Redacción

El Tribunal Oral en lo Penal condenó a Gonzalo Matas Quilodrán a 300 días de presidio menor en su grado mínimo en calidad de autor del delito maltrato habitual, agresiones que sufrió por años la que fue su esposa.

Según los antecedentes, la víctima dejó sus estudios universitarios para el cuidado de su primera hija y con ello comenzó una dependencia económica que predominó durante años, ejerciendo el condenado un control sobre ella. Durante el matrimonio, él ejerció violencia sicológica quedando durante el proceso judicial en evidencia que controlaba a su esposa en aspectos tales como su forma de vestir, sus relaciones familiares y de amistades.

Cuando la pareja inició la relación matrimonial, ella se desempeñaba en una cafetería, un empleo que dejó ya que el sujeto sentía celos, la humillaba y denostaba.

De acuerdo al fallo, la víctima ante esto modificó su patrón de comportamiento para no tener dificultades con él, como dejar su trabajo, evitar ver a ciertas personas y debió hacer deportes a escondidas, un pasatiempo que disfrutaba.

En 2015, el matrimonio decidió irse a vivir en cercanías del colegio al que asistían sus hijas en Copiapó, en el caso del condenado se quedó en otra casa. En 2017 la afectada vivió momentos de violencia cuando la amenazaba, la amedrentaba, hacía malos comentarios respecto a ella con familiares y amigos, causando con ello un sentimiento desvalorización en la víctima.

En una oportunidad, agredió física y verbalmente a quien era su esposa, una agresión que se detuvo porque hubo una llamada telefónica de un vecino del sector a Carabineros que alertó de la situación, terminando la causa en una suspensión condicional del procedimiento. En ese entonces, la condición del tribunal fue una terapia sicológica para ambos.

Luego de la querella interpuesta por la afectada por maltrato habitual, el tribunal consideró a testigos y peritos que dieron cuenta de los hechos de violencia tanto física y sicológica que sufrió la víctima por años y condenó a Matas Quilodrán a la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo, una sanción que fue sustituida por la remisión condicional, ya que contaba con irreprochable conducta anterior.

Una reclamación de la Comunidad Indígena Colla Pai Ote en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) fue admitida a trámite ayer por el Primer Tribunal Ambiental.

Se trata de una causa que pretende revertir la calificación favorable del proyecto minero Blanco que extraerá salmuera del Salar de Maricunga para la producción de carbonato de litio y cloruro de potasio.En el escrito, los reclamantes aseguran que sus observaciones no fueron consideradas por el Servicio de Evaluación Ambiental y que tampoco se les hizo partícipe en la consulta indígena que realizó el organismo evaluador.

"Durante la evaluación ambiental del EIA (Estudio de Impacto Ambiental) del proyecto Blanco la autoridad ambiental no se reunió con las comunidades Colla que se han hecho uso y ocupación ancestral del Salar de Maricunga y territorios aledaños" dice el escrito y agrega "con el objeto de recoger sus opiniones, analizarlas y determinar la procedencia de la aplicación del término anticipado al procedimiento de evaluación".

También, la comunidad indígena argumenta que "la autoridad ambiental ha validado en reiteradas ocasiones y de forma arbitraria, incluso en la resolución reclamada, la afirmación del titular respecto a que su proyecto no generará aquellos impactos significativos en relación con la comunidad indígena de Colla de Pai Ote".

Otro de los fundamentos entregados dice relación con los impactos que podría generar el proyecto como "la localización próxima a poblaciones, áreas y humedales protegidos susceptibles de ser afectados y la importancia de los recursos hídricos existentes en el interior de los territorios indígenas".

Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones de Copiapó, realizaron una investigación, que permitió obtener resultados positivos tras lograr la detención de dos personas por su responsabilidad en un homicidio ocurrido el 2 de abril del 2020 en Vallenar.

A través del trabajo policial de pudo determinar que el autor material del hecho era un ciudadano colombiano de 31 años de edad, así como también su ubicación. De esta forma, se gestionó una orden judicial de entrada y registro al inmueble, logrando la detención del imputado por el delito de robo con homicidio.

Asimismo, la investigación permitió establecer, que la pareja del imputado, también de nacionalidad colombiana, habría participado en el mismo delito en calidad de encubridora, siendo también detenida por la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Vallenar.

Desde la Fiscalía, el fiscal jefe (s) de Vallenar, Luis Zepeda, indicó que con los medios de prueba reunidos en esta investigación a partir de las diligencias instruidas a la PDI, se pudo solicitar la orden de detención en contra de un hombre y una mujer, quienes fueron detenidos y formalizados por su distinta participación en el delito de robo con homicidio. "Es así que frente a la evidencia con que cuenta la Fiscalía, se solicitó en contra de ambos la medida cautelar de prisión preventiva, petición a la que accedió el Tribunal decretándose su ingreso a la cárcel de esta ciudad", dijo el fiscal.

De la misma manera, la Fiscalía se formalizó a un tercer imputado, quien cumple prisión preventiva por otro delito relacionado a la muerte de la víctima. "De esta manera el trabajo de la Fiscalía y la PDI derivó en la identificación de estas tres personas como participantes en el delito de robo con homicidio, restándole ahora al Ministerio Público continuar con algunas diligencias previas a la acusación y el Juicio Oral en contra de los detenidos, instancia judicial en que se solicitarán las penas respectivas que contempla la Ley para este grave delito", finalizó Zepeda.

Dos imputados sometidos a una investigación penal por parte de la Fiscalía de Atacama por el delito de tráfico de droga, fueron condenados luego que los antecedentes del caso se conocieran ante los Jueces del Tribunal Oral de Copiapó.

De acuerdo a los antecedentes de esta causa, el 24 de mayo del año pasado, los imputados Moisés Aponte Aguilar y Antony Parra Rodríguez viajaban en un bus interprovincial que habían abordado en la ciudad de Arica y que tenía como destino Santiago, transportando en sus mochilas y bajo sus vestimentas sustancias ilegales para traficar con ellas.

En esta instancia la máquina fue fiscalizada por funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI, quienes fueron autorizados por los imputados para la revisión de sus pertenencias. Fue en este procedimiento en que el personal policial decomisó 3 kilos 816 gramos de ketamina, la cual estaba distribuida en bultos de género. Droga con un alto poder adictivo y que tiene graves consecuencias a la salud de quienes la consumen.

Frente a este hecho la Fiscalía de Atacama indagó el delito de tráfico ilícito de droga, desarrollando las diligencias de este caso junto a personal de la mencionada unidad especializada de la policía.

Con los antecedentes del caso la Fiscalía acreditó la participación de los acusados, ambos de nacionalidad venezolana, en el delito indagado, siendo condenados por su responsabilidad en el delito y sentenciados cada uno de ellos a la pena de 7 años y 183 días de cárcel más una multa de 40 Unidades Tributarias Mensuales.

Uno de los argumentos de la sentencia estableció que ambos condenados actuaban como parte de una agrupación criminal dedicada al tráfico de esta sustancia.