Un lector del Diario de Atacama hizo llegar a la redacción de este medio una imagen en la que se puede apreciar el cableado colgando peligrosamente por la acera de Calle Atacama, antes de llegar a Yerbas Buenas. Los peatones deben sortear los cables para seguir su camino. El riesgo está latente (Foto: Cedida).
Entre los términos que contiene el acuerdo político alcanzado para dar curso a un nuevo proceso constituyente, destaca que se insistirá con el absurdo y antidemocrático criterio de la "paridad forzada" en la designación de los candidatos y de quienes resulten elegidos.
En efecto, se obligará a los partidos que participen en el proceso electoral para la elección del Consejo Constitucional a formar sus listas con "paridad de entrada", esto es, igual número de hombres y mujeres, restándoles la libertad de decidir en lo que debiera ser una facultad privativa, cual es elegir a las personas que les parecieran más idóneas para obtener un resultado electoral que les resulte favorable.
Pero no es solo lo anterior, también se establecerá la llamada "paridad de salida", de modo que en cada circunscripción se forzará que resulten elegidos igual cantidad de hombres y mujeres, incluso modificando el resultado electoral que se haya dado en las urnas, sin respetar, entonces, la voluntad ciudadana. Así, al igual que en el plebiscito de entrada del proceso constituyente anterior, se dará por elegidos a quienes no lo fueron y se desplazará a quienes sí lo fueron, ello en razón de su sexo.
La paridad forzada es un criterio impuesto en nuestra sociedad por los sectores más radicales del feminismo de izquierda y no tiene explicación que las fuerzas políticas democráticas terminen aceptándolo, sin tener el coraje de oponerse a una noción que no respeta méritos, trayectorias o competencias y, como en el caso en comento, ni siquiera un resultado electoral obtenido democráticamente en las urnas.
Francisco Bartolucci Johnston
Gran decepción y, a la vez, preocupación me causa cuando veo a parlamentarios, exconstituyentes y supuestos expertos explayarse para buscar los errores que se cometieron en el proceso constitucional anterior, con el fin de no repetirlos otra vez.
Se mencionan la ausencia de sobriedad, seriedad, responsabilidad, improductivas confrontaciones, vanidades personales, etcétera, pero nadie, absolutamente nadie dice que es absolutamente necesario aumentar drásticamente los requisitos que deberían cumplir los nuevos candidatos a consejero constitucional. ¿No les interesa? ¿Da lo mismo? ¿Mientras menos sepan es mejor?
Por favor, si es para redactar la nueva Constitución, no para escribir el reglamento de un club deportivo. No más enfermos imaginarios, no más disfrazados, no más votos desde la ducha, no más abogados pasados de revoluciones, fiesteros, etcétera... Chile se los agradecerá.
Luis Enrique Soler Milla
Respecto a la alarmante decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco de dejar en libertad a uno de los autores del crimen del matrimonio Luschinger - Mackay, esta pasa por sobre una sentencia que ya no se cumplió y que deja como enseñanza impunidad a todo evento. Solo deseo solidarizar con sus hijos ante esta demostración de abandono por parte del Estado de Chile a su primera obligación: justicia. Más que una nueva Constitución, necesitamos con urgencia revisar y modificar leyes y su aplicación, como también renovar a todo un Poder Judicial que por ahora pareciera ayudar inconscientemente a la delincuencia.
Octavio Quiroz
Con total desfachatez, fiscales del Ministerio Público iniciaron un paro de actividades por no ser considerados en el reajuste salarial del 12% que se acordó con la Mesa del Sector Público. Por si no lo saben, como funcionarios públicos ya reciben en promedio un 40% más de salario que la media de sus pares del sector privado, cumplen con sus metas mediante procedimientos internos de dudosa ética que rara vez se fiscalizan, sumado a escuálidos porcentajes de éxito en tribunales, lo que ha vuelto la persecución penal una tarea altamente ineficaz.
Esto ha traído como consecuencia una severa crisis de gestión y eficacia de la Fiscalía como nunca antes en su historia, sumado a una pérdida de legitimidad y reputación frente al país. Así y todo, estos funcionarios no tienen empacho en pedir aumento salarial, no obstante los beneficios y privilegios que gozan como empleados públicos. Cuesta creerlo, pero la debacle de Chile es total.
Francisco Martínez C.
El "Acuerdo por Chile" suscrito esta semana es expresión de la buena política, esa que es capaz de superponerse a intereses particulares en post del interés colectivo, esa que entiende que aun cuando se piense distinto es posible converger en una decisión común que signifique buscar puntos de encuentro más que poner énfasis en las diferencias, especialmente si lo que está en juego es la capacidad democrática de la comunidad. El acuerdo tiene a lo menos tres aspectos a destacar:
Primero, las Bases Constitucionales son principios que le permitirán a la instancia constituyente, la Comisión Experta y luego al Consejo Constitucional, proponer un texto que evidenciando los cambios indispensables que debe asumir la institucionalidad, respete la tradición constitucional y conecte con el sentido ciudadano, alejándose de propuestas revanchistas y refundacionales. Manifestación de ese nuevo diseño institucional, sin duda, es la configuración de un Estado Social y Democrático de Derecho.
Además, parece adecuado que en la configuración de la instancia constituyente participe un poder constituido, la C. de Diputados y el Senado, no solo porque son una instancia de representación, sino también porque en dicha labor podrán continuar incidiendo en la construcción de una nueva Carta Política, lo que contribuye a legitimar su indispensable rol en el sistema democrático, el que, en varias ocasiones, algunos han puesto en cuestionamiento.
El establecimiento de la Comisión Experta que presentará el anteproyecto constitucional que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto facilitará el tiempo de trabajo y resolución del Consejo Constitucional y ayudará a corregir errores de redacción, antinomias y déficit de técnica legislativa desde la partida, haciendo más eficiente la etapa de armonización. Así entonces, la instancia especializada propondrá y los consejeros electos dispondrán o decidirán, reconociendo su legitimidad democrática de la cual estarán investidos por la elección popular.
Emilio Oñate Vera