Redacción

El Ministerio Público decidió no investigar la denuncia efectuada por la Delegación Presidencial Regional respecto a la camioneta que atravesó el Desierto Florido, un hecho cuyas imágenes se viralizaron a través de las redes sociales.

Era el 18 de septiembre y mientras los copiapinos celebraban las Fiestas Patrias, la patente de la camioneta roja se hizo conocida y con ello la funa al conductor, Sergio Ghiglino. Ante esto, fueron las mismas autoridades quienes manifestaron su repudio al actuar del chofer, la primera de ellas fue la alcaldesa Brunilda González, a pesar que el móvil transitaba por un área que se encontraba fuera de la jurisdicción de Caldera.

Dos días después, el delegado presidencial regional de entonces, Gerardo Tapia, concurió junto al gobernador Miguel Vargas a la Brigada de Delitos Medio Ambientales (Bidema) de la PDI, para interponer una denuncia por el daño ambiental. Tras esto, la Fiscalía solicitó diligencias, las que efectuaron los peritos del Laboratorio de Criminalística, donde hubo una fijación fotográfica y planimétrica del área afectada.

Luego de tres meses, la denuncia efectuada por las autoridades y las diligencias de la policía quedaron al menos penalmente en las buenas intenciones, ya que la causa concluyó esta semana.

Esto porque el Ministerio Público informó al Juzgado de Garantía su decisión de no iniciar una investigación penal, ya que los hechos descritos no constituyen un delito. El documento que se encuentra en el Juzgado de Garantía, da cuenta de la denuncia. "El 20 de septiembre se recibe denuncia en dependencias de la PDI por parte del delegado presidencial Gerardo Tapia, quien manifiesta que aproximadamente el 17 de septiembre, una camioneta PPU HLCD-77 transitaba por zonas no habilitadas del desierto de Atacama, afectando así la flora y fauna nativa del sector".

Posteriormente, se argumenta que "los hechos descritos no son constitutivos de delito, toda vez que del relato no se desprenden elementos que permitan la presencia de una omisión, susceptible de ser encuadrada dentro de un tipo penal".

Eso significa que para la Fiscalía no existen indicios que impliquen la existencia de un eventual delito.

El Diario de Atacama solicitó la opinión respecto a esta resolución al área de comunicaciones de la Delegación Presidencial Regional, desde donde se informó que no se referirían al tema.

Finalmente si es que existen otras denuncias respecto al mismo caso, penalmente pueden correr la misma suerte, ya que no hay un delito penal.

Los antecedentes del caso serán remitidos por la Fiscalía al Juzgado de Policía Local porque es este organismo cual tiene la competencia por la ley de protección de flora y fauna, para eventuales sanciones.

Gobernador regional

En tanto, el gobernador regional Miguel Vargas lamentó que no se investigue la denuncia. "Respetamos el fallo, hay que tener presente que el Ministerio Público es un órgano independiente y tenemos que ser respetuoso de las decisiones que toma. La función del Gobierno Regional es colocar los antecedentes cuando tengamos la convicción de que hay una irregularidad, algún incumplimiento, anomalía en las instituciones que corresponden, en este caso el Ministerio Público a través de la Policía de Investigaciones y lo que se esperaba es que este organismo ejerciera todas sus facultades, para que se aplicaran las sanciones ante el daño o delito provocado. Frente a un fallo de esta naturaleza no tenemos mucho que opinar lo importante es reiterar que la responsabilidad del Gobierno Regional es colocar los antecedentes a disposición del organismo que tiene la facultad de investigar y cada organismo que se haga responsable de las decisiones que toma".

"Respetamos el fallo, hay que tener presente que el Ministerio Público es un órgano independiente y tenemos que ser respetuoso de las decisiones que toma".

Miguel Vargas, Gobernador regional

Los servicios preventivos en la segunda línea de control lograron incautar una millonaria carga de más de 28 kilos de marihuana que transportaban dos ciudadanos de nacionalidad boliviana en el interior de sus equipajes.

Los antecedentes entregados por el jefe de la Sección OS-7 capitán Victor Arellano, indican que este procedimiento se gestó producto del despliegue operativo en el contexto del plan Verano Seguro.

"Pudimos interceptar un millonario cargamento de drogas que tendría como destino final la Región Metropolitana. Esta importante cantidad de drogas era trasladada en el equipaje de los imputados al interior de un bus interprovincial, proveniente de la zona norte del país", explicó el oficial jefe.

Al momento de realizó un control vehicular en la Ruta 5 Norte sector de la comuna de Copiapó, el can detector de drogas "Darwin", dio el alerta al guía que en dichos bolsos se encontraban sustancias sujetas a control. "Es así como Carabineros a través de su permanente trabajo operativo y coordinado entre las unidades territoriales evita nuevamente que 28 kilos 50 gramos, que traducidas a dosis superan las 56.100, llegaran a su destino", indicó el jefe del OS-7.

El avalúo total de la droga alcanza los 168 millones de pesos aproximadamente. En virtud a lo anterior, el personal de Carabineros, procedió a la detención de E.T.L, de 22 años, y C.T.T, de 26 años, ambos de nacionalidad Boliviana. Por su parte la Fiscalía local de Copiapó dispuso el control de detención para ambos imputados.