A diferencia de lo que muchos pueden pensar Chile es un país punitivo, cuenta con la mayor tasa de personas en prisión de Sudamérica, 279 reclusos por cada 100 mil habitantes, con un promedio de reincidencia en delitos generales que supera el 50%, lo que evidencia que su efectividad como castigo podría estar en tela de juicio sin problemas.

Lo paradójico del país radica en que si bien no hay un incremento de delitos en relación a periodos pre pandemia hay una manifiesta inseguridad en la percepción de la población frente a estas materias. Diversas encuestas evidencian el temor de la ciudadanía frente a la delincuencia e inseguridad ciudadana poniéndolo como principal tema de interés por sobre las pensiones, la salud y la educación.

Y es que efectivamente en el país ha habido un incremento en los delitos violentos y un mayor uso de armas de fuego, generando un ascenso en el miedo de la población por las consecuencias que esto trae consigo, incorporándose también nuevas formas de criminalidad, incorporadas del extranjero, que han generado nuevas exigencias a las policías.

El endurecimiento del marco normativo en los últimos años ha recurrido a la cárcel de manera ineludible, estableciendo sanciones con penas privativas de libertad que han tejido un enmarañado código penal que a todas luces necesita una refracción profunda y coherente a los nuevos tiempos.

Pero la cárcel como reducto de personas infractoras está en crisis, y a pesar de los constantes esfuerzos e iniciativas de fortalecimiento de sus centros de educación y trabajo hoy día está muy lejos de proporcionar una alternativa que asegure una reinserción social adecuada, con condiciones dignas, mayor seguridad y acceso a formación y desarrollo laboral para la mayoría de la población penal.

De acuerdo a la estadística de Gendarmería el porcentaje de reincidencia es mucho menor si los internos reciben algún tipo de actividad laboral, que llega al 50% de la población penal o si contaron con capacitación laboral, la que beneficia sólo a un 10% porque son iniciativas a las que no todos pueden acceder en los centros penitenciarios.

Por lo anterior, no hay que extrañarse cuando un delito sea cometido por alguien que ya ha estado en el sistema penitenciario, donde hizo redes, afinó estrategias y continuó con su prontuario porque muchas veces no hubo otra alternativa, debido a que las opciones si bien existen no se lograron amplificar para asegurar que todos quienes egresan tengan mejores competencias para volver a insertarse en la comunidad.

Cristian González Verasay

ONG Supérate

4 años | 12 de junio de 2007

Trabajador colocó veneno de ratón en comidas de reparto

Funcionario de empresa que entrega alimentos a otras firmas fue sorprendido por compañero de labores. La razón es que habría estado descontento con la compañía. Fue despedido y denunciado, lo que motivó su detención. Empresa informó que quitó los productos, eliminó la partida completa de alimentos y esterilizó el sector de trabajado.

3 años | 12 de junio de 2014

Estallido: Más de 200 personas en prisión preventiva

De acuerdo a la información entregada por la Fiscalía, desde el inicio del estallido social hasta el 31 de diciembre del 2019, en la región se registraron 901 personas formalizadas por algún delito cometido en contexto de protestas. Del total, la medida cautelar que predominó fue el arresto domiciliario total o parcial en 347 casos y 209 en prisión preventiva.

2 años | 12 de junio de 2018

Detectan contagiio de covid a bordo de navío en Caldera

El sujeto fue detectado por un protocolo local que tienen en el puerto de caldera. No Osbtante, la tripulación acusa presiones para levantar dicho procedimiento. Desde el municipio avalan la medida y autoridad sanitaria enfatizó en el uso de los elementos de protección personal (EPP) en las áreas de trabajo.

"En Atacama se producen en promedio tres suicidios al mes", fue la lapidaria frase que dijo la seremi de Salud Jéssica Rojas para graficar la preocupante tendencia al alza en los suicidios. En efecto, la tasa de notificaciones de intentos de suicidios (NIS) aumentó al doble en los preadolescentes (rango etario de 10 a 14 años) y adultos mayores (rango etario de 60 a 64 años).

Consultado por expertos psicólogos, lamentablemente la tendencia vista en Atacama se repite en otras regiones del país, razón por la cual urge que las políticas públicas en materia de salud mental funcionen. Porque especialmente en el segmento de los preadolescentes, la cobertura no estaría llegando a tiempo.

De acuerdo a los antecedentes aportados por la autoridad sanitaria regional, de cada tres intentos suicidas, dos corresponden a mujeres. Sin embargo, quienes concretan la intención suicida son los hombres, ya que por cada mujer que se quita la vida, hay una relación de 2,8 hombres.

Son múltiples los factores que pueden incidir en la ideación suicida, señales que a primera vista pueden ser imperceptibles y que llaman precisamente a estar más alertas. Se ha demostrado, de hecho, que cuando una persona atraviesa este tipo de episodios, no busca necesariamente a sus cercanos, a su familia o un centro de salud. Sino que tiende a buscar un espacio seguro donde pueda mantener el anonimato, sentirse a salvo y protegido sin temor a juicios posteriores o comprometer a más personas.

En esa línea, el Gobierno implementó el fono *4141, el cual está disponible permanentemente y que entrega ayuda profesional gratuita. "Vamos a ver más tarde de lo que está sucediendo en este cambio que estamos viviendo", señaló un especialista consultado por este medio.

Tomando en cuenta la premisa que entre los 10 y los 20 años, los adolescentes construyen su identidad (justamente el rango etario en el que está aumentando la ideación suicida), las autoridades de salud están implementando medidas al respecto, pues han realizado a la fecha intervenciones en 30 establecimientos educacionales con temáticas vinculadas a la salud mental. Es un punto de partida para ir avanzando en soluciones integrales que ayuden a prevenir suicidios, sobre todo en los jóvenes.

suicidio en jóvenes