que tienen muchos años y están con deterioro, sino construir nuevos recintos penales con estándares actuales.

"Hay que reconocer que la realidad penitenciaria, en el marco nacional, Atacama es una de las regiones más atrasadas, en todas las regiones de este país se han construido recintos penales nuevos mediante la vía de la administración directa de Gendarmería o mediante concesión a un tercero. En las regiones de Atacama y el Maule es donde no se han construido, en estos últimos 5, 10 años, recintos penales nuevos y entiendo que Maule este año debiera inaugurar su nuevo recinto penal. Atacama nuevamente en distintos temas y áreas de desarrollo va quedando atrás y la cárcel lamentablemente no está exenta".

En tanto, el presidente de la Corte de Apelaciones, Pablo Krumm de Almozara, señaló que en su rol como presidente, tal como lo han hecho los demás ministros en el ejercicio de su cargo, han expuesto la urgente necesidad de contar con un complejo penitenciario que cumpla con las condiciones mínimas de habitabilidad para los internos y el personal de Gendarmería, lo que apuntará a conseguir mejores condiciones para una posible resocialización y rehabilitación de los condenados y condenadas.

"La Corte de Apelaciones de Copiapó hace varios años ha hecho presente a las autoridades la necesidad de contar con un complejo penitenciario que se ajuste a las necesidades de la región. El Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó mantiene una importante sobrepoblación y las condiciones de los penales de Chañaral y Vallenar son deficitarias en varios aspectos. Sabemos de los esfuerzos de Gendarmería para mantener de la mejor manera posible los recintos penales de Atacama, pero se hace necesario que la región cuente con una cárcel moderna. No debemos olvidar que si bien los internos están recluidos por condenas firmes que han dictado tribunales de la República, eso no significa que el cumplimiento se haga en condiciones que vulneren sus derechos fundamentales", detalló.

Por su parte, Raúl Palma Olivares, defensor regional de Atacama, manifestó como Defensoría Penal Pública desde hacía años estaban solicitando la construcción de una cárcel adecuada para Atacama, tal como en el resto de la macro zona norte, ya que, las unidades de toda la región presentaban graves problemas de habitabilidad y seguridad, lo que ponía en riesgo la integridad física de sus representados y representadas.

"Además, impiden la resocialización de las personas, lo que se traduce en que las personas privadas de libertad que finalmente logran salir de los recintos penitenciarios lo hacen sin ningún aprendizaje ni preparación para reinsertarse en la sociedad y no seguir delinquiendo, lo que convierte esta situación en un círculo vicioso que afecta a toda la sociedad atacameña. Una cárcel como la de Copiapó con un 260% de sobrepoblación no es un lugar para que un ser humano cumpla condena y pueda regresar al medio libre como un aporte a la sociedad, eso es una situación imposible y con las nuevas leyes penales y políticas criminales, este problema solo se agudizará hasta un nivel insospechado y riesgoso", dijo.

Extranjeros

Hoy en día en la Región de Atacama el 83,3% de la población penal es nacional, mientras que un 16,7% es extranjera, siendo principalmente personas colombianas con 69 internos, bolivianas con 51 internos, venezolanas con 33 y peruanas con 8 personas privadas de libertad.

En tanto, en la cárcel de Copiapó un 13% de los condenados hombres son extranjeros, principalmente de origen boliviano, colombiano y venezolano. Mientras que en mujeres condenadas, un 20% son extranjeras, desde Bolivia y República Dominicana.

Respecto a las personas imputadas, en Copiapó hay actualmente 56 hombres en esa condición, 11 bolivianos, 30 colombianos, 9 venezolanos y 4 peruanos, mientras que mujeres solo 10 bolivianas, 5 colombianas, 5 venezolanas y 1 peruana.

Ahora bien, se trata de una población que podría incrementarse tras el nuevo instructivo de Fiscalía Nacional, el cual establece pedir la privación de libertad de imputadas e imputados de delitos de quienes se desconozca su identidad.

De hecho, a nivel país, los oficiales penitenciarios ya denunciaron que la ocupación de las cárceles en Chile superaba el 30% con esta medida, relevando aún más de contar con nuevas instalaciones en la región, además de un régimen diferenciado de acuerdo al tipo de delito, especialmente lo que respecta al crimen organizado.

En esa línea, el gobernador regional añadió que "si van a incrementar los detenidos y detenidas necesitamos infraestructura carcelaria, sino eso no va a ser posible y este proyecto se viene tramitando desde hace más de dos gobiernos y ni siquiera tenemos aprobada la etapa de diseño del proyecto".

Nueva cárcel

El proyecto del recinto penitenciario está a cargo del Ministerio de Justicia, a nivel regional a través de la secretaría regional ministerial de Justicia, por lo mismo se solicitó información actual sobre el estado del proyecto, tema al que el seremi Tomás Garay no quiso referirse.

No obstante, en su visita a la región, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve respondió a la inquietud y manifestó que se le había planteado la crisis carcelaria de Copiapó y otras unidades como Chañaral y era en ese contexto que el Presidente de la República había dictado un Decreto Supremo, en el que se ordenaba la constitución de un Comité Interministerial para hacerse cargo más rápidamente de los requerimientos de las regiones del norte en base de los que han solicitado las autoridades locales y los parlamentarios.

"Lo que hace este Decreto Supremo es constituir un comité de 18 ministerios, me toca presidirlo, y nos hemos puesto de acuerdo con el gobernador y los alcaldes qué proyecto y a qué problemas nos vamos a abocar, nos hemos comprometido a venir de aquí a cuatro semanas con este conjunto de ministerios para hacernos cargo de colaborar con las autoridades de la región en solucionar más rápido los problemas de la región. Uno de esos problemas, donde se involucra la Subsecretaría de Justicia y Gendarmería y la Secretaría de Obras Públicas, que son parte del decreto, nos han planteado hoy día la situación carcelaria y esperamos construir respuesta para avanzar más rápido en la ampliación de una mayor capacidad que deben tener los recintos penitenciarios en estas regiones".

Al respecto, la directora del INHD Atacama comentó que se reunió hace dos semanas con el director general de Gendarmería para ver el estado y actualización del proyecto de la nueva cárcel para Copiapó.

"Se nos indicó que estaba en revisión, sigue en curso y que aparentemente, según lo que nos comentó, habría un presupuesto sectorial para llevar adelante esta unidad penal. No nos manifestaron fechas, pero sabemos que la construcción de un recinto penal no dura menos de 8 a 10 años de acuerdo a la experiencia nacional", destacó Quezada.

262 personas es la capacidad que tiene la cárcel de Copiapó según su diseño y actualmente hay 629 internos.

4 extranjeros están en internación provisoria en Copiapó y en proceso de expulsión del país.

260% sobrepoblación tiene el recinto penitenciario de Copiapó, haciéndose urgente contar con nueva infraestructura.

Cuatro locales de Copiapó quedaron con prohibición de funcionamiento tras una inspección efectuada por personal de la Seremi de Salud, acción que se enmarca en el programa de fiscalización de instalaciones por Alto Riesgo.

Lla titular de la cartera, Jéssica Rojas Gahona, titular de la cartera, indicó que "nuestro departamento de Acción Sanitaria se encuentra desarrollando un intenso programa de fiscalizaciones en Atacama, con el fin de revisar si los establecimientos están cumpliendo con la normativa sanitaria vigente, velando por la salud de la población. En esta oportunidad, el equipo de esta Secretaría Regional Ministerial constató incumplimientos a la norma en cuatro establecimientos de distribución y expendio de alimentos envasados ubicados en el centro la ciudad".

Entre las observaciones levantadas por el personal de salud se encuentra la presencia de heces de roedores, presencia de cucarachas, apilamiento y estiba de cajas de productos con riesgo de caída, baños en mal estado, falta de limpieza y orden, y daños en infraestructura que permiten el ingreso de vectores. Asimismo, se determinó la destrucción y desnaturalización de 90 kilos de fideos marca Parma que estaban contaminados con orina de animal y 6,2 kilogramos de pulpa de maracuyá que se elaboraba de forma clandestina y con materia prima en mal estado.

"Debido a ello, como Autoridad Sanitaria Regional decretamos la medida de prohibición de funcionamiento a estos cuatro locales, iniciando además un sumario sanitario a cada uno de ellos por el riesgo inminente para la salud de las personas y de quienes trabajan en estos recintos", puntualizó Rojas.

Finalmente, es importante indicar que frente a situaciones donde exista un riesgo para la salud de la comunidad, las personas pueden denunciar a través del sitio web www.oirs.minsal.cl.

De los cuatro locales, tres son confiterías, lo que ha generado preocupación entre comerciantes que buscan estos y otros productos para sus negocios y en un contexto de pocas alternativas mayoristas. La apertura de recintos depende de diversos factores como el cumplimiento de las medidas sanitarias.