario.

Al otorgar la libertad condicional, lo que se hace simplemente es darle un sentido humano a la dureza de la condena material, reconocer que las personas pueden cambiar durante el tiempo carcelario e intentar volver a convivir en comunidad. Por eso, sorprenden nuevamente los niveles de otorgamiento de este beneficio en Atacama. De 70 postulaciones presentadas en los tres recintos penitenciarios, solo se otorgaron 6, es decir el 8,6% y ninguna mujer fue beneficiada, lo que es particularmente complejo en un sistema donde el encierro de las mujeres es aún más gravoso y altamente discriminatorio.

Con el nivel de rechazo que hemos visto este mes a las solicitudes de libertad condicional, dos reflexiones: es necesario escuchar a la defensa penal en las comisiones, así lo demuestra la experiencia en otras regiones y segundo, el sistema de justicia penal debe enfocarse en la reintegración, porque todos aquellos cuya solicitud fue rechazada, en algún momento van a salir en libertad y la pregunta es: ¿realmente nos importa cómo esas personas van a salir?