Agencias
El pleno del Congreso peruano debatirá una moción aprobada ayer por la Comisión de Relaciones Exteriores, que rechaza las críticas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra la Policía Nacional, y lo declara persona non grata.
Con 13 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, la comisión parlamentaria que preside la diputada conservadora María del Carmen Alva dio luz verde a dicho documento, que ahora será elevado al hemiciclo para su debate y eventual aprobación.
"Hemos tenido una sesión extraordinaria para aprobar esta moción que rechaza las expresiones del presidente colombiano, Gustavo Petro, expresiones lamentables, realmente vergonzosas", declaró Alva.
La moción propone expresar su rechazo a las "inaceptables" expresiones de Petro al considerar que estas constituyen una "ofensa" a la Policía Nacional de Perú, al Estado peruano y a "todo el pueblo judío" al "banalizar el holocausto".
La propuesta también sugiere exhortar a los ministerios de Interior y Relaciones Exteriores a realizar "las gestiones necesarias" para garantizar que el mandatario colombiano "no ingrese al territorio nacional".
La moción se refiere a las declaraciones que hizo Petro en un evento el viernes pasado, cuando mencionó el amplio despliegue de la PNP en el centro histórico de Lima el día anterior, en respuesta a una manifestación antigubernamental.
"En Perú, (los policías) marchan como nazis, contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos", señaló y agregó que dicha convención "no se aplica solo a Gobiernos de izquierda".
"Doble moral el que hace eso. Se aplica a todos los Gobiernos y esa es nuestra postura", dijo el colombiano.
Injerencia extranjera
En enero pasado, el Gobierno peruano expresó mediante una carta diplomática su "enérgica protesta por un nuevo acto de injerencia" de Petro en asuntos de política interna, luego de que se pronunciara sobre el desalojo de cientos de manifestantes en una universidad de Lima.
"Allanar universidades. Gritar ¡Muera la inteligencia! El Consejo Permanente de la OEA debe ser citado para examinar el caso de Perú", dijo en aquella ocasión Petro, quien en diciembre pasado salió en reiteradas ocasiones en defensa del expresidente Pedro Castillo.
El Parlamento peruano aprobó ya a fines del año pasado una moción parlamentaria en rechazo a "los constantes actos de intromisión en los asuntos internos" del país por parte de Petro y de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
Asimismo, el Gobierno de Dina Boluarte había mostrado en diciembre su "profundo malestar" por las declaraciones en apoyo a Castillo al considerarlas una injerencia "inaceptable" en los asuntos internos del país en otra nota diplomática.
Perú ya declaró persona non grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy y al expresidente boliviano Evo Morales "por sus constantes incitaciones en la política nacional" que, siempre a juicio del Parlamento, buscan "desequilibrar el orden interno del país".
En punto muerto
Con un debate parlamentario estéril para un adelanto electoral y un Gobierno que se define "firme" y sin voluntad de renunciar, la crisis en Perú parece haber entrado en un punto muerto, con protestas menguadas y concentradas en el sur, pero susceptibles de reavivarse ante cualquier chispa que atice el fuego.
Tras ocho semanas de movilizaciones casi continuas en diversos puntos del país, con un saldo de 70 muertos y centenares de heridos, la presión en las calles para exigir la dimisión de la presidenta Dina Boluarte y comicios anticipados parece estar en una fase descendente.
En la última semana, según datos de la Defensoría del Pueblo, las protestas pasaron de afectar alrededor del 12% del territorio nacional al 6%, a excepción de un departamento del sur.
De nuevo, los ojos están puestos esta semana en el Parlamento, que, el último viernes, extendió la legislatura actual hasta el 17 de febrero, en medio de los tira y afloja para reabrir el debate sobre el adelanto de elecciones generales para este año.
A la fecha, el hemiciclo peruano ha rechazado cuatro proyectos legislativos, uno de ellos del Gobierno de Boluarte, que buscaban celebrar comicios en 2023 o comienzos de 2024.
Los intereses personales y partidarios de los congresistas condicionan el adelanto a requisitos impuestos por grupos de distinto color político.
