Derecho a vivienda

El último Catastro de Campamentos 2020-2021 desarrollado por TECHO-CHILE, deja al descubierto que hoy 81.643 familias viven en 969 campamentos a nivel nacional, una preocupante y cruda realidad, la más alta desde 1996, que da cuenta, de cómo muchas familias, connacionales y extranjeras, no han tenido acceso a soluciones dignas en materia habitacional.

Ante este complejo escenario, de precarización de la vida humana, de aumento de la pobreza y la vulnerabilidad social de las personas y familias, agravada aún más por los efectos de la pandemia, la inflación, el aumento del precio del suelo, las barreras para acceso a créditos hipotecarios y la disminución de los ingresos autónomos de los hogares entre otras; tenemos como país el urgente desafío y el deber ético-político de reposicionar el derecho a la vivienda y el hábitat residencial, como un derecho social que debe ser garantizado y resguardado por parte del Estado.

Sin ir más lejos, y tomando como experiencia el confinamiento que experimentamos en pandemia, fuimos testigos de cómo la vivienda se transformó en el espacio obligado de trabajo, estudio y desarrollo de labores fundamentales de la vida cotidiana. Lo que conllevó un impacto social negativo y desigual, afectando especialmente a quienes habitan viviendas precarias y/o de tamaño reducido, quienes vieron deteriorarse aún más, su calidad de vida y percepción de bienestar subjetivo, producto del consecuente aumento de estrés familiar, como también de factores de riesgo que aumentaron la emergencia de las violencias y el deterioro de la salud mental individual y familiar y su relación con la habitabilidad y la vivienda.

Existiendo el desafío de fortalecer la política de vivienda social digna, procurando llegar a este amplio sector de la sociedad, que ha quedado y continuará relegado, de su ejercicio pleno de este derecho, de no recuperar un fuerte rol del Estado en esta materia social. Una política que no solo garantice el acceso a una vivienda, con debidos estándares de calidad tanto en infraestructura y materialidad, sino también bien la conformación de barrios integrados, con acceso a servicios para el desarrollo de la vida comunitaria y familiar, acorde a la dignidad de las personas en condiciones de igualdad y de justicia social.

Roxana Zuleta, directora Trabajo Social Universidad Andrés Bello

El lugar de la educación técnico profesional en Chile

Sr diirector: Los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2023 muestran un aumento en el número de postulantes y una valoración mayor a la trayectoria formativa previa del estudiante. Sin embargo, existen diferencias notables en la asistencia y en los puntajes promedio según la modalidad de enseñanza. El subconjunto de estudiantes de educación técnico-profesional es el que registra la menor asistencia a la PAES y, al comparar los puntajes promedio, se observan brechas significativas que dejan a estos estudiantes en una situación de desventaja.

Además, una reciente investigación de la Fundación Luksic demostró que la mayoría de los estudiantes de liceos técnicos no conocen los requisitos para acceder a la gratuidad, lo que refleja una falta de información y desconocimiento en este sector. Estos estudiantes provienen en su mayoría de hogares de quintiles de menores ingresos y, por lo tanto, calzan perfectamente para acceder a este financiamiento.

La invisibilización de la educación técnico profesional en la discusión pública y en la definición de las políticas de acceso y admisión a la educación superior, dificultará aún más la integración y articulación necesaria que requiere el sistema actual. Es fundamental responder, con una mirada sistémica, cuál es el rol que ocupa la ETP en Chile. Queda un camino largo que recorrer para construir un sistema que permita a las personas desarrollar todas sus capacidades y talentos, sin discriminaciones de ningún tipo

Kiyoshi Fukushi, vicerrector académico de Duoc UC

Ley CATI, ¿Es suficiente?

Vivimos en un país que tiene tasas de fatalidad vial demasiado altas en relación a su nivel de desarrollo y calidad de infraestructura. Tras años de espera Ley CATI viene a disminuir el riesgo de accidentes fatales provocados por los conductores que circulan a velocidades imprudentes, una buena noticia para el país, pero insuficiente.

Primero, los chilenos manejamos mal; un ejemplo notorio es que la mayoría no respeta el circular por la derecha y sólo usar la pista izquierda para adelantar; otro, es la arraigada costumbre de usar celular al conducir. Esto se debe, en parte importante, a que no contamos con un método apropiado para otorgar licencias de conducir. Nuestro sistema se basa en pruebas de oficina (que posiblemente detecten si un potencial conductor tiene problemas psicomotores), pero no da importancia a la prueba clave: un test de conducción práctica, complejo y de duración apropiada.

En Gran Bretaña, el examen de conducir es a nivel nacional (no municipal, como acá), hay pocos examinadores expertos y consiste en manejar en condiciones normales. Dura cerca de 45 minutos y tiene un conjunto de ítems que deben ser aprobados (desde la forma en que el examinado toma el manubrio, mira por el espejo retrovisor, señaliza, dobla en U en una calle angosta, entre otras); cuando la respuesta falla a cualquiera de ellos, se rechaza el examen (en un alto porcentaje de los casos). Además, no se puede repetir de inmediato y tiene un costo elevado.

Segundo, instalar un foto-radar en un lugar conocido (y sólo en algunas vías), va a mejorar el comportamiento de los conductores ahí, pero no necesariamente en otras partes de la ciudad. Otra experiencia europea es la instalación de cámaras que detecten un auto al entrar y salir de un área (en ciudad o carretera), permitiendo calcular la velocidad promedio del vehículo al cubrir la distancia entre ambos puntos.

Muchas otras cosas se podrían implementar para mejorar la tasa de accidentes viales, aquí menciono solo dos iniciativas que serían un complemento interesante a la ley recién aprobada. Aún queda mucho por hacer.

Juan de Dios Ortúzar, investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, ISCI

Preocupación, impotencia y hasta un poco de tristeza son los sentimientos que tiene Gabriel Rives por el actuar de la delincuencia que "acaba con la infraestructura pública con absoluta impunidad". Denunció que en el sector de Cuesta Cardones, estos postes de alumbrado están siendo arrancados de raíz, ya no solo para robarles sus paneles solares, sino también para despojarlos de sus sistemas de baterías. "¿Quien repone estos postes? ¿Quien paga el daño enorme que hacen sujetos que se sienten dueños de algo que es propiedad de todos los chilenos?", son sus preguntas. Llamó al municipio a que los retire y que el organismo competente busque una forma de reforzar las bases, antes que la delincuencia termine por desmantelar por completo el sistema de iluminación. Es la "carta de presentación" de quienes visitan la ciudad, agrega.